La oposición venezolana ha purgado su error durante cinco años de ostracismo, pero regresa con aire triunfal. La nueva Asamblea Nacional (AN), constituida ayer, sigue controlada por el presidente Hugo Chávez, aunque a partir de ahora tendrá que escuchar a los beligerantes diputados opositores, que ocuparon sus escaños con tensión pero sin incidentes destacables.
Los legisladores de la oposición son 67, de los que 65 fueron escogidos en las elecciones legislativas del pasado 26 de septiembre bajo el paraguas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición que agrupa a un heterogéneo arco de partidos políticos con un único punto en común: expulsar a Chávez del poder.
En la MUD se refugia la derecha tradicionalista venezolana, que convive con formaciones centroizquierdistas, algunas de las cuales participaron de los primeros años de gobierno bolivariano.
Como centroizquierdistas son otros dos diputados opositores que desde ayer se sientan también en la AN y que pertenecen a Patria para Todos (PPT), partido formado por disidentes chavistas que se prevé que se sumen a muchas de las resoluciones oficialistas.
El gobierno cuenta con una mayoría absoluta de 98 escaños en el unicameral parlamento, gracias a los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) - la formación de Chávez-y del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Sin embargo, no alcanza los dos tercios del hemiciclo, formado por 165 diputados, necesarios para aprobar leyes orgánicas, ni los tres quintos indispensables para normas especiales.
Por ello la oposición celebró como una victoria sus resultados. Además, el gobierno obtuvo sólo el 48% de los votos, frente al 52% de todos los partidos opositores, aunque debido al sistema de electoral de reparto proporcional, la mayoría de escaños fueron a parar al chavismo.
Esa pérdida de la mayoría calificada llevó a Chávez a impulsar, en los últimos días de diciembre, una maratoniana aprobación de 27 leyes orgánicas, que no hubieran sido aprobadas con el nuevo parlamento. Entre esas normas polémicas están la de ley de Telecomunicaciones, que afecta a los medios de comunicación y a los proveedores de internet, o la de Universidades, ésta última vetada sorprendentemente por Chávez, quien también ha dado marcha tras a una anunciada subida de impuestos.
No obstante, la decisión más trascendente de la AN saliente fue la aprobación, también en diciembre, de la ley Habilitante, que otorga a Chávez poderes especiales para dictar leyes por decreto, saltándose el congreso, lo que refuerza el perfil autoritario del líder bolivariano. La ley Habilitante regirá durante los próximos 18 meses y su vigencia concluirá ya en plena campaña electoral para las presidenciales del 2012, donde la oposición pretende desalojar a Chávez del gobierno.
En el 2005 esa misma oposición sirvió en bandeja de plata el control absoluto del país al mandatario socialista, en un error táctico aprovechado sin piedad por Chávez. En las elecciones legislativas de aquel año, los líderes opositores decidieron boicotear los comicios no presentándose y esperando que su gesto provocase una reacción ciudadana que lograse desestabilizar al gobierno. La reacción interna fue mínima y las críticas internacionales se disiparon en poco tiempo.
Ayer, oposición y gobierno llamaron a sus partidarios a acompañar a sus diputados a las puertas de la AN, en Caracas, pero no se produjeron incidentes remarcables. Dentro, durante la sesión constitutiva, la tensión se podía cortar, pero la sangre no llegó al río, pese al acalorado debate y a los gritos que iban y venían de un sector a otro del hemiciclo.
El primer enfrentamiento del nuevo congreso fue a causa de la constitución de la mesa de la cámara, que acabó conformada sólo por miembros oficialistas y presidida por el ex guerrillero de 77 años, Fernando Soto.
"Podrán pretender silenciar a los diputados que estamos aquí, pero el grito de paz, libertad y democracia hará retumbar las paredes del país", espetó el derechista Alfonso Marquina reprochando el carácter de ex guerrillero del nuevo presidente.
El oficialista Earle Herrera respondió a Marquina: "No tienen ustedes autoridad, ni política, ni moral, para darnos clases de democracia", mientras los chavistas gritaban "¡asesinos, asesinos!" al bando opositor. "El retrato de Simón Bolívar no lo vamos a quitar", remató Herrera.
El otro asunto caliente de la sesión fue la petición opositora de que se permita asumir sus escaños a los diputados electos Biaggio Pilieri y José Sánchez, Mazuco, encarcelados por delitos de corrupción y homicidio, pero que son considerados "presos políticos" por la derecha, que incluso llegó a proponer a votación que Mazuco fuera el vicepresidente de la Cámara.
"No puede ser que se utilicen los comicios democráticos para postular delincuentes", respondió el oficialista Saúl Ortega.
