Instalaciones federales y estatales del gobierno mexicano, así como integrantes de las diferentes corporaciones de seguridad fronteriza, se encuentran entre los blancos posibles del también llamado cártel del Pacífico, según un informe de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA por sus siglas en inglés).

El documento establece lo anterior y advierte que los líderes de esa organización, Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada, ordenaron la compra y acumulación de armas de alto poder de fuego para perpetrar los ataques.

En el documento, que fue entregado el pasado 20 de agosto al Departamento de Justicia, reitera que Guzmán Loera y Zambada García mantienen, hasta la fecha, la operación de diferentes células delictivas para evadir la aplicación de la ley y proteger sus actividades de distribución de estupefacientes.

Entre las actividades de sus subalternos destacan la adquisición de pistolas y otras armas, sobornos, actos de violencia y amenazas de violencia, así como la intimidación a las diferentes corporaciones de policía y ataques a integrantes de organizaciones antagónicas del narcotráfico.

De acuerdo con la información de dos diferentes expedientes, radicados en dos ciudades de Estados Unidos, una de ellas Chicago, hasta marzo pasado el encargado de la logística de esta operación era Jesús Vicente Zambada Niebla, hijo de El Mayo.

“Según la acusación, Guzmán Loera, Ismael Zambada García y su hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla, planearon y ordenaron la obtención de armas de alto poder de fuego en Estados Unidos, las cuales serían utilizadas en actos de violencia contra instalaciones (gubernamentales) de México y Estados Unidos, en venganza por las operaciones de ambos países en la aplicación de la ley y para perpetuar sus actividades de tráfico de estupefacientes”, advierte el informe de la DEA.

La información sobre los presuntos ataques “terroristas” que planea el cártel, señala el documento, se sustenta en diversas pruebas testimoniales que también sirvieron para conocer que esta organización logró importar a territorio estadunidense cerca de 200 toneladas de cocaína, entre 1990 y diciembre de 2008, sólo en el perímetro de Chicago.

En el expediente se establece que esta actividad podría haber generado ganancias superiores a los cinco mil 800 millones de dólares para El Chapo y El Mayo, en ese periodo, al igual que a sus socios de Colombia y Centroamérica.

Los informes de la Procuraduría General de la República (PGR) señalan que el cártel de Sinaloa o del Pacífico mantienen presencia en 16 estados de nuestro país: Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.

Mientras que elementos de la DEA han reportado actividades ilícitas de esta organización en 80 ciudades estadunidenses, principalmente en Texas, Arizona, California, Nuevo México, Nueva York, Ohio y Virginia.

En las calles y prisiones de la Unión Americana los narcotraficantes mexicanos mantienen importantes contactos para la distribución de los cargamentos de heroína y cocaína, al igual que para la obtención de armas de alto poder de fuego.

Los reclutas pertenecen a grupos que se dedican de manera específica al contrabando de armas de fuego y de personas, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

“La mayoría de las pandillas relacionadas con actividades delictivas, a lo largo de la frontera EEUU-México, se registra en el sur de Texas y California. Son grupos con presencia regional que mantienen influencia en las localidades Del Río, Eagle Pass, Laredo, y Valle Bajo del Río Grande, zonas que se ubican en el sur de Texas”, se advierte.