En sus propios méritos, la decisión de eliminar a las policías municipales mal armadas, mal pagadas y mal dotadas para enfrentar al crimen en sus múltiples ramificaciones es digna de aplauso. Se estaba culpando injustamente a los gobiernos de los municipios de propiciar las condiciones para que los delincuentes se expandieran por los pueblos y las ciudades del país sin resistencia alguna, como si esos gobiernos fueran cómplices –ya por acción, ya por omisión o ya por corrupción—del éxito de los criminales. Una acusación injusta, cuando son las propias restricciones constitucionales las que impiden que las policías municipales apenas puedan hacer algo más que arrestos administrativos y “consignar a las autoridades“. Policías de parque, armados de macanas y linternas, que cobran sueldos miserables y no tienen ninguna perspectiva de futuro (pues sus jefes cambian cada tres años, cuando mucho) no podían convertirse en los valladares impenetrables de la seguridad. A duras penas sirven para levantar borrachos, evitar pleitos callejeros y cuidar el tránsito.

En cambio, los gobiernos de los municipios pueden aportar algo mucho mejor: la organización de los propios ciudadanos, la civilidad de la convivencia en pueblos y ciudades del país (una redundancia etimológica) y la información pública para devolvernos la confianza en nosotros mismos. En lugar de policías maltrechas, nos pueden dar medios para que la gente recupere la iniciativa de su propia salvaguarda y para crear –o reconstruir-- las redes sociales que hoy están rotas o amenazadas por la violencia de los criminales. Será mucho mejor que los gobiernos de los municipios se vuelvan medios eficaces para supervisar la calidad de la seguridad, que acusarlos por no garantizarla.

En el trayecto de esta reforma ya anunciada habrá que cuidar, por otra parte, que la concentración de 2 mil 440 policías municipales en 32 estatales no produzca una nueva amenaza a los derechos humanos, ya de por sí muy vulnerados; que la reforma se constriña a la construcción de fuerzas de seguridad mejor armadas, mejor entrenadas y más profesionales y que no se aproveche para minar más la intimidad, las garantías de debido proceso, ni los derechos fundamentales de los mexicanos. Hay que oponerse al riesgo de que la consolidación de las policías municipales conduzca a la formación de 32 ejércitos mafiosos, puestos al servicio de los peores intereses estatales. Esta iniciativa no debe traducirse en la construcción de un nuevo poder armado de los gobernadores o en la guardia personal de las elites locales.

Los temores que ese proyecto ha despertado no son triviales. Pero pueden conjurarse si no sólo se extinguen las policías municipales sino se potencian las capacidades de regulación, de organización y de convocatoria de los gobiernos de los municipios; si no sólo se piensa en la reorganización de los grupos armados, en su mando y su logística, sino en la forma en que los ciudadanos pueden interactuar mejor con las policías locales, darse sistemas de alarma social más eficaces, medios de vigilancia, de denuncia, de comunicación e información que entrelacen la alerta y la respuesta de los ciudadanos y mejores regulaciones para aprovechar las calles y los espacios públicos locales. En materia municipal, las mejores armas no son las que matan sino las que organizan, convocan y regulan la convivencia entre los ciudadanos. Armas que podrían potenciarse tras la desaparición de las policías municipales.

Quizá hasta sea posible recuperar al viejo policía de barrio. Ya no al “sereno“ de las películas de Pardavé, porque esa figura pertenece al pasado demográfico de México. Pero sí al antiguo guardia de seguridad entre vecinos y de vecindario, que no era más que una extensión de los ojos y de los oídos de la gente para cuidarse mutuamente. Descargados de la responsabilidad principal de combatir al narcotráfico y al crimen organizado, o de enfrentarse a las bandas mejor armadas de los delincuentes más peligrosos, quizás los gobiernos de los municipios pueden volver a ser de la gente que los vive; la ciudad, volver a ser propiedad de los ciudadanos que le dan identidad; los ayuntamientos, volver a ser la junta honesta de vecinos; y el municipio, tarea de todos, como su nombre indica.

*Profesor investigador del CIDE