Se supone que 15 millones de ciudadanos votaron por Calderón, entre otras causas importantes, para mantener la estabilidad económica, tener una inflación controlada. La paradoja es que la estabilidad está empezando a hacer agua y las condiciones de vida son cada día peores. Tal vez hoy sea cierto que nadie sabe para qué sirve su voto.

Si se pensaba que los problemas de gobierno de Calderón estaban en la pista política, ahora sabemos que de nuevo hay señales de alarma en la economía. Desde finales de 2006 se previó que la desaceleración de la economía de nuestro vecino del norte afectaría nuestro crecimiento que bajaría de 5.1% a 3.5%, en el mejor de los casos. Algunas de las industrias más dinámicas y con mayor integración al mercado estadounidense han dado señales de desaceleración, como la industria automotriz.

Luego vino el presupuesto y de nuevo la gran tabla de salvación fue el precio del petróleo, pero poco duró el gusto porque al correr de los primeros días de enero la mezcla mexicana ha caído por debajo del precio presupuestado para 2007. Si a eso le sumamos la reducción en las reservas de Cantarell, -que aportará 700 mil barriles menos cada día- (EL UNIVERSAL, 12/I/2007), el cuadro del gasto público, con el raquítico esquema fiscal del país, dibuja un panorama bastante complicado.

La otra pieza de la cuesta mexicana de enero ha sido el problema de los precios del maíz y la tortilla, que han destapado otro asunto de seguridad nacional. Si el gobierno de Calderón calculó que los operativos en contra del narcotráfico en Michoacán, Tijuana y Guerrero, le despejarían una pista de gobernabilidad importante, parece que no se había previsto que la gobernabilidad pasaría por el elevado costo que ha sufrido la tortilla de maíz en las últimas semanas. Cuando estalla un conflicto alimentario sus repercusiones son inmediatas y generalizadas sobre todo en los sectores de menor ingreso, y el contagio hacia otras partes de la economía es inminente. Conforme pasan los días la información sobre el problema de los precios de la tortilla coloca bajo un microscopio el complejo de relaciones que tienen que ver con este vital producto de la dieta nacional. Los reclamos aumentan en los actos públicos de Calderón y las expresiones de molestia se multiplican.

Una parte tiene que ver con el incremento del precio del maíz que en un año se ha duplicado, en parte por el uso del grano en la producción de etanol en Estados Unidos. Otra parte del problema es sobre la falta de una política integral para la producción alimentaria que necesita el país. El retiro del subsidio, término que se volvió una mala palabra para los últimos gobiernos que ha seguido las recetas neoliberales, ha afectado a los productores. Se puede añadir un dato que complica más el cuadro: en 2006 el gobierno mexicano "autorizó y subsidió exportaciones de maíz blanco, donde hoy existe desabasto, por el equivalente de 125 mil toneladas, en operaciones que corrieron a cargo de la Secretaría de Agricultura" (El Economista, 12/I/2007).

De forma progresiva varios de los actores se han posicionado sobre el conflicto, el gobierno federal inició con las desafortunadas declaraciones del secretario de Economía, que trató el tema como un simple problema de mercado; unos días después el propio Calderón, al calor de los reclamos que recibió en Veracruz y estado de México, ordenó medidas de emergencia, como la importación de maíz, la sanción a especuladores y la venta al costo del grano en las tiendas de Diconsa. Para el gobernador del Banco de México el problema de la tortilla se ha generado por acciones de especulación y acaparamiento de mercados. Incluso la Cámara Nacional de Maíz Industrializado responsabilizó a los bodegueros de Jalisco y El Bajío. Los productores agrícolas indicaron que sus agremiados venden a 2.20 pesos el kilo, por lo cual resulta absurdo ver el kilo de tortillas a 10 pesos (EL UNIVERSAL, 12/I/2007).

Lo que empezó como un problema de alza en la tortilla ha tenido repercusiones sociales muy importantes, por ejemplo, el microaumento al salario mínimo ha quedado completamente fulminado, y ya se escuchan las voces sindicales que piden aumentos salariales de emergencia. El contagio de alzas en otros productos que forman cadenas productivas es inminente, ya se anuncian incrementos en las gasolinas, gas LP, electricidad y cuotas de peaje. De forma similar, han subido los precios en la industria de la construcción, sobre todo el cemento y la varilla. En suma, las metas de inflación baja están seriamente amenazadas, si es que no se han roto por completo.

A pesar del tono tranquilizador del secretario de Hacienda, de que todavía no habrá recortes al gasto por la caída en los precios del petróleo, porque supuestamente todavía funcionan los amortiguadores del gasto público, lo más probable es que haya recorte.

De igual forma para la Secretaría de Economía, si las cosas siguen por la ruta de estos días no se ve de qué forma se vaya a detener una escalada de precios que nos lleve otra vez a la ruta de la inflación. De esta forma, las supuestas fortalezas de proyecto estabilizador que vendió el PAN están naufragando.

El problema es preocupante porque no se ve por ningún lado que exista un proyecto estratégico en materia alimentaria. Las políticas de apertura en el campo, que forman parte de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio y entrarán en vigor en 2008, se han adelantado por la vía de los hechos consumados.

El gobierno federal ha decidido una importación masiva de maíz, 650 mil toneladas libres de arancel procedentes principalmente de Estados Unidos (EL UNIVERSAL, 13/I/2007). Sin embargo, esta medida no resolverá necesariamente la crisis, porque se puede repetir el mecanismo de acaparamiento y especulación.

La crisis de las tortillas ha puesto a prueba los debilitados mecanismos de regulación del Estado mexicano, que como en otras áreas, los ha cedido a intereses particulares, nacionales o extranjeros. ¿Habrá que despedirse de las promesas de estabilidad económica?

Investigador del CIESAS