Y así se hizo. La llamada “compañía Cacica Gaitana” de las Farc, fue acogida y encuadrada en un programa de rehabilitación del gobierno, como lo habían sido los otros desmovilizados de guerrillas y paramilitares hasta ese día. En Bogotá, el presidente Álvaro Uribe declaró: “La seguridad democrática que hasta hoy los persiguió, ahora los protegerá”.

Colombia vivía en ese momento uno de los procesos de desmovilización de terroristas más grandes del mundo. Hasta el 5 de marzo de 2006, 23 000 paramilitares de las AUC se habían desmovilizado, según Juan Forero, del New York Times.

El conocido psiquiatra Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz, era el encargado de llevar a bien esa importante misión. El presidió la ceremonia de La Tebaida, recibió a los guerrilleros, donde había doce mujeres y seis menores de edad, así como las 63 armas y un computador de éstos. El estuvo acompañado por el general Mario Montoya, comandante del Ejército, por el director de la Policía Nacional, general Jorge Daniel Castro, y por otros funcionarios.

Lo de La Tebaida fue el mayor acto de deserción que sufrieran las Farc en toda su historia. Los guerrilleros que se atrevieron a organizar esa rendición, poniendo en peligro sus vidas, enviaron dos mensajes muy fuertes: 1. De ahora en adelante ningún jefe de la organización narco-terrorista Farc podrá estar a salvo de otra deserción masiva de sus filas y 2.

Las Farc están en proceso de derrumbe.

Esos guerrilleros arrepentidos le cumplieron al país. Con la información que suministraron al Estado salvaron la vida de miles de colombianos y hasta la de un ex presidente contra quien las Farc estaban organizando un atentado en España, con sicarios de ETA.

Sin embargo, seis años después, el mismo Estado que había perdonado y protegido a esos desertores de las Farc, decidió cambiar de orientación.

Ese absurdo viraje ocurrió cuando el gobierno de Juan Manuel Santos desactivó la política de Álvaro Uribe que había logrado la pacificación del país y el desmantelamiento de gran parte de las Farc y de los paramilitares. Desde ese momento, los hombres que hicieron posible ese golpe contra las Farc empezaron a ser mostrados como criminales. Unos fueron encarcelados y otros tuvieron que salir del país.

Luis Carlos Restrepo, quien logró la desmovilización no sólo de esos guerrilleros sino la de 35 213 combatientes paramilitares de extrema derecha (más 7 738 guerrilleros de las Farc, del En y del Erg), durante las dos presidencias de Álvaro Uribe (1), fue objeto de una alucinante cascada de acusaciones. Tras aceptar la impostura de que la rendición del grupo Cacica Gaitana había sido “falsa”, como tratan de hacer creer las Farc desde entonces, la Fiscalía colombiana quiso cobrarle a Restrepo el eficiente y destacado papel que jugó al servicio de la paz en Colombia.

El 20 de diciembre de 2011, la fiscal general, Viviane Morales, le imputó cargos a Restrepo. La lista de éstos es grotesca. Según, José Francisco Villarreal, fiscal 15 de la “unidad anticorrupción”, el ex Comisionado de Paz debe responder por “prevaricato por acción, concierto para delinquir, fraude procesal, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y fabricación, tráfico y distribución de armas de fuego y municiones”.

Obviamente, Restrepo rechazó las acusaciones y vio en la acción de la Fiscalía un montaje ilegal contra él y contra el gobierno anterior. Los acusadores de Restrepo invocaban unas declaraciones de un terrible criminal, Salvatore Mancuso, jefe paramilitar deportado por el gobierno de Álvaro Uribe a los Estados Unidos. Las Farc aplaudieron la ofensiva contra Restrepo. Viendo que la justicia de su país no lo protegería de esos bandidos, Restrepo se vio obligado a buscar asilo en un país extranjero.

Todo iba a pedir de boca para el “colectivo de abogados Alvear Restrepo”, impulsor del montaje contra Restrepo, contra algunos militares y contra dos ex guerrilleros que hicieron posible el episodio de La Tebaida, cuando, de repente, todo ese tinglado se fue al suelo.

El 23 de marzo de 2012, la juez 45 de conocimiento, Johanna Rodríguez, revocó la orden de captura contra el ex Comisionado de Paz. Ella estimó que la decisión de la Fiscalía carecía de elementos probatorios y que por lo tanto era “insustentable e insostenible”.

En otras palabras, que la Fiscalía había ordenado la captura de Luis Carlos Restrepo sin tener pruebas que ameritaran la grave medida privativa de la libertad. La juez fue muy clara. Durante la audiencia en Bogotá explicó que “no hay una referencia precisa sobre los delitos que le imputan a Restrepo”. Y agregó que tampoco existe “inferencia razonable de coautoría ni de los delitos de peculado en favor de terceros ni en los delitos de tráfico de armas o municiones… que se le ha señalado”.

La trascendental decisión de la juez Rodríguez también cobijó al ex guerrillero Raúl Agudelo Medina, alias “Olivo Saldaña”, quien había sido designado por el Gobierno de Uribe para que fuera el garante durante esa desmovilización.

Complacido con la decisión de la juez 45, Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, declaró que él nunca había estado de acuerdo con la orden de captura de la Fiscalía pues ésta carecía, en este caso, de “elementos probatorios”. Aunque Luis Carlos Restrepo sigue vinculado al extraño proceso, la decisión de la juez puso fin a la solicitud de búsqueda y captura de éste que la Fiscalía de Colombia había formulado a Interpol.

