Los funcionarios han dicho que la decisión administrativa fue tomada luego de que el INDEC, como juez y parte, analizara y diera cuenta de “numerosas inexactitudes, inconsistencias y debilidades metodológicas” en las proyecciones y mediciones que realizaron esas consultoras en torno a proyección de la evolución de la inflación y el incremento del índice de Precios al Consumidor, entre otros relevamientos, pero el objetivo fue decididamente otro.

Si bien el artículo en cuestión “prohíbe la realización de cualquier clase de presentación, publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda incurrir a error, engaño o confusión respecto de, entre otras cosas, el precio y condiciones de comercialización de bienes muebles, inmuebles o servicios”, el fin más claro de los requerimientos de Moreno ha sido censurar al mensajero.

Es probable que el propósito de acallar por extensión las voces de aquellos que no registran el mismo pensamiento del oficialismo, tenga como correlato, en cualquier momento, un nuevo embate de las huestes oficiales sobre el periodismo que decida difundir como noticia otros índices que no sean los oficiales o bien el precio del dólar paralelo o el valor del contado con liquidación o el monto de la fuga de capitales.

En este aspecto, el callarse la boca por temor que han adoptado los economistas no ayuda al contexto de la transparencia de la información que debe asegurar el periodismo para que los ciudadanos estén bien informados y puedan tomar mejores decisiones y mucho menos si ese temperamento se extiende a los medios aún independientes, los que son calificados por el oficialismo como opositores por no prestarse a difundir como le gustaría al gobierno nacional sus supuestos logros o bien por reiterar lo que a su juicio son noticias negativas o bien por sacarlas de contexto.

Estos mismos defectos, en todo caso, pueden serle achacados también al aparato gubernamental de regimentación de la prensa que tiene su ariete en el programa 6 7 8 de la Televisión Pública y que crece día a día en gráfica, radio, TV digital, canales de cable, páginas web, blogs y redes sociales financiado con dinero de los contribuyentes.

Toda esta cadena oficial más el Fútbol para Todos, un verdadero multimedios propagandístico que crece al amparo de la supuesta pluralidad de la Ley de Medios, acaba de recibir un muy duro golpe a su pretendida credibilidad, debido a la intervención en 6 7 8 de la filosa catedrática Beatriz Sarlo.

A puro vigor de pensamiento, Sarlo se las arregló para poner en la fila del descrédito a los panelistas del programa, que habían sido reforzados con las presencias nada casuales de Ricardo Forster y Gabriel Mariotto, y para aplastar como si fuese una aplanadora su habitual soberbia, desde la autoridad de su versación y análisis. Con la valentía que mostró a la hora de decir lo que quería decir para defender valores y principios, la escritora demostró con toda claridad que no hay peor censura que la autocensura.

En este sentido, son muchos los periodistas y medios que por estas horas se están cuestionando hasta dónde su silencio no ha sido parte del problema que acaba de salir a la luz con el caso de Sergio Schoklender. Algunos por sincero respeto, pero otros por temor a los intimidantes escraches públicos, se habían mantenido hasta el momento callados para no decir nada que pudiera rozar a Hebe de Bonafini en el manejo de fondos de la Organización Madres de Plaza de Mayo, ni aún para criticar sus exabruptos sobre la caída de las Torres Gemelas o sobre la actuación de la ETA.

Hoy, cuando Bonafini y los suyos han quedado expuestos casi al borde de la malversación de fondos públicos, ya son pocos los que pueden justificar el negociado inmobiliario que administraba Schoklender. No sólo porque está claro que se le otorgó una patente de corso para construir viviendas sociales en nombre del Estado sin licitación pública ni concurso de antecedentes, sino porque el costo de esas construcciones más que duplicaba el valor standard de otras similares. Y, lo peor, que la Fundación Sueños Compartidos jamás fue auditada por los organismos oficiales para saber si lo que hacía lo hacía bien y sin desvíos.

Por más que los ministros del gobierno nacional, probablemente por órdenes superiores, hayan salido a despegar políticamente a Bonafini de Schoklender y que el caso haya ingresado en la esfera penal, bien difícil se le hará a Moreno no aplicarle a pleno también a la Fundación de las Madres el controvertido artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial, sobre todo en la parte que habla de “engaños” sobre el precio.

El Alerta Económico Institucional es una publicación del Programa de Análisis Político y Económico Regional de CADAL, cuyo objetivo es llamar la atención sobre las iniciativas políticas que impactan negativamente en el clima de negocios e inversiones de largo plazo en la Argentina, con las consecuencias sociales e institucionales que ello genera.