Durante las campañas del proceso electoral de 2006 hubo manifestaciones, no tan disimuladas, de simpatía, hacia los principales candidatos presidenciales, por los cárteles del narcotráfico.

Después de la elección presidencial, los datos apuntan hacia el hecho de que, cuando menos, dos barones de la droga, entonces presos de “máxima seguridad”, por su cuenta tuvieron la oportunidad y los medios para plantear al gobierno entrante términos expresos de un “nuevo entendimiento” (aquí la expresión no es casual, porque denota complicidad en el pasado reciente con las altas esferas de la política mexicana) con respecto a la dinámica de la lucha contra las drogas.

Ambos ofrecían, como incentivo de negociación, la entrega de información delicada y muy sensible sobre la red de complicidades con el aparato político. Uno de ellos apuntaba en forma expresa hacia una clase política, de “primer nivel”, en un estado caracterizado por la actividad y la violencia del narcotráfico.

El otro, con una visión más amplia, utilizando de mensajero a un oficial militar de su confianza, “para cualquier manejo que deseara el nuevo gobierno”, prometía pelos y señales de políticos y campañas electorales apoyadas con el dinero del narco, en especial las del proceso electoral de 2006. Parte del precio que se exigía a cambio era omitir o renunciar a la estrategia estadunidense de demandar a México la extradición de los capos.

El nivel de la oferta de los jefes del narco era, sin duda, proporcional a su temor real de ver disminuido no sólo su poder e influencia, sino su capacidad operativa en el territorio mexicano. Desde principios de este año, como parte del otro “nuevo entendimiento” de Estados Unidos con el gobierno calderonista, se inauguró una política de extradición focalizada y constante de los dirigentes del crimen organizado, tanto los que ya tenía apresados y sentenciados como los que se acumulen debido a su estrategia de seguridad.

Con la primera remesa de extraditables se fueron a cárceles estadunidenses los líderes del narco con sus secretos que, seguramente, serán moneda de cambio para las autoridades de aquel país, “para cualquier manejo” con respecto a su socio al sur del Río Bravo.

En la víspera del primer año de gobierno, el Presidente hizo alusión al reciente asesinato, a fines de noviembre, de un ex candidato de un partido de oposición que había denunciado, no sólo presiones del narcotráfico para que se sumara a su nómina de corrupción, sino que también acusó que parte de la clase política local tenía nexos con la organización criminal que domina su entidad.

Al ser ya imposible guardar la suciedad bajo la alfombra, el gobierno federal llega al reconocimiento expreso del fenómeno de la narcopolítica, pero lo hace en forma limitada y como parte de una manipulación deliberada por seguir ganando apoyos incondicionales de los actores políticos y la sociedad.

Sin embargo, el Presidente y sus funcionarios encargados de la seguridad (La Jornada, 3 de diciembre) sólo circunscriben sus referencias de este fenómeno como si se tratara de algo nuevo en la escena política y que afecta a ámbitos locales de gobierno. También lo hacen como si las estructuras federales y, particularmente, las encargadas de la lucha contra el narco estuvieran del todo ajenas, ya sea al dilema de plata o plomo que receta el crimen organizado o de su abierto contubernio: narcopolítica, pues. Las referencias de los ahora extraditados en este contexto serían meras anécdotas especulativas si no hubiese ocurrido el inevitable e interesado reconocimiento presidencial de hace una semana.

Más aún, el 2 de febrero de 2006 y desde el Capitolio, el principal funcionario de la comunidad de inteligencia del gobierno de Bush advertía “lo crucial para Estados Unidos” que era la elección presidencial mexicana (en comparación con las diez elecciones en el hemisferio durante ese año), dada la preocupación real de que “el narcotráfico socave la autoridad del Estado mexicano”.

Parte de la razón de fondo se conoció por una sigilosa visita del director de la CIA al entonces titular de la Defensa mexicana, 48 horas después, donde se reclamaba, entre otras cosas, la inacción contra oficiales de alto rango presuntamente involucrados en el narco, cuyos indicios fueron del conocimiento de las autoridades mexicanas (Riva Palacio, Raymundo, “Estrictamente Personal”, El Universal, 13 de febrero de 2006).

Éste es parte del entramado que explica el trato actual con Estados Unidos, pero que habla más de un comportamiento reactivo y retardado, además de una indolencia que le costará mucho al país e incluso a nuestro vecino del norte si, desde la óptica ciudadana, no se observa que las estructuras políticas y de seguridad se limpian de verdad de la contaminación de la que se nos viene advirtiendo desde hace tiempo y no desde tan lejos.

(Con un agradecimiento a Alejandro Gutiérrez, por la lectura de su valioso libro, Narcotráfico. El gran desafío de Calderón, que desde mayo describió, no sólo lo que pasaba, sino lo que hemos visto… y lo que falta).