Ahora que se debate en el Congreso estadunidense el destino y monto final de la ayuda acordada entre los gobiernos de Estados Unidos y México, vale la pena recapitular sobre la orientación original de la cooperación que deberá tener resultados tangibles no sólo en el corto plazo sino en el mediano y largo también.

El hecho mismo de que poco más de 60% de la ayuda inicial del paquete estadunidense se destine a las Fuerzas Armadas mexicanas, conlleva de inmediato a un par de razonamientos: primero, el enfoque de prioridad, en el sentido de que si, hoy por hoy, son las Fuerzas Armadas las que están de lleno involucradas en la estrategia de seguridad del gobierno de Calderón, por ende, buena parte del apoyo pactado con Estados Unidos vaya hacia el sector castrense; segundo, y no menos importante, es el factor confianza por parte del gobierno que está aportando la ayuda material y financiera, toda vez que no es un secreto que la corrupción e ineficiencia estructural de las policías federales ha llevado a los estrategas de la seguridad nacional de Estados Unidos a establecer pocas pero estratégicas relaciones con sus contrapartes en México y, tercero, se da así respuesta a la queja castrense con respecto a la pobreza que arrastra en su infraestructura de operación y respuesta. En este punto hay que cuestionar si el reclamo militar fue una táctica política para justificar el contenido del paquete de ayuda (y de paso solicitar más recursos a los diputados), ya que sería imposible imaginar que los titulares de Defensa y Marina no estuviesen enterados de lo que estaba por anunciarse y que llevaba meses negociándose. Visto el contexto de este modo, quizá no haya mucho qué decir al respecto sino esperar que la apuesta bilateral rinda frutos. Sin embargo, la realidad se empeña en oscurecer el panorama cuando se tiene en cuenta que, como se planteó en el Senado mexicano la semana pasada (31 de octubre), el desempeño castrense tiende a ser mostrado con características de espectáculo y no se analiza a ciencia cierta el detalle tanto de los despliegues militares como las consecuencias y mucho menos si existe un apego al Estado de derecho.

El procurador general de la República, quien comparecía en esa ocasión, aprovechó para no dejar dudas sobre la fórmula sexenal de militarización de la lucha antinarco y la seguridad ya que, eso sí, un conjunto de leyes y jurisprudencias a modo, facultan al gobierno para ello, no importando si de esta manera se desvirtúa una función esencial del Estado mismo o pone en riesgo principios constitucionales. Prueba de este entramado complejo se manifestó el mes pasado a raíz del descubrimiento de un supuesto campo de entrenamiento de los sicarios del cártel del Golfo y que son de origen militar, los Zetas, y que llevó a acciones punitivas en su principal zona de influencia. Las autoridades, tanto civiles como las castrenses, no fueron lo suficientemente claras en el asunto y, sin embargo, el Ejército denunció pública y oficialmente que existía una estrategia de desprestigio instigada por las organizaciones del narco contra la institución bajo el pretexto de que estaban vulnerando derechos humanos de la población. Quizás esto sea así si se considera la penetración mediática y en el tejido social del poder del narco a nivel local, pero de esta circunstancia se desprenden dos aspectos importantes: el empalme peligroso de que las reclamaciones de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos del Ejército sean desvirtuadas bajo el pretexto de que no son legítimos en función de un origen oscuro que no se demuestra; y el hecho mismo de que sea la Sedena y no una autoridad civil, como la Secretaría de Gobernación o la Procuraduría General de la República, la que haga el señalamiento de la estrategia del narco y, sobre todo, que la demuestre.

En la zona de dominio del cártel del Golfo es ahora donde se verifican incidentes que entremezclan la violencia del narcotráfico con el desempeño de la estrategia calderonista con el decomiso de cantidades considerables de droga. También es ahí donde de manera originaria, y original, fueron reclutados soldados de élite para fungir como uno de los grupos de sicarios más temibles y que ya imprimieron su sello característico en el escenario del narcotráfico. Y es precisamente este fenómeno el que llamó la atención de uno de los comparecientes ante el Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos para discutir el paquete de ayuda hacia México, en el sentido de que existe el riesgo de que el contenido de ese apoyo termine fortaleciendo la corrupción de las estructuras de seguridad y reforzando inercias de irresponsabilidad de las instituciones. Esto es aplicable a las Fuerzas Armadas en el sentido de que no se ha dado una explicación siquiera somera sobre el fenómeno de los Zetas y mucho menos se ha establecido una garantía mínima y cierta de que las nuevas fuerzas de élite creadas por Calderón no experimentarán dicho riesgo. Si esto se ve así, hay que considerar que el voto de confianza bilateral para apoyar al Ejército tiene una buena dosis de auto de fe.

Erubiel Tirado