Las interferencias avanzan de manera obscura e indirecta. La irrupción de un grupo civil que se dice autorizado a ocupar la escena y a lanzar propuestas en nombre del ELN ha contribuido al enrarecimiento aún mayor del clima de los diálogos en La Habana.

En efecto, un sector que se auto-bautiza como “garante de la paz”, aunque no representa sino a él mismo, lanzó de manera intempestiva en Bogotá, el pasado 11 de diciembre, una “hoja de ruta” ultimatista que desconcertó al mismo Luis Carlos Restrepo.

Ese mismo día, el ELN lanzó un comunicado que debería ser examinado con atención pues es un velado ultimátun al gobierno. Allí la citada guerrilla advierte que “para continuar adelante en la salida negociada” es necesario que las instituciones del país sean “depuradas” y que los poderes locales y regionales sean “revocados” por haber sido “construídos por medio de la presión y la corrupción ‘narcoparamilitar’”[4].

Tal descripción de las instituciones del país es inexacta y tendenciosa y desconoce el hecho de que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia investigan al respecto y no necesitan ser empujadas por un grupo fuera de la ley para hacer su trabajo. Para exigir tal cosa, el ELN debería tener, al menos, una cierta legitimidad. Cosa que está lejos de tener. ¿Qué autoridad moral puede tener un grupo armado que se erige sobre una montaña de cadáveres y que le ha propinado violencias y atrocidades al país durante 42 años de manera idéntica (aunque en mayor escala) que los paramilitares?

Ese mismo día, los “garantes de la sociedad civil”, presentaron una “hoja de ruta” arrogante que también vale la pena descifrar, pues sus miras son de largo alcance. Ese texto gira en torno de dos temas: la propuesta de que el gobierno cree un “fondo para la reconciliación” mediante la creación de un nuevo impuesto (como si los gravámenes pudieran ser erigidos por capricho y como si los contribuyentes pudieran ser aún más exprimidos), y un cronograma de actividades que, de ser acogido, abriría el camino hacia un triunfo político inmerecido del ELN, hacia la legitimación de éste y el reconocimiento del conflicto interno (es decir, la sacralización de la ideología marxista y la justificación de sus crímenes). ¿Todo eso a cambio de qué? A cambio de que el grupo subversivo revele dónde ha plantado sus minas antipersonales. Si el negocio es así, éste merece revisión.

El segundo paso propuesto (que excluye todo acuerdo sobre el punto cardinal del cese de los secuestros y la liberación de los rehenes y demás víctimas en poder del ELN) consistiría en realizar un cese el fuego “bilateral” --para paralizar en todo el país a la fuerza pública-- y la realización de una “convención nacional” de perfiles obscuros y que tiene todas las trazas de ser un acto destinado a sacar a flote un nuevo partido político dominado por el ELN.

Ante esas descomunales muestras de generosidad del ELN, el gobierno debería, según los “garantes”, darse por bien servido y acatar lo que ellos aconsejan.

El ELN intenta, en realidad, por la vía de un ramillete de propuestas precisas y de un diálogo en el extranjero que no llega a nada, elevarse a las altas esferas de una dignidad imaginaria en la que el grupo terrorista aparecería simplemente como un adversario político e incluso como el censor de las instituciones democráticas, como el juez de un gobierno elegido y, en fin, como el fiscal de las autoridades regionales, de la sociedad civil y hasta de los paramilitares.

En esto se ve que ciertas experiencias complicadas de negociación “de paz” en Europa, inspiran a los ideólogos del ELN. No se puede dejar de ver las similitudes que hay entre lo que se prepara en La Habana y lo que ETA está tratando de sacar adelante en España mediante su negociación con el gobierno de Rodríguez Zapatero. La reconstrucción de un frente político (como Batasuna) buscado por ETA con urgencia, la obsesión de que España acepte pedirle finalmente perdón al pueblo vasco, es imitado por el ELN cuando éste avanza la idea de buscar en Colombia “nuevos consensos de nación” a través de una asamblea “constituyente”, y la gestación de un “nuevo gobierno incluyente” que se dote de un “nuevo modelo económico” y de una “nueva doctrina de seguridad” y que, finalmente, “propenda por la integración continental”.

A todas luces se ve que “el nuevo gobierno incluyente” sería un régimen policiaco en el que la dirección estaría en manos del ELN y que tendría como prioridad sacar a Colombia del mundo libre, desmantelar la democracia y la economía liberal para embarcarnos a todos en la miseria y en la violencia de la llamada “democracia dirigida”, que el señor Chávez construye con ayuda de sus aliados Putín y Ahmadinejad.

En un frenesí irresistible de unilaterismo, el grupo de “garantes de la paz” pide, además, que sea conformada una comisión especial “de la verdad” para que los paramilitares (y sólo ellos) “informen los hechos y secretos” de su acción pasada. En otras palabras, los “garantes” sueñan con ver transformado el ELN en una entidad normativa y depositaria de las intimidades de la desmovilización paramilitar. Aspiran a que la memoria popular acepte de que las guerrillas marxistas nunca fueron responsables de estos largos años de violencias.

Explicada en rueda de prensa por el activista Moris Ackerman, ex líder de las Juventudes Comunistas que se presenta hoy bajo la etiqueta de “empresario independiente”, la sorprendente propuesta rechaza igualmente la extradición de colombianos a Estados Unidos y pide la “legalización del consumo de droga”, medida ésta última que tendrá por efecto, según Ackerman, la abolición de la “transnacional del crimen”.

Tales ineptitudes poco dicen sobre el origen y naturaleza del grupo de “garantes”. Este incluye un núcleo de ocho activistas[5] cuyo estatuto en el diálogo de La Habana es confuso pues no parece estar representado en él aunque actúa bajo la orientación de un dirigente “histórico” del ELN, Francisco Galán. Moris Ackerman también hizo parte, en agosto de 2006, de la “comisión de facilitación” que pretendía obtener de las FARC la liberación de sus rehenes políticos.

