En estos tiempos electorales muchos temas se ponen de moda. Uno de ellos es el de la deuda política. Muchos creen que es de importancia fundamental para la conservación democrática. Para otros se trata de una injusta transferencia de todos los costarricenses a los partidos políticos, resultado de legislar en beneficio propio.

Actualmente, la Constitución fija la contribución estatal por este rubro en un 0,19% del PIB. En la última campaña se asignaron gastos por ¢3.558 millones de colones, un 10,2% de esa suma no fue justificada adecuadamente por los partidos políticos o, como en el caso del Acción Laborista Agrícola, se renunció a ella. De este modo, finalmente se liquidaron ¢3.173 millones, de los cuales el 94% se repartió entre los dos partidos mayoritarios, ya que, tal y como está estipulado, cuanta mayor porción de los votos totales en la elección se logre, mayor acceso se tendrá a una participación de la deuda política.

En la elección de 1998, el monto liquidado como porcentaje del asignado cayó con respecto a elecciones anteriores, debido a que la Contraloría General de la República efectuó una supervisión de gastos que le permitió determinar el incumplimiento de disposiciones contenidas en el Código Electoral y en los reglamentos respectivos. Este porcentaje ha caído en las últimas tres elecciones, lo que supone una inspección cada vez más aguda de la Contraloría.

Al convertir los gastos de las últimas cinco elecciones en unidades comparables (por ejemplo, colones del año 2000), se descubren algunos aspectos interesantes. Uno de ellos es que la deuda política ha venido creciendo en términos reales, excepto en la última elección. Esto es natural porque su monto está atado a un porcentaje fijo del PIB y este ha crecido en términos reales, excepto para la última campaña en que se usó el PIB de 1996, un año de recesión.

No obstante, cabe señalar que la tasa anualizada de crecimiento real ha tenido una tendencia hacia la baja, lo que significa que la deuda política crece cada vez menos. Dados los ¢7.308 millones reservados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para financiar la campaña del 2002, se puede esperar una reversión en la tendencia, pues ya en las elecciones de 1998 había llegado a tasas de crecimiento negativas.

Si se suman los gastos de las últimas cinco elecciones, algunas conclusiones que se extraen son:

El partido que más fondos ha recibido es Liberación Nacional (PLN) con un 49% del total, seguido muy de cerca por la Unidad Social Cristiana (PUSC) con un 48%. Estos dos partidos han recibido el 97% de la deuda política de las últimas cinco campañas, aunque hay que señalar que la tendencia durante las últimas tres es hacia la reducción.

En promedio, cada costarricense ha colaborado con ¢4.902: ¢2.396 para el PLN, ¢2.357 para el PUSC y ¢149 para los demás partidos.

El monto asciende a cifras equivalentes a: 0,42% del PIB del 2000, 1,64% de la deuda interna del Gobierno Central, 1,71% del Presupuesto Ordinario de la República para el 2001, 3,17% del presupuesto de educación ó 4,51% del de salud.

¿Legislar en beneficio propio?

El politólogo Luis Guillermo Solís es de la tesis de que el esquema actual de deuda política fue hecho por los partidos mayoritarios para favorecerse a sí mismos; sin embargo, Ricardo Sancho, diputado liberacionista, afirma que cualquier partido que obtenga los votos suficientes puede acceder al aporte estatal, de modo que es una falacia que solo los dos partidos tradicionales tengan derecho a ella.

Ovidio Pacheco, diputado del PUSC y actual presidente de la Asamblea Legislativa, afirma que no puede haber igualdad entre desiguales y que si el aporte estatal fuera igual para todos los partidos que se inscribieran en elecciones, se fomentaría la creación de partidos políticos como simples captadores de contribución pública. Él cree que la condición de obtener al menos un 4% de los votos para acceder a la contribución estatal es mínima y que, más bien, antes era del 5%. "Ese piso es el correcto", aseguró.

Reformas electorales propuestas

Sancho advierte que aunque la legislación electoral es de reciente acuñamiento (no tiene ni 5 años), ya es obsoleta, principalmente por las siguientes razones:

Establece el PIB como parámetro para el cálculo de la deuda política, lo que podría prestarse para despilfarro. Incluso anteriormente, se usaba una variable más acertada como el presupuesto de la República.

Permite bonos de deuda de liquidación posterior, lo que deja una puerta abierta a la corrupción.

Por esta razón, él apoya un proyecto de ley de partidos políticos que el Gobierno incluyó en las sesiones extraordinarias a principios de año, junto con una propuesta de reforma al Código Electoral preparada por el TSE.

Entre las principales innovaciones están la reducción a 0,11% del PIB en el aporte estatal, la distribución de un 15% de esa suma por igual para todos los partidos y la eliminación de los bonos de deuda política.

Para Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario que ha realizado consultas ante el TSE en relación con algunos aspectos de la deuda política, el proyecto del TSE plantea cambios tímidos y tiene defectos, como pretender financiar de nuevo el gasto por transporte de electores realizado por los partidos políticos.

