Por lo demás, en materia de seguridad Cristina Fernández ha decidido tomar el riesgo y usar la Red Social para comunicar sus opiniones o bien para bajar líneas sobre aquello que su gobierno quiere marcar, ya sea para castigar a los jueces, refutar a los medios o despreciar a la oposición. En ese aspecto, la Presidenta también se apega a las máximas de su colega de Venezuela, Hugo Chávez, quien piensa que ésa es la mejor manera de estar comunicado directamente con la gente.

Pero más allá de que hay quienes creen que la difusión de las cuestiones de Estado debería tener otro tipo de canales, que incluyan repreguntas del periodismo, por ejemplo, tal como ocurrió hace unos días en Nueva York en cuatro ocasiones sin que nadie tocara una coma, el primer peligro está en que, como ya ha ocurrido, alguna mano malévola penetre los protocolos de fiabilidad que probablemente tiene esa novedad comunicacional y que algún día de estos alguien deba salir a desmentir aquello que la Presidenta no twitteó.

La metodología presidencial tiene, además, varias lecturas adicionales que vale la pena marcar, porque la situación en su conjunto no deja de estar inmersa en la pelea que el Gobierno tiene con los medios, especialmente los gráficos. Está claro que el multimedios oficial que se ha armado entre diarios, revistas, canales de TV y radios no le asegura a la Presidenta llegar a ninguna otra persona que no piense como ella, tales los bajísimos niveles de rating o de ventas de los medios gráficos que lo integran.

Es seguro, entonces, que quienes han diseñado la estrategia gubernamental suponen que la novedad de Twitter asegurará el rebote instantáneo de la noticia para que se desparrame por los medios menos afines y para que llegue así a otros estratos sociales, ya que esa tecnología es todavía un recurso para los más avisados, en su mayoría de clase alta y media alta.

El problema central del kirchnerismo, también en materia comunicacional, es que ha perdido a la clase media, mientras que las encuestas señalan, por ejemplo, que los pobres con deseos de superarse, a través de una movilidad social que es cada día un recuerdo más lejano en la Argentina, son los que más rápido abandonan la Universidad, ámbito que sigue cristalizando una educación no arancelada para los más pudientes. Si los pobres no usan Twitter, tampoco pueden leer diarios.

En cuanto a la clase media, tal como  lo muestran las estadísticas, ha descendido en su configuración desde los años ’90  y hoy no parece ser una base de sustentación sólida que juegue a favor del Gobierno para el turno de 2011. Es más, los discursos oficiales y paraoficiales la siguen espantando directa e indirectamente. Este ha sido el resultado de las diatribas que lanzó Hebe de Bonafini para presionar a la Corte Suprema de Justicia, con insultos y acusaciones que han sido criticados desde todo los ángulos, aún por organizaciones y personas que, sin desmerecer su trayectoria, han marcado el flaco favor que le ha hecho al Gobierno y a la Ley de Medios que ella dice defender.

En la crítica a los jueces, que se enlaza perfectamente con lo que la Presidenta volcó en su Twitter, hubo críticas a lo que se llama peyorativamente “la Justicia cautelar”, es decir a los magistrados que están protegiendo los derechos individuales y fallando, a pedido de los clientes, a favor de que Fibertel no cese como proveedora de Internet  o a los que impidieron que, por voluntad del regulador, ávido de colar un par de canales oficialistas en la grilla de programación, los cables no puedan utilizar ese recurso legítimo para diferenciarse de sus competencias.

Pero Cristina Fernández fue más allá y enlazó en sus mensajes dos decisiones de la Corte que juzgó malintencionadas hacia su gobierno, como fueron la orden al gobernador de Santa Cruz de reponer en su cargo al ex procurador provincial, Eduardo Sosa, en paralelo al pedido que los ministros hicieron al Congreso para que se ocupe del tema, y la vía libre a la extradición que se dio en la misma jornada, en la persona del ciudadano chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra, dos cuestiones en las que durante años no se le prestó desde el Ejecutivo ni la más mínima atención al Alto Tribunal.

El caso Apablaza, además, tensó las relaciones con Chile, ya que el ex guerrillero está acusado de un asesinato en tiempos de democracia en ese país (1991) y desde allí se piensa que no hay confianza en que se lo juzgue de modo ecuánime, situación que además descoloca la tesis argentina de sacar de Irán a los acusados por la voladura de la AMIA. Pequeños grandes detalles que se pierden en la simplificación y que son imposibles de explicar en 140 caracteres.

Alerta Económico Institucional es una publicación del Programa de Análisis Político y Económico Regional de CADAL.