De la misma forma, como lo hemos visto en los últimos tiempos: la urgencia por los consensos en el Congreso de la Unión sacrifica el fortalecimiento de los espacios públicos en beneficio de los poderes fácticos y los monopolios (telecomunicaciones con la ley Televisa o sindicalismo corporativo con la reforma al ISSSTE).

El gobierno del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard ha decidido desempolvar el proyecto que Rudolph Giuliani recomendó hace unos años para combatir a la delincuencia y bajar el índice delictivo en la ciudad de México. Medidas que se basan en la ideología de "cero tolerancia", políticas criminológicas de carácter gerencial que tienen como objetivo restablecer el orden.

A mediados de febrero se dio el primer golpe: la expropiación del predio El 40 en el céntrico barrio de Tepito, en las calles de Jesús Carranza y Tenochtitlan, se trata de un espacio de 5 mil metros cuadrados que albergaba a 144 viviendas. La acción pública se hizo porque, presumiblemente, era un centro de venta y distribución de droga, como documentaron algunos trabajos periodísticos. Un mes después vino el segundo acto expropiatorio, esta vez se trató del predio conocido como La Ford en la delegación Iztapalapa: 247 locales comerciales dedicados a la venta de autopartes, presumiblemente también un gran mercado de piezas provenientes de vehículos robados. En ambos casos el Gobierno del DF procedió mediante una expropiación, como la figura legal para generar la acción policiaca. El destino de estos territorios será para uso público, se anuncia la construcción de parques y servicios comunitarios.

Estamos frente a un dilema para enfrentar y combatir el crimen y la delincuencia. Por una parte, es indudable la urgencia y necesidad de poner un alto a un problema que cada día se agrava de forma preocupante. Por la otra, se puede aceptar la premisa de lo urgente, pero se pueden cuestionar los métodos de intervención porque se incurre en violaciones a los derechos humanos y a los tratados internacionales en la materia que México ha suscrito y tiene obligación de cumplir.

Sobre este dilema hay diversas posiciones y, sobre todo, un clima de opinión que a través de los medios genera que día con día nos acostumbremos a esta guerra en contra del crimen organizado. Una de las demandas más importantes de la ciudadanía es la seguridad pública: es el principal problema de la ciudad de México para 62% de los ciudadanos; y la política de combate a la inseguridad es una de las acciones más reconocidas del gobierno de Ebrard (EL UNIVERSAL, 26/III/2007).

Con el inicio sexenal se han incrementado, tanto en el gobierno federal como en el de DF, acciones para el combate al crimen y la delincuencia. De forma predominante la cobertura noticiosa se ha llenado de operativos y expropiaciones, además de las escenas cotidianas de ejecuciones, un índice que crece sin que se vea cuándo descenderá. Por lo pronto, todos los indicadores van hacia arriba. Parece que Calderón y Ebrard han decidido que la política de seguridad sea la más importante en sus respectivos gobiernos. Así se han posicionado con buenas evaluaciones ante la ciudadanía; así quieren distinguirse de sus antecesores; así construyen su imagen y calculan el balance entre costos y ganancias políticas.

Los dispositivos se multiplican; por ejemplo, Ebrard ya anunció que hay otras ocho áreas que pueden recibir el mismo tratamiento de El 40 y La Ford. Calderón hace lo propio con los operativos que poco a poco van coloreando una buena cantidad de estados en donde se ha intervenido, pero las ejecuciones se multiplican: asesinatos de policías y procuradores, atentados contra generales. Incautaciones millonarias, la más espectacular fue de 205 millones de dólares en efectivo. De alguna forma se ha declarado una guerra y la estrategia es cero tolerancia. En el DF las acciones tienen repercusiones inmediatas; se indica que en un solo día el robo de autos bajó de un promedio de 70 casos diarios a 66 (EL UNIVERSAL, 23/III/2007). Cuando los problemas se pudren y las soluciones se alargan, los ciudadanos aplauden a los gobiernos que toman decisiones, aunque sea con mano dura y con métodos cuestionables.

Los derechos humanos se han sacrificado. Se han documentado los horrores del expediente de Oaxaca, en donde hay gravísimas violaciones, más de 20 asesinatos que permanecen impunes y decenas de presos de una sola parte del conflicto. De la misma forma, existen en la Comisión de Derechos Humanos del DF quejas por las expropiaciones de Tepito y de Iztapalapa.

Uno de los visitadores, Luis González Placencia, ha documentado estos expedientes y señala que se trata de actos en donde se emplea un instrumento del derecho administrativo para resolver un problema de carácter penal. Hacerlo de esta forma, señala, evita o suspende las garantías individuales, porque no tiene que ser un juez quien ordene el acto, no hay un procedimiento en el que las víctimas puedan ser vencidas en un juicio, no existe recurso legal contra el mismo acto. Un error es que no se toman en consideración las consecuencias de estas políticas, por ejemplo, que entre los afectados existen familias y personas que son ajenas a la delincuencia; además, hacerlo de noche y de forma sorpresiva violenta criterios internacionales que garantizan derechos de los ciudadanos. Así que, por lo menos, los métodos empleados para combatir a la delincuencia resultan polémicos y discutibles. Hacer este tipo de acciones por la vía convencional de la intervención de un juez y seguir los procedimientos de ley tendría -muy probablemente- resultados menos eficientes, en plazos mucho más largos y, por supuesto, con menos ganancias políticas y muy poco impacto mediático.

El grave problema de fondo que se presenta en nuestro país con esta política es que un estado de derecho íntegro, la legalidad y tutela de garantías individuales, parece ser incompatible con la eficacia, el impacto mediático y la necesidad de tener resultados contundentes.

Investigador del CIESAS