Llama la atención el hecho de que Rodrigo Rivera, el ministro colombiano de Defensa, en su larga entrevista con la revista Semana del 11 de septiembre pasado, no haya mencionado ni una sola vez el papel que juegan Cuba, Venezuela y Ecuador en la súbita ofensiva terrorista lanzada en estas últimas semanas por las Farc y el Eln.
Es
evidente que la reconciliación, así sea provisoria, de esas dos organizaciones,
es el resultado de presiones de esas direcciones revolucionarias. Tras la
sangrienta saga de agresiones mutuas, sólo una alta dosis de influencia
exterior podía lograr la nueva hermandad plena, que anunciaron ayer dos
organismos de esos grupos, tras una reunión en Arauca.
La tal
hermandad que fortalece la capacidad bélica del Eln y de las Farc, pudo haber
sido pactada en Venezuela, donde esa gente goza de la protección de las
autoridades.
No es
casual que la mayoría de los 39 policías y militares colombianos abatidos
en las últimas semanas por las Farc y el Eln lo hayan sido en
zonas fronterizas. La última emboscada, en una zona rural entre Tibú y
Tres Bocas, Norte de Santander, donde tres agentes de Policía perdieron la
vida, fue montada a poca distancia de la frontera. William Villamizar,
gobernador de ese departamento, dijo que los atacantes se replegaron
hacia Venezuela y que ya son cerca de trece los uniformados que han perdido la
vida a manos de organizaciones criminales en las últimas semanas en esa región.
Los
ataques en Putumayo y Nariño más recientes ocurrieron no lejos de Ecuador. El
ataque de San Miguel, donde perecieron diez policías, ocurrió a pocos metros
del puente internacional que une al Putumayo con ese país. Sin embargo, las
autoridades colombianas siguen soslayando el papel que el factor fronteras
viene jugando en la ofensiva que se tradujo en un aumento del 600% del número
de homicidios contra miembros de la fuerza pública, entre el 22 de agosto y el
4 de septiembre, según un informe de la Dijin.
Si fuera
cierto que el gobierno prepara un revolcón militar para responder a la
ofensiva, como aseguró El País, de Cali, el 12 de septiembre, mal harían
los autores de ese reajuste en ignorar los datos básicos del problema. Por las
fronteras, además, siguen entrando explosivos, fusiles chinos y otras armas
sofisticadas para los terroristas. Bogotá le pidió a Quito reactivar el
Combifron, pero Quito se apresuró a descartar que los frentes 15 y 48 de las
Farc, con gran cantidad de hombres en Putumayo, tengan gente en Ecuador. Con
tal actitud, Quito deja ver que está lejos de querer asumir sus compromisos.
Hay que
aceptar un hecho: los diálogos de Santa Marta entre los presidentes Santos y
Chávez, donde se le exigió a Bogotá una actitud de olvido al apoyo que
Venezuela le da a las guerrillas, fue inútil. De hecho, ese fue el preludio de
la ofensiva de las Farc y el Eln.
El
gobierno dice estar preparando una nueva versión de la política de seguridad
democrática. El texto no ha sido publicado pero ya se anuncia que la
nueva estrategia será más urbana y que respecto de la presión contra
los grupos armados ilegales se hará más énfasis en la seguridad de las
ciudades (El Tiempo, 10 de septiembre de 2010).
Ese
sería otro error. El problema, en estos momentos, desde el punto de vista de la
empresa subversiva, no es lo que ocurre en las ciudades. La subversión armada
que aspira a la destrucción del Estado (no confundirla con la dinámica de las
bandas criminales ordinarias, aunque éstas, puntualmente, hagan negocios con
las Farc y el Eln) planifica, prepara y proyecta sus acciones desde y en la
periferia. Es allá a donde deben ir las fuerzas del Estado a buscarlos. En la
guerra asimétrica que encara Colombia la proyección de fuerza debe ser
integral, ir de las ciudades hacia los puntos más recónditos y difíciles de la
geografía, sin descuidar las regiones apartadas, pues es allí donde están
los jefes y los centros nerviosos de las Farc. Es lo que probaron los éxitos
militares del gobierno del presidente Álvaro Uribe. El trabajo de coordinación
que hacía Raúl Reyes lo hacía desde la selva ecuatoriana, no desde Bogotá.
Invertir ese orden de cosas podría ser fatal para Colombia.
No hay
que cometer el error de los soviéticos en Afganistán: buscar un cierto control
en los centros urbanos y abandonar el resto, las carreteras, las provincias,
las montañas. El resultado de eso lo conoce todo el mundo.
La
búsqueda de los cabecillas de las Farc debe continuar, y ellos no están en las
ciudades. El esfuerzo de la subversión para apoderarse de los recursos
petroleros y mineros del país tiene como escenario zonas rurales alejadas. Eso
lo admite el ministro Rodrigo Rivera. ¿Por qué entonces encerrarse en las
ciudades?
Ningún
plan para perfeccionar la seguridad democrática podría olvidar la justicia
penal militar. Hay que reactivar esa institución prevista por la Constitución
Nacional. Mientras que los militares y policías que combaten el narco
terrorismo sigan siendo susceptibles de ser juzgados por tribunales civiles ineptos
o infiltrados, mientras no tengan garantías de que serán respaldados
jurídicamente contra obscuros montajes, falsas acusaciones y jueces corruptos,
ellos no irán al combate en las mejores condiciones. Hay que aprender del
Ejército israelí. Mientras los mejores defensores del país estén a la merced de
dudosos colectivos de tinterillos, financiados para hostigarlos y destruirlos
moralmente, la lucha contra el narco terrorismo y la delincuencia organizada no
conocerá fin.
El otro
punto, el de la vigilancia de las redes de las Farc en el extranjero, debe ser
mejorado y reforzado con un plan de combate ideológico, político y mediático
consecuente y sin complejos contra las operaciones de desinformación y contra
las intrigas de los grupúsculos extremistas que los ayudan.
**Eduardo
Mackenzie. Periodista, última obra publicada: Les FARC où l’échec d’un
communisme de combat. Colombie 1925-2005