Las AFJP y las prepagas tienen como relevante factor común que han sido sistemas elegidos libremente por los consumidores, millones de personas que no han dudado en elegir mejor seguridad social o salud, debido a la desidia con que la administración estatal históricamente ha gerenciado esos bienes públicos de su competencia. Tan poco ha hecho el Estado por tener un sistema jubilatorio eficiente o un sistema de salud competente, que quienes han podido garantizarse sistemas alternativos se cruzaron de vereda para no quedar prisioneros de la mala praxis estatal.

Sin embargo, con el mismo argumento de la falta de regulación, ahora los legisladores de casi todos los partidos, en vez de discutir el sistema completo de salud, donde también son actores importantes el hospital público y las obras sociales sindicales, apuntan a sancionar una ley destinada sólo a castigar a las empresas de medicina prepaga, una norma que probablemente haga retroceder al sistema en su conjunto y genere intranquilidad entre los beneficiarios y sus familias. Probablemente, por la demagogia que surge de las urgencias electorales de casi todos los partidos políticos se esté perdiendo una oportunidad histórica para encauzar todo el sistema y hacerlo más sustentable.

Con las AFJP, que dependían de una Superintendencia que no dejaba norma sin regular, se avanzó con un discurso lleno de falsedades sobre los ahorros particulares de los futuros jubilados, los que pasaron graciosamente a una bolsa común donde no se consideran los aportes individuales, que sigue sirviendo en sus tres cuartas partes para financiar al Tesoro. Ahora, con las empresas de medicina prepaga se está haciendo  casi lo mismo para justificar este nuevo avance estatal sobre el sistema privado de salud, ya que hay aspectos de la futura ley que rompen el equilibrio del sistema

En los aspectos eminentemente técnicos podría haberse llegado a consensuar varios puntos, pero la avidez ideológica de los legisladores y la cercanía de las elecciones se han conjurado para pegarle un mazazo al sistema, con decisiones que pueden sonar simpáticas, pero que no toman en cuenta los fundamentos de lo que significa la contratación de un seguro de salud. Para los empresarios del sector, por ejemplo, las enfermedades prevalentes pueden muy bien asimilarse al caso de un automóvil que se presenta abollado a hacer la verificación, mientras que impedir que se aumente la cuota a los 65 años a quienes tienen 10 de permanencia dentro del sistema, no toma en cuenta que durante los años jóvenes del afiliado, el mismo plan estaba por debajo de la media, porque se supone que entonces el beneficiario tenía menos recursos. Como la futura ley contendría muchas contradicciones más, hay quienes le auguran un destino de amparos judiciales sucesivos para evitar su puesta en marcha, ya que varios puntos de la misma se juzgan anticonstitucionales.

Entre los mitos que se pretenden desterrar, uno de ellos dice que la medicina prepaga aumenta las cuotas de modo permanente a su gusto y paladar. Sin embargo, ellas recuerdan que, para hacerlo, tienen que presentar sus estructuras de costos a Guillermo Moreno y señalan que no han aumentado las cuotas más que aquello que ha retocado en promedio el sistema de salud, donde ponen como ejemplo a la mismísima Obra Social del gremio de camioneros.

Si más allá del aporte que hace cada uno con el pago de sus impuestos, tantas personas han decidido gastar más dinero de su bolsillo en un sistema de salud alternativo, como antes habían decidido voluntariamente depositar sus ahorros en una AFJP. ¿No será que, con sus decisiones, lo que verdaderamente están haciendo los legisladores es encubrir que todo lo demás es mucho peor?

El Alerta Económico Institucional es una publicación del Programa de Análisis Político y Económico Regional de CADAL, cuyo objetivo es llamar la atención sobre las iniciativas políticas que impactan negativamente en el clima de negocios e inversiones de largo plazo en la Argentina, con las consecuencias sociales e institucionales  que ello genera.