Luis Guillermo Solís también cree que el proyecto de ley es insuficiente. Él incluso va más allá al calificar al TSE de demasiado conservador. "El TSE se rehúsa a ser el cuarto Poder de la República, porque no quiere asumir las responsabilidades que eso conllevaría", aseveró. Además, puso como ejemplo el "peligroso hecho" de que el TSE le rehuya a supervisar los procesos internos de los partidos políticos, lo que da margen, según su juicio, a que ocurran las irregularidades que recientemente se han denunciado en las convenciones de varios partidos.

¿Se justifica el financiamiento privado?

Luis Guillermo Solís cree que aunque el esquema actual de deuda política tenga sus fallas es mejor que no tener nada, porque si se dejara el financiamiento de los partidos políticos exclusivamente en manos privadas, el tráfico de intereses sería muy dañino. Las donaciones privadas tendrían el poder de hacer ganar elecciones y podrían, por tanto, condicionar a los funcionarios elegidos por votación a comportarse según los intereses de los donadores.

Según Otto Guevara, no hay problema con que existan las donaciones privadas, siempre y cuando se den en un marco de transparencia. Pone el ejemplo de un productor del bien X que hace una donación a un partido político. Esto condiciona al partido a que si llega al poder, actúe según los intereses de ese productor. Empero, si la gente sabe de esas donaciones, puede castigar a esa agrupación no dándole el voto.

La debilidad del argumento del diputado libertario radica en lo que pasaría si ese productor hace contribuciones a todos los partidos. En ese caso la gente no tendría cómo evitar que al final los funcionarios electos, cualquiera que sea su partido, queden supeditados a la voluntad del empresario.

¿Debe existir la deuda política?

Un esquema sin deuda política podría ser aquel en el que el TSE coordinara directamente la forma en la que los partidos tratan de convencer al electorado de que vote por ellos. Así, el organismo sería el que organice los foros donde se expongan los programas de gobierno, se cuestione a los candidatos sobre asuntos pertinentes y haya espacio para la discusión abierta. También sería el encargado de realizar encuestas y de adiestrar a los electores. Cabe preguntarse si se justificaría algún gasto en embanderamiento y otros signos externos, en transporte o en plazas públicas. Este esquema le saldría mucho más barato al TSE y pondría a los partidos minoritarios a competir en igualdad de condiciones con los mayoritarios, máxime si se evitara el financiamiento privado.

Pero ¿está el electorado preparado para un cambio de esta naturaleza? ¿Votan los costarricenses con el corazón, es decir, por simpatía al candidato o al partido, sin hacer mucho caso a programas de gobierno, la trayectoria de los candidatos o las ideologías de los partidos? Si la respuesta a esta última pregunta fuera afirmativa, posiblemente el esquema mencionado no funcionaría.

Sin embargo, existe una crítica quizá más fuerte a un esquema sin deuda política y tiene que ver con la libertad misma. ¿Habría que prohibir que cualquiera pudiera fabricar signos externos? Incluso, ¿qué se haría con la organización misma de la cúpula? Las sedes, las reuniones, los procesos de inscripción de candidatos y muchos otros aspectos tienen costos y no pueden ser manejados por nadie más que los partidos mismos. Si se evita tanto el financiamiento público como el privado, ¿cómo se podrían sufragar estos gastos? Y si solo existe el financiamiento privado, ¿no sería esto peligroso?

La conclusión parece ser que el financiamiento estatal a los partidos políticos es necesario. El punto es qué tan grande debe ser y en qué se debe usar.

Un examen

Los usos que se deberían dar a la deuda política, según lo mencionado anteriormente, son los que tienen que ver con organización, dirección y censo; pero la justificación de la propaganda es más difícil.

Entendiendo propaganda como la difusión de ideas, el TSE podría administrar directamente programas de difusión o propaganda para todos los partidos, consiguiendo economías de escala y por tanto ahorros importantes.

Si el financiamiento de la propaganda es cuestionable, también se vuelve cuestionable su tamaño, tomando en cuenta que la centralización implica una disminución en el monto total.

Ovidio Pacheco opinó que estaría de acuerdo en que la propaganda pasara a manos del TSE, aunque considera que es inviable una reforma semejante, al menos para las próximas elecciones.

¿Qué es la deuda política "El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos". Así reza parte del artículo 96 de la Constitución Política. Dicho aporte es lo que se conoce como deuda política.

Los rubros que pueden justificar los partidos políticos para obtener la contribución estatal son únicamente los destinados a sus actividades de organización, dirección, censo y propaganda. El Tribunal Supremo de Elecciones es el que define cuáles gastos se pueden clasificar dentro de las categorías señaladas y cuáles no. Además, en el artículo 177 del Código Electoral, expresamente se consideran injustificables las erogaciones por embanderamiento. Tampoco se reconocen los desembolsos que genere un partido político de un número superior a veinticinco plazas públicas ni los ocasionados por el transporte de electores.

La Contraloría General de la República emitió un reglamento sobre el pago de los gastos de los partidos políticos, que trata de los aspectos operativos (el presupuesto, los contratos, la liquidación, etc.)

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