Con el planteamiento de los “garantes”, el diálogo en La Habana mostró en todo caso una vez más su carácter dilatorio y propagandístico. El empleo anti-negociador de un ultimátum, el tono de “todo o nada”, con una inclinación hacia “nada”, más que hacia “todo”, permite ver que el ELN trata de forzarle la mano al gobierno para que se suicide, al mismo tiempo que pone, en últimas, el socialismo como único horizonte para un pacto de desmovilización definitivo. 

¿Y que hacen las FARC ante esto? Reacias a todo diálogo con el gobierno, éstas nunca han visto con buenos ojos el diálogo de La Habana. En algunas regiones del país, las FARC han atacado militarmente a unidades del ELN, en el marco de la tradicional disputa de ellos por los territorios ricos en cultivos ilícitos. El diálogo de La Habana y un eventual pacto entre el gobierno y el ELN aislaría aún más a las FARC, política y militarmente. ¿Cual es pues la acción de éstas frente al diálogo gobierno-ELN? Ese elemento no está muy claro del todo, pero no sería excesivo pensar que ellos lo critican y lo obstruyen. La radicalización de esos diálogos, para meter la insidiosa línea de “todo o nada”, o de “objetivo cero”, como dicen los etarras, como lo deja ver la hoja de ruta del 11 de diciembre, conviene a esa estrategia de obstrucción.

El peligro de una radicalización del diálogo en La Habana fué tan evidente que Luis Carlos Restrepo optó por mostrarse incómodo ante las propuestas de los “garantes”. El principal negociador del gobierno se quejó de que éstos estaban abandonando su papel inicial para convertirse en actores políticos. En cuando al ELN, Restrepo replicó que “en lugar de hacer propuestas públicas debería más bien “avanzar en hechos concretos de paz”.

Sin descartar la idea (eventual) de un cese al fuego, Restrepo calificó la actitud de la guerrilla de “ambigua”. El alto funcionario declaró que mientras el ELN por un lado hace política, “por el otro continúa cometiendo delitos”. “Desde que nos sentamos [a dialogar] en La Habana [el ELN] ha secuestrado 54 personas, casi una por semana, y está cobrando un millón de dólares por cada una”, precisó Restrepo. No contento con esa clavada de puntilla, el Alto Comisionado de la Paz reiteró que existen pruebas de “la alianza ELN-narcotráfico”.

En cuando a la irrupción oficiosa de los “garantes”, el Alto Comisionado de la Paz no dejó de señalar que éstos tratan de crear un “espacio paralelo” que puede “hacerle daño al proceso de paz”.

Dedicados a transcribir lacónicamente lo que dicen los activistas del ELN (sin investigar si éstos tratan de llegar a un acuerdo con el gobierno o de construir, por el contrario, un nuevo partido al servicio de la acción armada, sin analizar críticamente y en detalle todas esas variantes), los média anuncian como hechos lo que hasta ahora no son más que promesas. El ELN, por ejemplo, promete realizar un “desminado humanitario” en la población de Samaniego (Nariño) y liberar allí a dos policías. Habrá que ver si eso es cierto. Habrá que ver si esa promesa no es el triste preámbulo de nuevos ataques contra la población. Los colombianos sabemos muy bien que cuando la guerrilla anuncia una medida “positiva”, ella está al mismo tiempo preparando nuevas barbaridades.

Cuanto quisiéramos estar equivocados y ver que las actividades de la “Casa de Paz” en Medellín son genuinas muestras de querer poner punto final a esa máquina de muerte y de secuestros que es el ELN.

Eduardo Mackenzie. Periodista, última obra publicada: Les FARC où l’échec d’un communisme de combat. Colombie 1925-2005

Notas

[1] Ejército de Liberación Nacional, guerrilla de inspiración castrista fundada en 1964. Su primer ataque armado fué realizado en enero de 1965. Hoy dispone de cerca de siete mil hombres, pero vive una crisis interna y ha perdido la iniciativa militar.

[2] El diálogo entre el gobierno de Alvaro Uribe y el ELN comenzó en diciembre de 2005, en La Habana, entre el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y algunos jefes del ELN, entre ellos alias Antonio García, alias Ramiro Vargas y alias Francisco Galán. Tras la reunión de diciembre de 2005, hubo cuatro otras: en febrero, en marzo, en abril y en octubre de 2006. Todo ello sin ningún resultado.

[3] El Colombiano, Medellín, 13 de diciembre de 2006.

[4] El País, Cali, 12 de diciembre de 2006.

[5] Los ocho son : Mario Pieschacón Negrini, alias Francisco Galán, quien hace parte de la dirección del ELN. Encarcelado por las autoridades en 1992, el gobierno aceptó trasladarlo de la prisión de Itaguí a la “Casa de Paz”, en la periferia de Medellín, para que dirija las actividades de la misma.

Los otros son: Moris Ackerman, Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional; Alvaro Jimenez, coordinador de una campaña por el control de las minas antipersonales; Horacio Arango, sacerdote; Carlos Rodríguez, dirigente sindical; Gustavo Ruiz, abogado y Daniel García Peña, ex comisionado de Paz. La “Casa de Paz” fue abierta en diciembre de 2005.

Participan en su financiación las alcaldías de Bogotá y Medellín y los gobiernos de Suiza, España, Noruega, Venezuela y Cuba. La “Casa de Paz” es una iniciativa de un grupo de “facilitadores”. Aceptada por el ELN ésta debe abrir, según el ELN, un “diálogo con diferentes sectores del país”.