Amado Boudou piensa igual. Todavía no es considerado un “traidor”, como el dedo acusador del ultrakirchnerismo señala a otros que osaron refutar a Moreno. Pero lo tratan como tal.

El martes pasado disparó su bala de plata. Se trata del proyecto de un INDEC controlado por un Consejo Académico (con participación de profesionales de las universidades públicas), que revisará la metodología aplicada por el organismo para medir la inflación, y un Consejo de Observación (integrado por usuarios del sistema estadístico, consumidores, empresarios y gremios). En los papeles, un proyecto no muy diferente del que en su momento redactaron Massa o Lousteau.

Sin embargo, en el mismo acto, Boudou debió anunciar –y defender– la designación de Norberto Itzcovich como “director técnico” del organismo. Más allá de sus aptitudes técnicas, Itzcovich es reconocido como el hombre que en nombre de Moreno maneja el INDEC. Y no se esmera por disimularlo. Justo tres días después de la designación del flamante ministro de Economía, en un reportaje concedido a Crítica de la Argentina dijo: “Tranquilos, hay Moreno para rato”.

Esa sola declaración era suficiente para que desde una lógica política elemental no se lo premiara al frente del “nuevo INDEC”, con el que –se supone– se pretende ahuyentar las sospechas de que Moreno empezó mintiendo con la inflación y hoy pintarrajea casi todos los indicadores: pobreza, indigencia, producción industrial, desempleo, etcétera.

¿Por qué no esperar 90 días para cubrir ese cargo de director técnico? ¿Por qué no se nombró a Eduardo Curia, un economista que mantiene una vieja amistad con Moreno, pero es reconocido en la profesión, o a Aldo Ferrer, que es director por el Estado en Techint, además de profesor emérito de la UBA?

Cualquiera de esas alternativas formales hubiera dejado flotando la duda sobre la verdadera intención oficial. Una manera de darle crédito a Boudou durante un par de meses y de restarle argumentos a la oposición, que después de las elecciones es de manual que juegue más fuerte con un reclamo histórico.

Pero con Itzcovich no hay duda posible. El matrimonio presidencial buscó despejarla. Y transmitió la señal de que, sin importar la suerte de Moreno en el futuro, desde Olivos se ratificará todo lo actuado en el INDEC.

Hasta que se conformen los comités y empiecen a emitirse los primeros dictámenes pasarán, en el mejor de los casos, varios meses. ¿Para qué desgastar así a otro ministro de Economía recién asumido? ¿Cuánto tiempo puede durar Moreno en funciones mientras el Gobierno pierde jalones de poder en el camino?

No es casual que ni siquiera los intelectuales de Carta Abierta, tan abiertos a justificar lo inexplicable, esta vez no descubran el sentido heroico de amparar a Moreno.

SIN REGISTRO. La dinámica política poselectoral confirma –ya transcurrió casi un mes– que mientras el Gobierno no avance con una agenda propia, el rumbo lo marcará la oposición, los gobernadores, los compañeros “traidores” del GBA, los gordos de la CGT, la recesión, el malhumor social; en fin, la realidad misma.

Más allá del llamado al diálogo, varios funcionarios se quejan de las dificultades de los Kirchner para leer el nuevo escenario. Y de la contumacia para tropezar siempre con la misma piedra.

OTRO CASO. Por la Secretaría de Agricultura circulan dos proyectos de rebaja drástica de las retenciones del trigo y del maíz, cuyo costo fiscal sería compensado por la suba en los ingresos de retenciones a la soja a causa del mayor volumen esperado para la próxima cosecha. En tanto, gobernadores cercanos a la Rosada sugirieron una segmentación de las retenciones de la soja, abriendo la discusión parlamentaria de cómo cubrir los menores ingresos fiscales, recursos que defienden los mandatarios provinciales, urgidos por la escasez de fondos.

