…No, no tiene derecho a la autodeterminación. Ni el País Vasco, ni ninguno que esté fuera de la legislación internacional…

Felipe González

Pocos temas como la cuestión del pueblo vasco pueden abordarse sin correr el riesgo de que se desvíe hacia la absurda polarización de valores absolutos o a la simplificación de complejidades como el nacionalismo vasco (con su gama definida y diferenciada de manifestaciones) y la violencia de ETA. Prueba de ello es la sorprendente expresión del ex presidente español, Felipe González, que para muchos y por diversas razones es considerado como paradigma de coherencia y modernización política en las transiciones democráticas.

La referencia se debe a la reciente visita a México en esta semana que termina del líder del gobierno autonómico vasco, Juan José Ibarretxe. Cumpliendo la palabra empeñada, acudir al centenario de la Casa Vasca que se fundó en 1907, Ibarretxe expuso la reformulación del planteamiento político que propone para el País Vasco. Luego del rechazo formal y constitucional, por el Congreso español (febrero de 2005), del nuevo Estatuto (de gobierno) que aprobase previamente (diciembre de 2004) el Parlamento Vasco y que se conoció en forma simplificada como el Plan que lleva su apellido, Ibarretxe toma de nuevo la iniciativa política con su “Propuesta Política para abordar la Solución al Conflicto Vasco”. Se trata de una ruta de cinco pasos estratégicos concatenados y algunos condicionados en cuanto a su realización: el primero es la formulación misma de la propuesta u oferta ante el parlamento vasco y el gobierno español (antes de su visita a México, Ibarretxe se entrevistó con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero).

El contenido de la propuesta es una doble vertiente diferenciada en términos éticos y políticos, siendo el primer aspecto el rechazo a la violencia (política) que les tiene sometidos en una condición de zozobra intermitente y que provoca reacciones gubernamentales, afectando el tejido social, tanto de los vascos como del resto de la población. El segundo aspecto se refiere a la manifestación del pueblo vasco de expresar su voluntad con respecto a la manera en que debe subsistir como nación. Este es, sin duda, el punto álgido del tema que despierta reacciones en contra. Sin embargo, en principio, el marco legal sobre el que se mueve la propuesta está definido en el contexto vigente previsto para las comunidades autónomas que conforman el Estado español. Esto lleva al segundo paso que involucra la participación del Parlamento Vasco, que determinará la naturaleza jurídica de la consulta que se realice a la población. En caso de que no se apruebe ninguna opción, se disolvería el Parlamento y se convoca a nuevas elecciones. La tercera acción es la consulta misma, en el otoño próximo, y de lo que resulte se pasa al cuarto paso que implicaría un pacto político que lleve, finalmente, a la negociación con todas las fuerzas políticas del País Vasco y llevar a cabo un referéndum. En este caso, se requeriría la autorización del gobierno español, a diferencia de la consulta que se plantea en el paso intermedio de esta estrategia.

El Estado español tiene un carácter multinacional que se compone por expresiones ricas y variadas de los pueblos que lo han conformado históricamente. Ahora que el Consejo de Europa reconoce algo que los científicos sociales sabían tiempo atrás de que hay naciones sin Estado y viceversa, se puede afirmar que el pueblo vasco, además de refrendar su nacionalismo, puede estar también forjando características democráticas y modernas que le permitan seguir mirando hacia el futuro y evitar, como lo ha hecho hasta ahora, los lastres trágicos de las manifestaciones nacionalistas del siglo pasado. Por desgracia, el contexto en que se desenvuelve este planteamiento inspirado en la experiencia del Reino Unido con respecto a Irlanda y Escocia, no tiene la dosis suficiente de racionalidad política que le augure éxito por ahora. Así, por ejemplo, mientras ETA insiste por la vía de los atentados terroristas, luego de haber formalizado el fin de la tregua (junio), el juez Garzón acusa penalmente al propio Ibarretxe (30 de octubre) y otros líderes partidistas por haberse sentado para hablar de paz con representantes de Batasuna, cuya organización fue declarada ilegal durante el pasado gobierno de Aznar.

La politización de la justicia tiene irremediablemente el efecto de convertirse en instrumento que obstaculiza y vulnera procesos de pacificación y las instituciones democráticas y hace de la política una práctica esquizoide: Aznar y Zapatero, en su momento, se sentaron con ETA y Batasuna para hablar de paz y no son sujetos de juicio penal alguno. Quizá la propuesta de Ibarretxe en cuanto a la manera en que se formule la consulta sea poco clara en cuanto a sus alcances, lo que sí es cierto es que reivindica la legitimidad y derecho de su gobierno de conducir un proceso de paz y de definir una solución política propia y al margen de los radicalismos violentos de ETA y de las agendas políticas del gobierno central.