Estas se encuentran íntimamente relacionadas a la calidad institucional y relevancia de las naciones con las que un país determinado busca asociarse. Por ejemplo, el NAFTA significó para México no solo la posibilidad de acceder a un nuevo ámbito económico donde sus socios (Estados Unidos y Canadá) contribuían ampliando en doce veces el mercado potencial para su economía sino, fundamentalmente, ha significado mayor previsibilidad y credibilidad institucional, en un país económicamente inestable y políticamente arbitrario.

Por el contrario, la integración comercial y política en las Américas parece seguir (con la mencionada excepción mexicana, la posible excepción del CAFTA y la cada vez más alejada concreción del ALCA) una lógica distinta. Desde la lógica inherente al MERCOSUR, pasando por el Pacto Andino y la Comunidad Sudamericana de Naciones hasta llegar al realismo mágico del ALBA, los procesos de integración en la región privilegian las asociaciones con países con igual o peor tradición de respeto al Estado de Derecho.

En este sentido compararemos la integración de México al NAFTA y de Uruguay al MERCOSUR. En una lógica más simple podemos intentar sacar algunas enseñanzas de la prioridad y opción que México y Uruguay han hecho por la integración con Estados Unidos-Canadá y Brasil-Argentina respectivamente, vecinos más poderosos y dominantes.

Si bien la asimetría entre México y Estados Unidos-Canadá es mayor a la existente entre Uruguay y Brasil-Argentina, la comparación de los beneficios de los procesos de integración es valida en tanto la integración supone la aceptación de un liderazgo del otro que necesariamente le incorporará al acuerdo en cuestión una parte importante de su tradición institucional y legal.

Así, los bloques comerciales generan una influencia entre sus miembros donde los países mayores (Estados Unidos, Brasil, Alemania, Francia) poseerán necesariamente una superior incidencia en la filosofía política, económica y ética del diseño institucional final.

Si bien la integración con dos países mas transparentes como Estados Unidos y Canadá no hace a México un país per se mas transparente (hecho que demuestra la evolución del índice de Transparency entre 1995 y 2004), sí ha supuesto una negociación comercial donde la ineficiente y poco transparente burocracia mexicana tuvo que negociar en un nuevo ámbito institucional en el cual las contrapartes (Estados Unidos y Canadá) no solo eran burocracias mas eficientes y transparentes sino cuyos pesos específicos (relativo al peso del PIB de unos y otros) eran tan asimétricos como para que esa mayor transparencia y eficacia repercutiera realmente en las normas emanadas del NAFTA.

Una Comparación Valida: La Experiencia Europea
El caso contrario ha acontecido con la ampliación de la Unión Europea. Desde mayo de 2004, diez nuevos miembros (Republica Checa, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, Malta, Eslovaquia, Eslovenia), se han sumado a los anteriores quince (los seis originales que firmaron el Tratado de Roma en 1957: Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, mas Dinamarca, Irlanda y Reino Unido en 1973, Grecia en 1981, España y Portugal en 1986 y Austria, Finlandia y Suecia en 1995). A su vez, Rumania y Bulgaria se encuentran en proceso para ser aceptados el 1º de enero de 2007. Por último, Turquía es un candidato oficial para unirse a la Unión y comenzará negociaciones oficiales en octubre de 2005, aunque muchos analistas creen que el 2015 es la fecha más cercana para su ingreso, dada la cantidad de reformas económicas y sociales que debe implementar.

Para pasar a formar parte de la Unión europea, un Estado necesita cumplir las condiciones económicas y políticas conocidas como los "Criterios de Copenhague" (Copenhagen criteria, sancionados después de la cumbre en esa ciudad danesa, en junio de 1993). A su vez, de acuerdo al tratado de la UE cada Estado miembro y el Parlamento europeo deben aceptarlo. "Los criterios de Copenhague" son las reglas que definen si una nación es elegible para unirse a la Unión Europea. Los criterios requieren que el Estado posea las instituciones para preservar un gobierno democrático y los derechos humanos, una economía de mercado, y que acepte las obligaciones e intenciones de la UE.

Al analizar el comportamiento de estos nuevos miembros en el periodo anterior a su ingreso (cuando habían acordado la iniciación de negociaciones) es posible encontrar un desempeño institucional en franca mejoría, a partir de los incentivos generados por la posibilidad de ingresar a la UE en el caso de cumplir las metas estipuladas.

Así, mientras la vigencia del Estado de Derecho no ha variado en los países de Europa Occidental fundadores de la Unión a partir del ingreso de los diez nuevos miembros, sí evolucionó el desempeño de los tribunales y la independencia de poderes en estos diez. Si bien el ingreso de los países de Europa del Este es muy reciente, la evolución en el desempeño institucional, a partir de los incentivos generados por ese potencial ingreso, puede informarnos de una revolución: ésta consistiría en la necesidad de rever analíticamente la connotación negativa que distintos observadores poseían sobre los tratados de libre comercio o procesos de integración regional como la UE. Es que, como marcamos, hasta ahora solo se reparaba en la consecuencia que sobre el comercio tendría un nuevo bloque, con sus consiguientes políticas proteccionistas extra-bloque y el consecuente desvío de comercio. Pero no se ha reparado adecuadamente en la posibilidad de fortalecer el Estado de derecho en los países ingresantes (por ejemplo, el caso de los diez en Europa o el de México en el NAFTA).

Desde esta nueva perspectiva, sostenemos que cuando suceden procesos de integración donde el actor mayor posee una alta calidad institucional (por ejemplo, Estados Unidos-Canadá versus México, Europa de los 15 versus los nuevos 10) y determina el futuro arreglo institucional, genera en el actor menor los incentivos necesarios para que se pueda producir una coalición política doméstica que acepte e imponga buenas reformas institucionales.

En cambio, cuando los actores mayores poseen una pobre calidad institucional (como por ejemplo, Brasil y Argentina), actores menores como Uruguay se verán involucrados en un proceso de integración en el que la clase política no tendrá incentivos para aceptar sanas reformas, ya que la sociedad civil no percibirá el ingreso a ese nuevo ámbito como una oportunidad para mejorar y alcanzar el alto desarrollo institucional del actor mayor.

Los procesos de integración generan en los países involucrados oportunidades e incentivos. Cuando se crea un nuevo ámbito institucional, se está buscando enriquecer a cada una de las partes con "algo" nuevo, que antes no existía. Sin embargo, cuando países pobres (grandes o pequeños) y corruptos se integran con otros países pobres y corruptos, tanto los dirigentes como la sociedad civil no poseen incentivos para impulsar cambios necesarios para lograr el proceso. En cambio, cuando un país pobre y poco transparente se enmarca en un proceso de integración con otro (s) país (es) ricos y mas transparentes, se genera un conjunto de incentivos en la sociedad civil del primero que hace que sus dirigentes se vean obligados a impulsar reformas institucionales que ayuden a la concreción del proceso de integración en cuestión.

Podemos sostener entonces que mientras la consolidación del MERCOSUR, el Pacto Andino o eventualmente el ALBA serán un éxito de las poco transparentes clases dirigentes locales (ante la indiferencia e incluso apoyo de la opinión pública), el ingreso de México al NAFTA, de los países centroamericanos al CAFTA, o de los 10 nuevos miembros a la UE, son una victoria de las respectivas sociedades civiles, en muchos casos a pesar de sus respectivas corruptas e ineficientes clases dirigentes. 

Pedro Isern Munné es Director del Área Economía y Estado de Derecho de CADAL. Este artículo es un extracto del informe "Libertad Económica y Transparencia en América Latina" (CADAL, octubre de 2005).