La industria parece ser el sector con mejor relación política con la actual administración. Las declaraciones de los dirigentes de la UIA han sido muy explícitas al respecto. La construcción, donde la inversión pública en infraestructura ha tenido un rol importante en el crecimiento del sector, también parece tener buena relación con el gobierno. El mismo sector financiero y las empresas privatizadas (inicialmente muy criticadas) ahora tienen mejor relación. En el caso de agro, la relación parece menos próxima, pero además el sector tiene muchas dificultades para unificar un discurso y una acción frente al gobierno, lo que hace más difícil su relación con el mismo.

Hoy el agro tiene menor capacidad de lobby o influencia política que los demás sectores empresarios. Ello no es nuevo y, como dijimos, entre otras causas tiene relación con la falta de unidad de acción. Cuando se analiza cómo funciona el sector en los países en los cuales tiene más influencia política, es claro que logra incidir sobre los votos, logrando que en determinadas regiones en las que el agro es relevante se vote a favor o en contra del gobierno de acuerdo a las políticas que aplica hacia el sector y esto no sucede en la Argentina, como lo confirmó la elección del año pasado.

Pese a la importancia del agro es difícil lograr una "bancada" ruralista al estilo de la que funciona en Brasil, donde el agro tiene un conjunto importante de legisladores que lo representan. Pero sí podría lograrse que aquellas provincias donde el agro es fundamental en el PBI asumieran la defensa de los intereses del sector. Creo que habría que pensar más en una regionalización de la acción política del agro, al estilo de lo que sucede en Francia y Estados Unidos con las regiones que dependen del agro.

El caso del 'Grupo Pampa Sur’ ha sido una experiencia interesante y positiva que ha conseguido instalar en algunos sectores por lo menos la "agenda" del agro, aunque no haya obtenido demasiados logros concretos. El tema es que persevere y se mantenga constante en la acción.

En lo que hace a las entidades, ante todo tienen que representar a los intereses del sector. En mi opinión, si se equivocan políticamente en una acción concreta no es relevante, siempre que hayan intentado defender estos intereses. La actitud que asumieron en temas como la negociación de la carne, fue en defensa de los intereses del sector. Los problemas recientes con el aumento del precio de la carne quizás muestran que finalmente no fue una actitud tan errada.

En lo que hace a la nueva ministra de Economía Felisa Miceli, su experiencia en el Banco Nación -que siempre ha tenido una relación importante con los productores en todo el país- es importante. Pienso que esta experiencia previa de Miceli le da mayor comprensión sobre los problemas concretos del agro y ello puede ser positivo para la relación del sector con la cartera económica.

Respecto al conflicto con la empresa estadounidense 'Monsanto’, debería instalarse en la agenda de la política exterior argentina. Pero el agro no logra una acción unificada al respecto y el gobierno no percibe que de este problema puedan surgir costos electorales. Por estas dos razones, no parece prioritario para el gobierno.

En este marco, la suspensión por 180 días de las exportaciones de carne confirma la falta de capacidad del agro para influir políticamente en función de los intereses del sector, que la administración Kirchner no tiene política de largo plazo para el mismo y que la coyuntura política sigue siendo la clave para las decisiones en este campo.