Hay hilos gruesos y delgados que vinculan a todos estas personas y comunidades por estar atrapados -en situaciones muy variadas- dentro del mapa de la violencia. Recientemente salió en México una investigación pionera: el Informe nacional sobre violencia y salud , que realizaron la Secretaría del Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), trabajo a cargo de un amplio equipo de especialistas.

El estudio sale en un momento muy oportuno. Desde hace varias semanas hemos visto las enormes debilidades y vacíos de nuestro marco jurídico para proteger derechos y acotar problemas de violencia. Una de las claves más importantes para fortalecer una democracia incipiente como la nuestra tiene que ver con la ampliación y el tutelaje de los derechos. Hace unas semanas el Congreso aprobó una ley para proteger a las mujeres de la violencia. En estos días el Senado aprobó por unanimidad una ley para proteger a los menores de la explotación sexual; al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió ampliamente sobre la inconstitucionalidad de una regla discriminatoria contra militares infectados con el VIH-sida en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.

América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, y nuestro país tiene índices preocupantes en las diversas expresiones del fenómeno. La Organización Mundial de la Salud ha definido a la violencia como "el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños sicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones" (Informe, pág. V).

También se han caracterizado los tipos de violencia (autoinfligida, interpersonal, colectiva). Un buen punto de partida para manejar el problema de la violencia es conocerlo y dimensionarlo. Eso hace el Informe: ofrece un conocimiento especializado para mirar las múltiples dimensiones de un fenómeno complejo.

Hace unos años la violencia era un tema dominado por criminólogos, jueces, policías y celadores; en cambio, ahora se trabaja por equipos interdisciplinarios. El Informe está estructurado en tres partes que registran el mapa de la violencia mexicana.

La primera está dedicada al ciclo de la vida: niños, jóvenes y adultos. El capítulo de la violencia contra menores analiza tipos de violencia, testimonios y los números del mapa. Se pregunta por qué existe tanta tolerancia a la violencia contra los niños y niñas. La siguiente parte del ciclo es sobre los jóvenes. Para ello se establecen tres escenarios: la violencia estructural que deja la pobreza (entre 35% y 40% de los jóvenes -que tiene de 15 a 19 años- vive en extrema pobreza); la violencia de la enfermedad y la muerte; y el escenario del embarazo juvenil y las bandas. Luego está el capítulo sobre los adultos mayores, una población vulnerable que padece por abandono, negligencia y violación de sus derechos básicos.

En la segunda parte el Informe se interna en la vida cotidiana de la violencia, la que se practica contra las mujeres. Viene un trabajo que documenta ampliamente la información de varias encuestas sobre violencia sexual, física, económica, urbana, rural y, algo muy útil, sobre el grado en el que se dan estos tipos de violencia. En el siguiente capítulo se trata el tema de la violencia sexual, en donde se establecen comparaciones entre los tipos de violaciones y abusos sexuales, con la fragilidad de instrumentos jurídicos que existen en cada estado del país.

Tal vez por ello entendemos que ante un delito grave, sólo uno de cada 10 casos de violencia sexual es denunciado. Hay un texto sobre el suicidio, y se concluye esta parte con un capítulo que analiza la violencia institucional en dos ámbitos públicos: los hospitales siquiátricos (maltrato, restricciones, hacinamiento, incertidumbre jurídica) y las prisiones (pésimas instalaciones, falta de personal especializado, escasez de medicamentos). Un estudio reciente señala que 42% de los internos en las cárceles son "legalmente inocentes" (EL UNIVERSAL, 25/II/2007). Es la violencia política, la que ejerce el Estado directamente contra los ciudadanos. A este apartado se le podría añadir, en un próximo trabajo, la deficiente impartición de justicia, las procuradurías y el Ministerio Público, para documentar otros horrores en la materia.

La última parte es la violencia colectiva, que se trabaja en tres partes: delincuencia, migración y recursos naturales. La complejidad de estos fenómenos tiene una presencia creciente en el país y obedece a factores estructurales como marginación, desempleo y pobreza, pero también es resultado de la desintegración, las fracturas en el tejido social y la violencia creciente del narcotráfico; además, se suma el mal desempeño de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. La migración presenta al menos dos tipos de violencia, la que se imparte en el país a los ciudadanos que vienen del sur y la que padecen los mexicanos al cruzar a Estados Unidos. Por último está la violencia colectiva por los recursos naturales, que enfrenta a comunidades enteras, ya sea por la indefinición del régimen de propiedad o por la irregularidad en derechos sobre el agua.

Este Informe es una invitación urgente para establecer políticas públicas de mayor calidad, coordinación y eficacia. Por ello se necesita entrarle al problema y retomar las múltiples recomendaciones que se hacen: desde cambios estructurales como el incremento en el PIB, hasta leyes para tutelar derechos de los grupos y sectores más vulnerables.

Se necesita una transformación institucional para subir los estándares de bienestar que hoy en día, por la información de este Informe, muestran un severo deterioro. Combatir la violencia debería ser parte central de la agenda pública del país, y sin duda, una causa respaldada por una amplia convergencia social.

Investigador del CIESAS