En el segundo mandato de Cristina Kirchner, la Argentina avanza en estas dos características hacia el modelo político del ALBA.

En Venezuela, Ecuador y Bolivia -donde la oposición es débil y desarticulada, y la concentración de poder en los presidentes muy fuerte- la crítica de los medios de comunicación adquiere mayor significación política porque las voces de la oposición, más allá de sus intenciones, no logran expresar una verdadera alternativa política.

Entonces, se desatan una serie de acciones que por lo general pasan por sancionar leyes de medios, aplicar multas y condenas penales, manejar la publicidad oficial con arbitrariedad y articular una estructura de medios públicos, en busca de acallar o neutralizar a los medios privados.

En cambio cuando en Brasil, Uruguay y Perú se planteó la necesidad de una ley que regule los medios, los presidentes Rousseff, Mujica y Humala, no acompañaron la iniciativa, que no prosperó.

La Argentina parece en cambio tomar el camino de los países del ALBA. Comenzando por lo político: quien logró el segundo lugar en las elecciones presidenciales del año pasado obtuvo el 17% de los votos, quedando a 38 puntos del oficialismo. El 45% que votó a la oposición lo hizo así con el fraccionamiento o división más grande que registra la historia electoral argentina.

El parlamento no ha sido el ámbito en el cual la oposición se ha unificado, sino todo lo contrario.

Sin oposición política importante por delante, los medios de comunicación pasan a ser la expresión de quienes no están de acuerdo con el Gobierno.

Es en este marco que iniciativas como la aplicación del artículo de desinversión de la ley de medios, la declaración de interés público nacional del papel para diarios, el uso arbitrario y discrecional de la publicidad oficial y la iniciativa de un código de ética periodística, pasan a formar parte de una ofensiva política destinada a desarticular y acallar las voces de quienes no concuerdan con el Gobierno.

Que los medios se hayan transformado en un campo de batalla de la política, hace que la discusión sobre este tipo de iniciativas no se desarrolle en función de su entidad técnica, sino que adquiere, ante todo, una dimensión política e ideológica que las sesga y distorsiona.

Sin una oposición articulada, la voz de los medios críticos al Gobierno adquiere mayor importancia política dado que, de silenciarse, se abre el camino a la hegemonía política.

Respecto al proyecto de establecer un código de ética para el periodismo, no parece equilibrado si tenemos en cuenta que una iniciativa similar para el sector público -que se aplicaría a los funcionarios- lleva más de una década sin implementarse.

La historia muestra que son mayores los males de equivocarse al avanzar sobre la libertad de prensa, que los perjuicios derivados por no regular, controlar o estatizar los medios.

Quizás haya una relación entre la batalla política del Gobierno con los medios y el objetivo de la reforma de la Constitución, que tiene como llave la elección legislativa del año próximo.

Es que sin crítica en los medios, el objetivo de ganar en forma contundente las elecciones resultará más fácil.