Es obvio que la precisión sobre las características biométricas de la información que obtendrá el Estado revela que la prioridad es la seguridad. Quizá la propuesta de volver a la cédula nacional de identidad haya surgido de los órganos responsables de ese tema, en busca del mayor control posible sobre el conjunto de la población: que nadie firme contratos, compre servicios o haga trámites sin que esté plenamente identificado. El ideal del control policiaco.

Pero todavía carecemos de una ley de protección de datos personales y estamos aún lejos de haber construido prácticas para garantizar, a un tiempo, la máxima publicidad en los asuntos de los gobiernos y la máxima protección de la información que los individuos les ponemos en las manos. Por desgracia, las autoridades siguen negando datos que deberían ser públicos y, al mismo tiempo, siguen utilizando la información que tienen para propósitos políticos. Exactamente al revés de como debería suceder para garantizar los derechos fundamentales.

En el debate abierto sobre la conformación y el uso de los padrones de beneficiarios de los programas sociales se ha ido mostrando, a la vez, el daño que causa la oscuridad de la información sobre el destino de los dineros públicos y la falta de ética que supone utilizar esos mismos datos para ganar apoyos políticos inconfesables. No hay ninguna razón válida, por ejemplo, para impedir que cualquier ciudadano verifique el uso de los subsidios que otorga el gobierno y, al mismo tiempo, para permitir que el Presidente envíe cartas personales a los domicilios de los beneficiarios de esos programas. Tras esa dualidad hay una percepción muy reprobable de la información pública, que de ninguna manera puede entenderse como patrimonio de los funcionarios de turno.

Esto último lo sabían bien los liberales de la Reforma, que promovieron el registro civil para impedir que la Iglesia católica fuera la única institución que poseyera datos de las personas, como se decía entonces, de la cuna a la tumba. Pero hacer el registro civil no equivalía a estatizarlo, sino a evitar que una organización privada supliera esa función del Estado. Era una operación política, destinada a quitarles a los conservadores una de las armas más importantes que tenían en sus manos, para ponerla en el ámbito de los municipios y a disposición de la sociedad.

Desde entonces, se sabe muy bien que la información registral es una pieza política clave. De ahí también la importancia que cobró en su momento el registro federal de electores, antecedente del IFE, cuya construcción y actualización ha costado varios miles de millones de pesos y enormes esfuerzos para dotar a esa herramienta de la confianza pública suficiente. Algo que muy probablemente se vendría abajo si la información que hoy está en posesión del IFE y vigilada por todos los partidos políticos se entregara sin más al gobierno. Con toda sinceridad, no me imagino siquiera cómo podría edificarse la credibilidad de las elecciones de 2012, si esa pieza maestra de la maquinaria electoral perdiera la legitimidad y la confianza que se ha ganado a pulso.

Tengo para mí que volver, sin mayor reflexión, a la idea de la cédula nacional de identidad, que fue concebida en los años 90 y que se quedó en suspenso desde un principio, podría generar muchos más problemas de los que buscaría resolver. Nadie sensato se opondría al mayor cuidado posible de la seguridad pública. Pero no a cualquier costo ni por encima de cualquier cosa. Para decirlo de manera coloquial, creo que antes de ir en busca del big brother, tendríamos que asegurar la vigencia de los derechos fundamentales, incluyendo desde luego el de acceso a la información pública y la protección de los datos personales, así como salvaguardar el enorme trabajo que los mexicanos hemos invertido en la credencial para votar con fotografía y la organización eficaz de los procesos electorales. Detrás de los registros de las personas hay mucha historia política. Ojalá no se olvide.

**Profesor investigador del CIDE