No son proyectos que acorralen al fisco. Al contrario, presentados en el marco de un paquete legislativo integral –transparencia en el INDEC, plan financiero, programa agropecuario con baja de retenciones, superpoderes, etcétera–, le hubiera permitido al oficialismo recuperar iniciativa. Es lo que propuso Boudou. Y también Peirano, quien antes de partir dejó un borrador con medidas en esa dirección.

Sin embargo, desde Olivos todo es evaluado como una concesión a la Mesa de Enlace o una conspiración para asaltar la caja. Mientras tanto, los tironeos se multiplican. Y las demandas de la dirigencia rural, desde ayer, cuentan también con el respaldo de Daniel Scioli.

HISTORIETA. Un sector del oficialismo que antes de la elección podía denominarse “kirchnerismo pavote”, pero que desde entonces algunos compañeros de ruta ya califican de “delirante”, todavía destacan el “trabajo sucio” de Moreno en el INDEC. El argumento es que así el Estado se ahorró de pagar cifras astronómicas de deuda indexada a los acreedores, lo que hubiera puesto en jaque la estabilidad. “El trabajo de Moreno es vital para la Presidenta, si les pagamos a los bonistas por blanquear una inflación más alta (como quiere la oposición neoliberal), ¿qué parte del presupuesto se recorta?”, dicen, recitando la versión que el propio Napia se encargó de difundir.

VEAMOS LOS NÚMEROS. La inflación aumenta la deuda pública en pesos, ajustada por el CER, alrededor de un tercio de la deuda total. Sin embargo, todas las cuentas siderales que se difunden sobre cómo crece el capital de la deuda por cada punto de inflación adicional carece de sentido. La mayoría de los bonos en pesos tienen vencimientos de capital recién en los próximos 20 a 35 años. Si es por esa clase de cuentitas, entonces, cada vez que sube el dólar (20% en el último año), disminuye la magnitud de esa deuda en pesos en el total, o frente a la capacidad de repago medida por la ecuación más exportaciones, más recaudación por retenciones.

Lo importante es lo que paga el Estado, todos los años, en concepto de vencimientos, fundamentalmente de intereses de esa deuda. Pues bien, por cada un punto de inflación extra (que agranda el capital, sobre el cual se calcula el interés a pagar), el Gobierno debe abonar 33,5 millones de pesos adicionales al año. Si se considera el lapso entre enero de 2007 y junio de 2009, Moreno subestimó la inflación en 40 puntos (la diferencia entre el IPC oficial y el calculado por el Centro Buenos Aires City de la UBA), entonces el Gobierno se habría ahorrado unos $ 1.340 millones en vencimientos de bonos con CER. Sin contar que varios de esos títulos están hoy, en buena medida, en poder de la ANSES.

Sin embargo, al subestimar la inflación, el Gobierno también sobreestima el crecimiento del PBI. Y resulta que la Argentina paga todos los años un cupón ¡en dólares! a los acreedores por cada punto extra de aumento del PBI. Por cada punto que se infla el crecimiento, hay que abonar unos 100 dólares. En el cálculo más conservador, Moreno engordó el PBI tres puntos más de la cuenta: es decir, u$s 300 millones ($ 1.140 millones) que el Estado deberá gatillar de más por los garabatos del Loco. A nivel global, una y otra cuenta casi se compensan.

En síntesis, el impacto fiscal de los dibujos de Moreno es intrascendente. Una historieta que el Napia vendió para darles un tono épico a sus andanzas.

Dos ex ministros recientes de los Kirchner coinciden en esa apreciación. Y dicen que el matrimonio conoce esa realidad, por más que a Moreno lo apasione argumentar en Olivos con los datos cambiados.

Dicen que la manipulación empezó como una forma de coordinar expectativas inflacionarias: si la gente creía en un índice más bajo, la inflación real resultaría menor. También, que Kirchner la compró en 2007 con la idea de fortalecerse políticamente ante la opinión pública, que vería en el año electoral indicadores joya. Hoy, con la pobreza en el 30% –mientras el INDEC mide 15%– no existe camino de vuelta. Sólo fugar hacia delante.