¿Cual es la motivación por desviar la atención sobre el fracaso de la estrategia de seguridad y una evidente falla en su propia política de comunicación, tanto de su dependencia como del gobierno del que forma parte, y que puede percibir a los medios no sólo culpables sino hasta cómplices de la criminalidad? Por desgracia hay un antecedente que bien ilustra la incapacidad que, ante la impotencia o ignorancia para comprender un problema determinado, se prefiere apuntar culpabilidades antes que siquiera pensar en una solución.

En el sexenio pasado, luego de un compromiso público del régimen del cambio de revisar y hacer un diagnóstico sobre el órgano de inteligencia civil de la Secretaría de Gobernación, se dio a conocer un informe de especialistas en donde se le escapó al entonces titular del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen) un juicio de valor que equiparaba la actividad de las organizaciones no gubernamentales, particularmente las de defensa de derechos humanos, como un “riesgo a la seguridad nacional”. El dislate fue aclarado de inmediato por la Segob, reconociendo el valor de la sociedad civil organizada en la vida democrática. Más allá de la anécdota, que tiene al mismo protagonista que hoy apunta hacia los medios y sus trabajadores, pone de manifiesto el carácter irresponsable de un modo de gobernar: evadir culpas.

Ahora, también desde el poder, se desliza la idea sobre la relación causal entre violencia del narco (con sus supuestas manifestaciones sociales de apoyo) y los medios. Hay dos aspectos que llaman la atención. Por un lado, se establece o reconoce que el crimen organizado recurre a “técnicas de comunicación” que potencian sus objetivos de intimidación, no sólo hacia organizaciones rivales sino también con respecto a autoridades y la sociedad. Por el otro, el razonamiento que, a partir de los medios y los analistas en su tratamiento de la corrupción institucional que se llega a conocer y denunciar en las estructuras de seguridad, provoca la desconfianza en el gobierno, sin que se le reconozcan sus logros ni sus buenas intenciones.

Sobre el primer fenómeno, se trata cuando menos de una verdad a medias. Las señales intimidatorias de la violencia no dependen necesariamente del tratamiento mediático que se le da a su actividad. Si algo es eficaz entre las bandas delictivas es la seguridad que imprimen en la difusión informal, al margen de los medios, sobre los ajusticiamientos en turno.

Se observa, en efecto, un aprendizaje escenográfico que apunta más bien hacia la sensibilidad que tienen las autoridades al reflejo del delito en los medios. Pero se trata de un comportamiento posterior. Lo primero ha sido el asombro, el pasmo y la ausencia de una estrategia de respuesta gubernamental que no mostrase su miedo ante la ostentación creciente del crimen.

No son los medios la causa sino la autoridad la que alimenta la soberbia criminal. La otra parte del argumento no es menos delicado. El gobierno aduce que hay un fuerte elemento de manipulación social por parte del narco que se expresa en las calles en contra de la presencia del Ejército. Si bien es cierto que existen indicios de este tipo de tácticas bajo la coartada de reivindicaciones de derechos humanos que se articulaban por hábiles abogados de los capos de la droga y familiares de presos en cárceles de máxima seguridad, en los casos que se alegan, salvo por el dicho reiterado de las autoridades (incluido el Ejército), no se ha establecido en forma fehaciente su acusación (ni mucho menos actuado en consecuencia aplicando el rigor de la ley).

La gravedad estriba en la eventual estigmatización de la protesta social que reivindique el respeto a los derechos humanos. De este comportamiento, en cambio, sí se tienen antecedentes descalificadores del gobierno en contra de la sociedad a raíz de manifestaciones contra el Ejército luego de haber asesinado a jóvenes que no tenían vínculo alguno con el narco. Sobre la incomprensión social y de los medios a los logros gubernamentales y a la supuesta exageración a la ineficiencia y corrupción entre sus altos estrategas, sólo hay que decir que, en buena parte, tales casos, que no son pocos ni aislados, no se sabrían si no fuese por la presión externa para condicionar apoyos en su guerra antinarco ni por la necedad de los medios de seguir arrojando luz sobre las taras propias que ponen en entredicho los logros que pretenden mostrar como si de un botín de guerra se tratara.

Lo que sí queda claro también es la “virtud” de un régimen que, ante la ausencia de resultados, recompensa, en cambio, golpes de imagen y una evidente vocación por el cultivo de relaciones públicas a costa de la intimidación social.

Si algo es eficaz entre las bandas delictivas es la seguridad que imprimen en la difusión informal, al margen de los medios, sobre los ajusticiamientos en turno.