Es lo que acabo de constatar tras  la lectura de dos artículos sobre ese luctuoso aniversario, en El Tiempo y en la página web de Caracol Radio. Ninguno de esos textos se atreve a mencionar esa conocida sigla. Ninguno se plantea siquiera quien planeó y realizó esa horrible matanza, una de las peores que el terrorismo haya cometido contra el pueblo y el Estado en la historia de Colombia. Queda pues uno convencido de que una maquinaria de confusión y olvido, destinada a trastornar los hechos de las tragedias  políticas de Colombia, sigue en marcha y ha logrado imponer sus contra-verdades a la prensa.

Esos dos artículos fueron redactados para golpear a la opinión con tres falacias: 1. Que quienes vencieron ese día a los asaltantes son los causantes de la tragedia; 2. Que  “aún no se sabe qué pasó” en el Palacio de Justicia; y 3. Que “no se sabe dónde están los restos” de las víctimas.  Las tres afirmaciones son falsas y pretenden blanquear, de manera escandalosa, al culpable criminal de esa tragedia, el M-19, y a sus dirigentes en libertad, quienes tendrán algún día que explicar ante la justicia y ante la opinión colombiana su papel en esa monstruosidad.

El país sí sabe qué pasó el 6 y 7 de noviembre de 1985. El Tribunal Especial de Instrucción, en su informe del 31 de mayo de 1986, le contó al mundo de manera exacta y detallada, lo que había ocurrido allí. Lo que pasa es que el M-19 y sus aliados narcoterroristas, de ayer y de hoy, tratan de enterrar desde entonces ese informe que se yergue como un formidable desafío a sus mentiras.

Ese documento, que la juez Jara y la fiscal Buitrago tampoco quieren estudiar, para poder condenar sin pruebas a 30 años de cárcel a un militar inocente, resuelve, sin embargo, el obscuro mito de los “desaparecidos”. Los hallazgos  judiciales posteriores, que también son objeto de maniobras de olvido, presentados en juicio por los defensores del Coronel Plazas Vega, confirman la perspectiva de los excelentes magistrados Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata.

No solo cierta prensa quiere jugar a la pérdida de la memoria. Uno de los más altos responsables de la justicia también está, aparentemente, en eso. ¿Se puede concluir algo diferente cuando se leen las declaraciones de Jaime Arrubla Paucar, presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia?  Cuando la agencia Colprensa lo abordó para que analizara los “acontecimientos” de hace 25 años en el Palacio de Justicia,  éste evitó toda evocación del M-19 y del papel del terrorismo marxista en esa tragedia. Para Arrubla, ese asalto fue realizado por una abstracta “unión” de los “grupos alzados en armas”.

El alto magistrado se permite comparar las “angustias que se dieron el 6 y 7 de noviembre”, con las supuestas intercepciones telefónicas que él dice haber sufrido. ¿No hay como una desproporción formidable e insultante para con los militares, policías, magistrados y empleados que perecieron y que fueron heridos en esas horas de horror?

El magistrado Arrubla aprovecha esa entrevista sobre “la conmemoración de los 25 años del holocausto”, para arreglar sus cuentas personales con la prensa y con los columnistas que son, según él, “utilizados” para “tratar de desacreditar a la Corte”. Cuando él dice que  las “presiones” sobre los magistrados de hoy vienen “de la parapolítica y todo lo que emana de allí”, Arrubla calumnia a sus contradictores leales y los invita a autocensurarse.

En Colombia, decir que el M-19 tuvo algo que ver con la destrucción del palacio de justicia se volvió un verdadero tabú. La consigna negacionista es lanzar el oprobio sobre los militares que rescataron a más de  250 rehenes y preservaron con su sangre y su vida la continuidad de  la democracia, y soslayar, al mismo tiempo,  el papel central de los terroristas y su trinca financiera con el Cartel de Medellín.

La idea de asaltar el palacio de Justicia, para convertir en rehenes a los magistrados y montar  un juicio “popular” contra el presidente de la República, le costó la vida a  38 magistrados, a11 agentes de la fuerza pública, a  15 empleados, a tres particulares,  a tres choferes y a 29 guerrilleros.  En ese asalto demente fueron heridos 31 militares y policías, 18 magistrados y 4 civiles. ¿Y ahora cierta prensa bogotana, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia,  no tienen el valor civil suficiente para mencionar siquiera el nombre de la organización que desató esa carnicería, que entró disparando, matando, capturando, incendiando y masacrando a sus rehenes y a los servidores del Estado que les hicieron frente?

Tal cobardía, tales omisiones y negaciones deliberadas de la verdad obscurecen las ceremonias oficiales en memoria de lo que ocurrió haces 25 años en Bogotá. Las mentiras de hoy continúan,  por otros medios, el acto terrorista y demuestran que la finalidad de los miembros del M-19, hoy convertidos, unos, en politiqueros y caciques extremistas, y otros en prófugos, es la de seguir haciéndole daño gravísimo al país, a sus instituciones, y a la verdad histórica.