Hace unos meses un reportaje en EL UNIVERSAL puso al descubierto que el programa ProÁrbol había sido un fraude multimillonario. Unas semanas atrás el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, destapó la corrupción en la asignación de estos negocios a la clase política y a los intereses sindicales. En estos días, dos de las principales notas de EL UNIVERSAL reportaron que tanto el programa Procampo como Pemex son objeto de malversación de dinero público y robo.

El caso de Procampo presenta anomalías y ausencia de verificación en la red de beneficiarios. Gracias a la asociación civil Fundar y a la página www.subsidiosalcampo.org.mx, ahora se puede conocer, de acuerdo con la ley de transparencia, quiénes han sido los beneficiarios, durante cuánto tiempo, con qué monto y en qué ubicación del país se encuentran. Así, un programa de transferencia de subsidios al campo, que tenía como objetivo “mejorar el nivel de ingreso de las familias rurales, principalmente de aquellos productores que destinan su producción al autoconsumo”, se ha convertido en un reparto de recursos en el que hay prácticamente de todo, desde jefes y familiares de cárteles de la droga, pasando por políticos y sus familiares, hasta importantes agricultores. Los recursos públicos que distribuye Procampo son tan heterogéneos como desigual es la agricultura de México, y tienen un reparto tan flexible o discrecional como las reglas de un sistema político en el que lo importante son las clientelas, más que la producción. Con el sello de los gobiernos del PRI, el programa, según el estudio de Mauricio Merino, marcó desde su inicio durante el gobierno salinista los nombres y apellidos de los políticos que imprimieron sus rasgos clientelares.

Las primeras reacciones del gobierno federal ante este escándalo son contradictorias: mientras que el secretario de Agricultura indica que el padrón será depurado, la directora de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Acerca) reconoce que sería más costoso verificar lo que sucede con 14.2 millones de hectáreas que el mismo subsidio.

En suma, lo que queda claro es la rutina de funcionamiento: las inercias dominan la vida pública, y cuando surge un escándalo noticioso y se descubre un problema de ineficiencia y corrupción, entonces se hace la promesa de corregir la deficiencia, pero la impunidad prevalece. Si no hubiera sido por el proceso de contraloría social de Fundar, los padrones de Procampo seguirían en la oscuridad y en la impunidad. Por supuesto que no hay garantía de que vaya a darse una depuración efectiva de Procampo y que los recursos lleguen a los campesinos que lo necesitan.

El caso del robo de combustible a Pemex tiene otro perfil. Según resultados de una investigación de diferentes organismos del gobierno federal, existe una red de funcionarios públicos que simple y sencillamente se dedican al robo de combustible. El atraco ha sido de tal magnitud que se puede considerar que ya se tiene un “Pemex paralelo”. Los cálculos iniciales son que en 14 años que tiene en funciones la industria de refinación hay una pérdida de 219 mil millones de pesos, en tanto que el robo de combustible podría tener un monto de 100 mil millones de pesos. Se trata de 396 tomas clandestinas en 19 estados del territorio nacional (EL UNIVERSAL, 31/VII/09). Un robo de esta magnitud en la principal empresa pública del país sólo es posible mediante una amplia corrupción. Cuando se ven los reportes sobre la caída en las ganancias de Pemex, no es difícil establecer que una parte de esta caída en el primer semestre del año tenga una vinculación con este gigantesco robo.

De la misma forma que sucede con Procampo, en el que se declara la incapacidad política y técnica para verificar el padrón de beneficiarios, en Pemex se nota una incapacidad gubernamental para cuidar que los energéticos del país no sean saqueados por una red de delincuentes de dentro y fuera de la empresa. Estamos ante un Estado incapaz no sólo de proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos, sino de cuidar los recursos del patrimonio público de la nación.

Es lamentable que mientras más sofisticados, supuestamente, son los mecanismos de control gubernamental, con un aparato cada vez más costoso, los rendimientos son decrecientes, y las fugas, la captura del Estado por intereses particulares y la corrupción se incrementan. No deja de llamar la atención que uno de los objetivos de una democracia, como la alternancia, los contrapesos y los mejores gobiernos (eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas), se encuentran completamente extraviados en México. Para poco ha servido la alternancia, no hay contrapesos y, mucho menos, buenos gobiernos.

¿Por dónde empezar? ¿Cómo romper la complicidad de estos círculos viciosos corrupción e impunidad que pudren la vida pública y se roban el patrimonio de todos?

**Investigador del CIESAS