Aunque a menudo se insiste en que la transición hacia la democracia no ha terminado, lo cierto es que los pasos fundamentales para la edificación de un sistema democrático están dados desde el punto de vista electoral. Este elemento es el fundamento de la democracia: todos los ciudadanos pueden elegir libremente a sus gobernantes.

Puede aducirse que esta libertad es relativa, que en algunos casos se cumple, pero que en otros hay presiones indebidas sobre los electores, por parte de autoridades y partidos políticos; que en algunas regiones del país es todavía muy aguda la presencia de factores de poder que presionan, chantajean, incluso reprimen a quienes osan oponérseles por la vía de las urnas.

Es cierto, requerimos de una geografía actualizada de la democracia en México, pero contamos con un sistema de leyes e instituciones que dan y ejercen la facultad de hacer cumplir estos derechos. Conseguir que este sistema se universalice y opere en suficiencia en todos los rincones del país es una tarea que corresponde a la consolidación de la democracia.

Desde este punto de vista, el quehacer primordial es lograr que los ciudadanos, a través del voto y de la competencia política, sean capaces de controlar el rumbo del país, su forma de organización económica, política y social. En una palabra, generalizar el poder formal del sistema democrático a modo de que la sociedad pueda controlar los poderes fácticos de la economía y la política para beneficio colectivo.

Este objetivo está lejos de conseguirse. Su propia lejanía nos habla de las posibilidades de una regresión. Las escaleras que son útiles para subir también sirven para descender. En la medida en que la libertad política es una institución fundamental de la democracia, no existe garantía de que el futuro será siempre mejor. De ahí que la consolidación de la democracia requiera de un trabajo continuo para desmontar estructuras de poder obsoletas y adversas al incremento de las capacidades y poderes de cada persona.

La reciente vuelta a la escena del subcomandante Marcos y la declaración de alerta roja por parte del EZLN confirman la insuficiencia de la extensión de las convicciones democráticas. Es difícil pensar que una democracia pueda consolidarse en presencia de grupos en rebeldía que no se oponen a tal o cual medida de un gobierno, sino al sistema democrático de gobierno per se. Son grupos que controlan una región importante del país y tienen ascendiente en sectores relevantes de la opinión nacional. El EZLN ha reaparecido después de un largo silencio y se dispone a capitalizar descontento y decepción con los resultados de las políticas gubernamentales frente al atraso de amplios sectores sociales.

En su reciente Carta a la sociedad civil nacional e internacional, el subcomandante Marcos ha reiterado la condena de su organización a la respues ta de partidos, poderes y políticos, es decir, todo el edificio del sistema electoral y de gobierno. Se trata de una descalificación de la democracia como forma que posibilita la mejoría social y el aumento del poder de los sectores sociales que dice representar.

Es difícil saber anticipadamente la extensión que puede significar esta fractura en el proceso político electoral. Lo que sí puede afirmarse es que la respuesta del sistema de partidos y de gobierno a las demandas y necesidades de los grupos más desprotegidos económica y socialmente no ha contribuido a reducir la credibilidad de esta descalificación. Ello representa, a la vez, la plataforma para reiterar, por parte del EZLN, su convicción de que no vale la pena, que es contraproducente, participar en el debate y la lucha política que ofrecen las reglas de la democracia liberal. Los resabios de una convicción que reduce la democracia a "los intereses de la burguesía" vuelven a hacer mella en el proceder de aquellos que no han sido capaces de deconstruir esta equiparación falaz.

Es un círculo vicioso. Grupos relevantes que buscan actuar a favor del pueblo, optan por abstenerse de participar en los marcos de la democracia política. Tal opción propicia que esta última no reciba más que indirectamente la inyección de sus demandas y planteamientos y que, en consecuencia, no responda satisfactoriamente a ellos. De ahí entonces una profecía autocumplida: la democracia política es sólo un festín de poderosos y corruptos que actúa contra los débiles y los impotentes.

En países como los de América Latina, el vaciamiento social de la democracia sólo puede ser contestado con la contribución más importante del liberalismo político contemporáneo: la democracia no requiere de modo necesario e ineluctable la propiedad privada de los medios fundamentales de producción de que la sociedad dispone. Lamentablemente, la impermeabilidad ideológica hacia esta contribución sigue siendo uno de los mayores obstáculos a la consolidación democrática, y una de las puertas que se abren a la agudización de ejercicios autoritarios del poder.

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

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