Hasta hace un año, las tensiones se centraban alrededor de las acciones de la guerrilla cerca de la frontera. Pero la incursión armada colombiana del 1 de marzo de 2008 a territorio ecuatoriano, donde se encontraba el campamento de ‘Raúl Reyes’, uno de los líderes rebeldes,  empeoró todo.

Esa acción provocó que Quito rompiera sus relaciones diplomáticas con Colombia al considerar que Bogotá violó la soberanía.

Luego se desató una andanada de mutuas recriminaciones.

A esto se añaden dos situaciones graves: el éxodo de miles de colombianos, que tratan de huir de la violencia y la presencia continua de guerrilleros y paramilitares en territorio ecuatoriano..

Ecuador ve a diario cómo la población desplazada va llegando a su territorio creando una problemática social difícil de solucionar, a lo que se suma el accionar de los grupos armados ilegales que, al parecer, intentan expandir sus acciones incrementando la violencia en la zona limítrofe.

Tierra de nadie

Prácticamente en todos los 720 kilómetros de frontera hay problemas de presencia de grupos armados, incursiones, redes financieras, abastecimiento, cultivos de coca y relaciones políticas.

Poblaciones como Nueva Loja, General Farfán, Puerto Nuevo, Puerto Mestanza, El Conejo, San José de Bella Flor, La Bermeja, Nueva Santa Rosa, La Bonita, San Miguel y Puerto El Carmen, en la provincia de Sucumbíos que limita con el convulso departamento del Putumayo, son utilizadas por miembros de las FARC, vestidos de civil,  para buscar descanso, vituallas o refugio ante el asedio de los militares colombianos.

Personajes siniestros

Es un secreto a voces que por Nueva Loja y localidades adyacentes se pasea como Pedro por su casa Olidem Romel Solarte Cerón, alias ‘Oliver’ o ‘El Ingeniero’, uno de los jefes de finanzas del Bloque Sur y negociador de los embarques de cocaína entre las FARC y los carteles mexicanos de la droga.

Igualmente, se ve por allí a ‘Fabián Ramírez’, el alias de José Benito Cabrera Cuevas, dirigente del llamado Comando 14 o Bloque Sur de las FARC y el hombre duro de las finanzas, es decir, el que maneja la plata de la droga. Sus hombres se mueven entre los ríos Caguati y Yari, cercanos a la provincia de Sucumbíos y a unas horas del Perú. Este hombre, incluso, tiene residencia en Quito a donde se traslada varias veces al año.

El miliciano Freddy Castillo es otro personaje conocido en Sucumbíos. Hasta hace poco transitaba con toda tranquilidad, pues formaba parte de la Brigada Simón Bolívar, bajo el mando de José Ignacio Chauvín, el subsecretario de Gobierno amigo de la guerrilla, involucrado ahora en un caso de narcotráfico.

No han faltado tampoco las visitas a esta región de Francisco Sierra, apodado “El Cuy”, de quien se asegura que es proveedor de droga de la insurgencia, cuyos tentáculos se extienden por el río Putumayo hasta los límites con el Perú. “Aquí la única ley somos nosotros”, se comenta que aseguraba desafiante este hombre, uno de los más ricos de la región y quien organiza el acopio de cocaína y armas para enviar los cargamentos a los rebeldes.

Atrapados por el miedo

En Carchi, en tanto, sitios como El Carmelo, Huaca, Julio Andrade, El Chical y Tobar Donoso, ente otros, se enfrentan a desplazamientos de indígenas que huyen de los enfrentamientos en el departamento de Nariño.

Miles de aborígenes Awá que habitan esta franja sobreviven atrapados en el miedo. Sus ancestrales territorios han sido convertidos en un campo de guerra por las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como por paramilitares y las Fuerzas Armadas de Colombia.

El año pasado,  unos mil 200 se vieron obligados a huir de sus tierras: algunos lo hicieron hacia poblados colombianos pero la mayoría llegó a Ecuador, luego de atravesar el río Yambí, uno de los más caudalosos y anchos de la región.

Hace una semana, alrededor de 600 indígenas de esta etnia se adentraron en territorios minados de las selvas del suroeste colombiano para buscar los cadáveres de un grupo de compañeros suyos que fueron asesinados por la guerrilla en febrero.

El prefecto de Carchi, René Yandún, expresó su preocupación por el exceso de inmigrantes registrado en los últimos meses.

El funcionario lamentó que las autoridades competentes no cumplan un correcto control migratorio en este sector fronterizo, y sostiene que el excesivo ingreso de extranjeros perjudica no solo a su provincia, sino a todo el país, porque estos han copado el mercado laboral.

Territorio maldito

Más hacia el occidente, la provincia de Esmeraldas es el nuevo sitio del terror.

Las poblaciones de Campanita, Borbón, Palma Real, Ancón, Pampanal de Bolívar, San Lorenzo y Mataje, se han convertido en refugio de narcotraficantes, paramilitares y grupos de sicarios y prestamistas. Unos y otros extorsionan, cobran ‘vacunas’, negocian armas y trafican drogas y gasolina.

Grupos ilegales como los denominados  ‘Los Rastrojos’ y ‘Las Águilas Negras’, operan sin Dios ni ley por estos lares. Así mismo, hay reductos del ELN.

