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Un proyecto militar para reestructurar a fondo los cuerpos policiacos del país plantea crear una policía nacional regida por medidas de control interno y de disciplina tipo castrense, que incluyan la pena de muerte para los elementos que se alíen a la delincuencia organizada.
Desde hace una semana el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, tiene en su despacho el proyecto para profesionalizar a las policías, el cual también busca que los militares regresen a sus cuarteles para cumplir con sus misiones originales.
El proyecto —contenido en tres tomos de aproximadamente 200 páginas cada uno— considera una reforma constitucional para darle vida además al “fuero policial”.
“No sería una vía libre para darle impunidad o protección al policía, sino toda una estructura legal para contenerlo, disciplinarlo y para evitar excesos”, señalan militares ligados al proyecto.
De ser aprobado por el alto mando militar, el documento sería enviado a la Presidencia de la República como propuesta de solución a la agenda de la seguridad pública nacional.
Uno de los puntos álgidos del proyecto, contenido en el tomo II (código de justicia policial), contempla la reactivación de la pena de muerte como castigo ejemplar a aquellos policías que cometan actos de rebelión, sedición, sabotaje, traición o que causen la muerte al superior, entre otros delitos.
El tomo I, sobre legislación policial, y el tomo III que aborda el reglamento policial, completan el paquete que revisa Galván.
“La verdadera seguridad nacional”
El proyecto fue elaborado por un grupo de generales con amplia experiencia en el manejo de la seguridad nacional. Algunos de ellos han ocupado cargos en el combate al crimen organizado.
Un resumen con los puntos más importantes del proyecto y del cual EL UNIVERSAL tiene copia, señala que el proyecto le fue presentado al general Galván “como una inquietud profesional para coadyuvar en la solución de los grandes problemas nacionales”.
El proyecto contiene un diagnóstico sobre la situación del país en materia de seguridad nacional, seguridad pública y de la actividad del crimen organizado.
En el texto se reconoce la “superioridad de la delincuencia ante las diversas instancias del gobierno, cuya red de inteligencia y contrainteligencia fue superada por el crimen organizado”, el cual es visualizado por los autores como “una red de inteligencia que se encuentra siempre un paso adelante de toda la seguridad pública del país”.
Señala además que es necesaria la creación de la figura de un Estado Mayor en cada dependencia gubernamental inmiscuida en la preservación de la seguridad nacional.
Así, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Procuraduría General de la República, el Cisen, la SIEDO y la AFI tendrían un Estado Mayor dirigido por militares, no sólo para luchar contra la delincuencia organizada, sino para poder enfrentar las nuevas amenazas a la seguridad de la nación, indica el análisis.
Los militares responsables del documento y del proyecto difieren ampliamente en torno al actual desempeño del Cisen, al cual ven como “instrumento de espionaje político sin cumplir con sus fines de ser herramienta eficaz en materia de inteligencia y contrainteligencia, labor indispensable que garantiza la seguridad nacional”. En este texto también se comenta la insistencia de los asesores del Presidente de la República en combatir al narcotráfico como si esa fuera la única amenaza a la seguridad del país. | 