Furioso, un vocero del “colectivo de abogados” se declaró “sorprendido” por la decisión de la juez Rodríguez y anunció que interpondrá un recurso para que la orden de captura quede vigente de nuevo, antes de acusar a la juez 45 de estar “dando bandazos en la administración de justicia”. Sin embargo, el dicho “colectivo” podría perder algunas plumas en este asunto. La opinión no olvida que hace unos meses la prensa descubrió que ese “colectivo”, experto en impulsar procesos trucados contra militares, como el del Coronel (r.) Alfonso Plazas Vega, y contra ex ministros del gobierno de Álvaro Uribe, había manipulado el testimonio de unas personas, a quienes presentó como “víctimas de una masacre”, cuando no lo eran, para obtener de manera indebida, en otro expediente penal, una fuerte indemnización del Estado colombiano.

Ese “colectivo” fracasó en febrero pasado cuando el gobierno de Panamá se negó a extraditar a Colombia a María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS. Un agente del siniestro “colectivo de abogados” había viajado dos veces a Panamá para amenazar al presidente Ricardo Martinelli con una demanda penal si no rechazaba el asilo de la colombiana.

No sobra anotar que el “colectivo de abogados” había logrado, días antes del fallo de la juez 45, y a través del fiscal Villarreal, abrir cinco procesos más contra Luis Carlos Restrepo, utilizando la técnica habitual de los falsos testimonios dados por criminales en prisión. ¿Qué ocurrirá con esos “procesos” tras el fallo de la juez 45? Nadie sabe nada. Por eso el escepticismo de algunos ante las exhortaciones que lanza la prensa en el sentido de que el ex Comisionado de Paz tiene, ahora sí, garantizado un proceso justo. El coronel Hugo Hernán Castellanos también ha sido detenido por el asunto de la Cacica Gaitana.

La cuestión más candente es el de la responsabilidad del “colectivo de abogados” y del fiscal José Francisco Villarreal. Éste dictó una orden de captura que no descansaba sobre nada, como lo reconoció la juez Johanna Rodríguez. Tal decisión causó graves perjuicios morales y materiales a Luis Carlos Restrepo, como a los otros civiles y militares detenidos. ¿No debe responder ante la justicia ese fiscal por tal arbitrariedad? ¿Desde cuándo un fiscal o una juez pueden ordenar caprichosamente la captura de ciudadanos sin sufrir las consecuencias de ese abuso de autoridad?

Otro ex guerrillero de las Farc, Felipe Alejandro Salazar, alias “Biófilo”, impulsor de la entrega de la compañía Cacica Gaitana, de la cual él era jefe político, fue detenido en Bogotá el 23 de febrero de 2012 y encerrado en una celda de la Fiscalía, hasta el 8 de marzo cuando fue trasladado a la tenebrosa cárcel de La Picota, en las afueras de Bogotá, donde están recluidos numerosos guerrilleros y paramilitares. La vida de “Biófilo” fue así puesta en peligro por una orden de la Fiscalía. ¿No deberá alguien responder también por ese acto?

¿En la rendición de La Tebaida hubo irregularidades? Es posible que once falsos guerrilleros hayan participado en eso, por instigación de paramilitares. Lo curioso es que la Fiscalía trata de invertir los papeles. Trata de convertir en delincuentes a los que fueron víctimas de esa falsedad y a los responsables de ese fraude en elementos intocables. En lugar de sancionar a los responsables, la Fiscalía acusa a Luis Carlos Restrepo, a Salazar y a Raúl Agudelo, alias Olivo Saldaña, otro ex guerrillero de las Farc, de haber propiciado una falsa desmovilización. Tal inversión de los factores es inaceptable. “Hay una cruzada, una cacería de brujas, contra el uribismo que viene desde el palacio presidencial. El instrumento de esa cruzada es la Fiscalía”, declaró Agudelo a la radio, el 13 de febrero de 2012.

Agudelo reveló que había recibido presiones (promesas de dinero y amenazas de muerte) para que declarara contra el ex Comisionado de Paz, y contra varios militares, por el asunto de los once “colados” en La Tebaida. Los paramilitares encarcelados en Estados Unidos, precisó, le enviaron abogados a La Picota “para tratar de comprarlo”. Arrepentido de su pasado terrorista, y sometido a la ley de Justicia y Paz, Agudelo aceptó participar desde la cárcel en la organización de la masiva deserción. Y no parece dispuesto a jugar el papel que le quieren hacer jugar los paramilitares.

En ese ambiente de intrigas y amenazas se desarrolla el proceso. Este deberá descubrir la verdad de lo que ocurrió en La Tebaida. ¿Lo logrará? La verdad podría no ser la misma que proclama el “colectivo de abogados”, oficina interesada no en la justicia sino en instrumentalizar la justicia para golpear a los enemigos de las Farc. ¿La justicia colombiana está en capacidad de rechazar esas presiones y llegar a un veredicto justo? ¿Lo actuado hasta ahora por la Fiscalía no muestra que la verdad es un bien inalcanzable en las actuales condiciones? No obstante, la actitud valiente de la juez Johanna Rodríguez muestra que una luz de esperanza puede estar al final del túnel.

Nota:

(1).- Cifras de la Policía colombiana dadas a conocer en enero de 2007