Ante esto, el Ministerio de Defensa inició un proceso de reforzamiento de la seguridad. El caso más problemático, admite el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, es el de esta provincia. Allí existen  problemas que generan inseguridad y violencia, como el tráfico de drogas, el contrabando de armas y de combustibles, entre otros delitos.

Miembros de la Policía y el Ejército colombianos han llevado a cabo operaciones contra los grupos irregulares y el narcotráfico en la parte colombiana, conocida como Alto Mataje, frente a Corriente Larga, una comunidad que se encuentra dentro del territorio ecuatoriano.

Los combates provocaron a finales del año pasado que alrededor de 300 habitantes del vecino país cruzaran la frontera en busca de refugio en Ecuador.

De acuerdo con datos de la Armada, 200 colombianos se desplazaron hacia San Lorenzo.

Una visita reciente de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) a estos lugares constató los problemas ocasionados por el desplazamiento.

Los subversivos no se van

El principal problema, de todos modos,  es que los irregulares –guerrilla, paramilitares o narcos- siguen en territorio ecuatoriano, aunque algunos funcionarios gubernamentales se empeñen en negarlo.

El ultimo enfrentamiento tuvo lugar hace 15 días cuando tropas ecuatorianas localizaron un grupo de subversivos en el área selvática de Angostura, la zona donde fue abatido ‘Raúl Reyes’ hace un año. ‘El hecho se registró cerca del río San Miguel’, de acuerdo con informaciones del ministro Carvajal.

El titular reveló que esta no fue la primera vez: "en varias ocasiones hemos encontrado a grupos de irregulares colombianos en nuestro territorio, y aquí, en la línea de frontera, es muy fácil pasarse el río".

Pocos días después el Ejército informó que una mujer resultó muerta en un enfrentamiento con una célula ilegal, en la localidad selvática de Yanamaru, también en la frontera amazónica, mientras en otra zona se encontraron 5 mil plantas de coca cultivadas.

Igualmente en otros dos sitios de Sucumbíos, los soldados hallaron una base clandestina de entrenamiento con capacidad para entre 100 y 150 personas y otro campamento de ese tipo para entre 20 y 30 personas, que habrían sido ocupados durante unos 10 días. Todo esto en menos de un mes.

Plan de seguridad

"Los efectos de la narcoguerrilla que se viven en la frontera originan numerosos problemas", dijo por su parte el comandante de la Armada, contralmirante Aland Molestina.

El oficial agregó que dentro de un plan estratégico de seguridad se estableció que las zonas de los ríos Santiago y Cayapas (también en Esmeraldas) están "amenazadas por bandas criminales de Colombia que se han asociado con ecuatorianos".

Por esta razón, Ecuador decidió crear otros destacamentos militares y policiales en el área limítrofe, hasta llegar a un total de 13 mil hombres, siendo el de Selva Alegre el primero en entrar en operación.

Esa base alberga entre 50 y 80 infantes de Marina, quienes cuentan con armamento de última tecnología que incluye visores nocturnos, según el comandante. No faltarán aviones israelíes no tripulados y helicópteros fabricados en India. China, suministrará nuevos radares.

Los ecuatorianos no quieren permitir que la violencia colombiana los contagie, de acuerdo con diversos sondeos. Pero todo indica que el escenario selvático de la frontera, a lo que se añade la complicidad de algunos funcionarios, siguen haciendo de éste el lugar ideal para los insurgentes. El Gobierno insiste en que las FARC no están en Ecuador; los hechos dicen lo contrario.

Un problema grave

El año pasado las Fuerzas Armadas desmantelaron cerca de 170 instalaciones guerrilleras.

El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal se preguntó: ¿”Por qué no hay operaciones colombianas en la frontera? Porque sus operaciones son entrar dos días, golpear y regresar, porque hay una fuerte presencia de irregulares colombianos", señaló.

Para este funcionario existe una "ausencia de control" del Estado por parte de Colombia. lo que afecta a Ecuador a pesar de los dispositivos de seguridad establecidos.

Añadió que las Fuerzas Armadas ecuatorianas se tienen que enfrentar en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos no sólo con zonas de control de las FARC sino también con integrantes del ELN, aparte de hacer frente a los grupos de antiguos paramilitares.

"Sumémosle a esto un dato aún más importante, y es que en la zona del Tumaco colombiano hay más de 14 mil hectáreas de sembríos de cultivos de coca, y en el Putumayo otras 15 mil hectáreas", explicó.

Por otra parte, al menos el 80 por ciento de las personas que viven en el lado ecuatoriano de la frontera corresponde a colombianos que han llegado a radicarse en el país.

Carvajal sostuvo que en la parte nacional hay entre 140 mil a 160 mil colombianos, pero que unos 30 ó 40 kilómetros al interior “se sospecha que podrían haber unos 300 mil”.

“En la línea de frontera hay 80 por ciento de colombianos y 20 por ciento de ecuatorianos... (y) ese es un problema serio”, destacó.

Consultado si se ha contemplado el retorno obligado a su país de los colombianos del sector fronterizo, Carvajal respondió “si las personas que están allí no se regularizan podemos enfrentar esa situación”.

Destacó que el gobierno estudia medidas en cuanto a la propiedad de la tierra en esos lugares, entre ellas el levantamiento del catastro correspondiente.