Juárez y El Paso crearon un polo de desarrollo promisorio. Eran ciudades de tamaño semejante, capaces de atraer inversiones con impacto regional. La convivencia ordenada estimuló una movilidad en ambas direcciones. El disuasivo fueron los asesinatos seriales de mujeres, marcados por la impunidad. Esta incompetencia, generó reacciones justificables que inhibieron las inversiones. El vacío lo ocupó el crimen organizado, en modalidades locales, nacionales e internacionales.

En los últimos cinco años, la tolerancia de la autoridad estatal consolidó estructuras delictivas que han avanzado, no obstante, el envío masivo de policías federales, reemplazados por el Ejército que fue sustituido nuevamente por policías federales. Este desorden ha propiciado que las bandas juarenses opten por tácticas guerrilleras, burlando a los cuerpos de élite. El titubeo operativo confirma que el gobierno federal ha fallado en la creación de instituciones confiables, lo que explica acciones de los marinos en Cuernavaca o purgas constantes de mandos policiacos.

Las 900 ejecuciones de enero son impactantes, pero lo es más advertir que se reclama que este recuento está incompleto. La disputa por los envíos de droga a Estados Unidos o el narcomenudeo, ocurren en nuestras ciudades, con ramificaciones centroamericanas donde minan instituciones de gobierno.

En este diagnóstico destaca la falta de una estrategia global o regional. Informes recientes confirman lo obvio. Estados Unidos es el mercado más grande de drogas ilícitas en el mundo. Sus esfuerzos por controlar el consumo son ineficaces, con tendencias a reducir recursos y aún peor, los fondos de la Iniciativa Mérida, mermados para crear empleos. En la lógica bilateral, hemos aprendido que las prioridades se definen de acuerdo a las necesidades políticas de los estadounidenses pero sabemos que se abren espacios para negociar, cuando se tocan esos intereses.

La presencia del crimen organizado en su territorio se manifiesta con hechos delictivos en Phoenix y Atlanta, aun cuando reconocen similitudes con los ocurridos en México, prefieren considerarlos eventos aislados. El mensaje no ha penetrado el Capitolio. Cuando esto ocurra, aparecerán medidas extremas y los fondos hoy dosificados. La soberanía responsable implica obligaciones de los estados fuertes con los débiles para asegurar sus instituciones. México también debe asumir costos apoyando esta lucha en América Central.

Las críticas duras del exterior son normales en esta era mediática. No es incapacidad o falta de pasión de nuestros diplomáticos lo que condiciona una imagen deteriorada de nuestro país. Son las primeras planas, los noticiarios televisivos, el internet, que dan cuenta de la nota roja nacional. Si se acepta esta premisa, se deberá admitir que la comunicación gubernamental no hace el contrapeso que se requiere para enfrentar al crimen organizado, que diariamente se recicla. Esta es una tarea urgente.

montesco98@yahoo.com

*Analista político