Bachelet, miembro del Partido Socialista, encabezará la cuarta administración sucesiva de la Concertación, después de los democristianos Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle y del socialista Ricardo Lagos. A raíz de la reforma de la Constitución promulgada en 2005, el periodo presidencial que se iniciará el 11 de marzo de 2006 finalizará el 11 de marzo del 2010, sin posibilidad de reelección inmediata.

Esto significa un doble desafío para Bachelet: por un lado, tendrá un periodo corto después de un gobierno exitoso. Por otro lado, Ricardo Lagos dejará el poder con un altísimo grado de aprobación (cercano al 70%), ante la perspectiva de ser pre-candidato dentro de un breve lapso de tiempo.

La principal fortaleza del gobierno que se inicia es el notable antecedente (único en la región) de 16 años de administración eficiente y moderada. Desde una macroeconomía sólida, el nuevo gobierno podrá intentar desarrollar programas sociales específicos que aminoren las desigualdades existentes en un país que podría acceder al desarrollo en los próximos 15 años.
Este es el desafío central de la sorprendente experiencia chilena: encaminarse al desarrollo en el mediano plazo, incorporando en ese proyecto al 18% de la población que es pobre e indigente. Para lograrlo no se depende sólo de una persona y administración, sino de una política de sucesivos gobiernos (como ha acontecido desde 1990) y, fundamentalmente, de crecientes consensos con la oposición.

El decepcionante papel de Lagos en la segunda vuelta electoral

La semana posterior a la primera vuelta electoral realizada el 11 de diciembre, mostró a una candidata oficialista dubitativa y errática. La "estrategia ciudadana", pensada por su comando y círculo íntimo para ganar independencia de los partidos y del gobierno, alejó demasiado a Bachelet del importante legado de la administración Lagos. Esa primera semana post-primera vuelta mostró a Piñera como mejor candidato.

Entonces, la inmediata respuesta del oficialismo fue modificar de hecho el comando de campaña, incorporando al Senador de la Democracia Cristiana Andres Zaldivar y a Sergio Bitar, Ministro de Educación de Lagos hasta el 13 de diciembre último. Esta movida apuntaba a escaparle a una competencia entre personas para introducir en cambio una competencia entre coaliciones. Es decir, una coalición muy exitosa y con 16 años de gobierno versus otra inestable, sin experiencia en administrar y, a partir del 11 de marzo, en minoría en ambas Cámaras del Congreso.

La estrategia funcionó y una débil candidata con una gran coalición detrás se impuso a un buen candidato respaldado por una coalición inestable. Sin embargo, para lograr eso la Concertación corrió un riesgo demasiado elevado, que arroja una duda sobre la posibilidad de alternancia en el futuro. Se menciona recurrentemente que la democracia necesita de alternancia para consolidarse. Esto es falso o al menos incompleto. Lo que necesita la democracia para consolidarse es la vigencia de una competencia electoral entre dos o mas actores en un marco de igualdad. Esto último no ha sucedido en Chile en la segunda vuelta. Allí, el presidente Lagos, el gobierno y en algunos casos incluso el Estado intervino en la campaña electoral, haciendo que dicha igualdad en la competencia entre dos o mas candidatos se convirtiera en una competencia groseramente desigual entre un candidato contra un gobierno.

Mas allá del decepcionante desempeño de quien fuera un notable estadista hasta el 11 de diciembre de 2005, para transformarse ahora solamente en un gran político, es mas relevante aun destacar un problema serio que, con este accionar, se ha vislumbrado en la democracia chilena. Dado el alto piso electoral que tiene la Concertación y el consecuente estructural problema que enfrentaría cualquier fuerza de oposición para alcanzar el poder en primera vuelta, la muy probable necesidad de balotaje para que se diera la alternancia genera, como se ha demostrado en el último mes, perversos incentivos en la burocracia política y técnica instalada desde 1990. Es que si incluso se desarrollan incentivos para permanecer en el poder por parte de una burocracia política que ha gobernando solo un periodo, dichos incentivos se profundizan y pervierten cuando los periodos en el poder son 2, 3 y, ahora, 4. Si se le suma el mencionado alto piso electoral de quien gobierna y la muy probable necesidad de balotaje para la alternancia, nos enfrentamos a una burocracia en el poder con los incentivos indicados para utilizar el aparato del estado en segunda vuelta, sabiendo que ese específico y racional uso puede definir una elección competitiva. 

¿Por qué, si han existido tales incentivos, no se comprobó este accionar en los procesos electorales de 1993 y 1999-2000? Probablemente porque no era necesaria la acción del Estado en 1993, dado lo definida de antemano de la contienda. A su vez, en 1999 y 2000 la abierta intervención de un presidente con baja popularidad como Frei hubiese sido inconveniente para Lagos. Pero incluso aquí es necesario mencionar la intervención legislativa de la administración Frei, al enviar con carácter de urgencia un proyecto de reforma laboral.

El punto central y preocupante que ha dejado la elección de Bachelet es que una burocracia enquistada en el poder por 16 años (que serán 20 en 2010) ha comprobado que la desigual intervención del Estado es capaz de ayudar a definir una elección incierta y competitiva. Por ende, es imprescindible legislar en la materia, para así preservar y profundizar la alta calidad institucional chilena.

Pedro Isern Munné es Director del Área Economía y Estado de Derecho del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).