La presencia del narco en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, que no pueden ocultar ni en sus discursos el presidente Felipe Calderón y la procuradora general Marisela Morales, es algo más que infiltración.
En el caso de Los Zetas, es una toma por asalto de las
estructuras de mando, de las que disponen a su antojo los capos de ese cártel.
Así lo muestra un expediente judicial en el que se describe –con detalles,
nombres y montos de sobornos– cómo los mandos federales y locales de las
policías y el Ejército no sólo protegen a los narcos sino que trabajan para
ellos como escoltas, halcones, informantes, pagadores y hasta sicarios.
La
detención de cuatro integrantes de la organización criminal de Los Zetas puso
al descubierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo solapadas, por
elementos del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR),
la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal (PF), así como
por las policías estatales y municipales, tanto de Coahuila como de Nuevo León.
A cinco
años de iniciada la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ya acumuló
más de 50 mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de
seguridad federales no escaparon a la corrupción que el presidente atribuye
insistentemente a policías e instituciones locales.
De
acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada apenas
el pasado 8 de febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a
ciudadanos que denunciaban a criminales y desaparecían sus cuerpos, además de
ocultarle a la PGR cargamentos de droga.
La
indagatoria añade que lo mismo hacían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban
y enfrentaban a los adversarios de Los Zetas, colocaban puestos de vigilancia
donde éstos les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las
nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de manera
temporal a combatir al narco.
Por su
parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se
encargaban de consignar con cargos débiles a los miembros de Los Zetas, liberar
a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias,
incluidas las anónimas.
En el
caso de las corporaciones de Nuevo León, Los Zetas presenciaban el pago de la
narconómina a los policías estatales o municipales y tenían un enlace con el
gobierno estatal para mantener a salvo su estructura.
En Coahuila,
el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como
titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era recomendado
del secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.
La
corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior
Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era
conocida desde hace años por Felipe Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la
segunda quincena de febrero.
La
mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales
detuvieron al comandante ministerial Sergio Tobías Salas, Tobogán, y al policía
estatal Julio César Ruiz Esquivel, Chicho, quienes también se encargaron de
ejecutar y desaparecer personas. Horas después cayó la subdelegada de la PGR en
Saltillo, Claudia González López, quien fue llevada a la Ciudad de México. Los
tres, como Cícero, están acusados de colaborar con Los Zetas y el jueves 23 se
les dictó formal prisión.
El
jueves 16, la procuradora general Marisela Morales dijo: “Estamos dando un
combate frontal a toda la corrupción que se pueda dar en todos los niveles en
nuestra propia dependencia. Somos los primeros en poner el ejemplo y tenemos
(acciones) sin precedente en el combate que estamos dando contra los agentes
federales de investigación, contra los ministerios públicos, contra quien sea
en cualquier nivel (que sean corruptos)”.
Morales
adelantó que hay más implicados, pero aclaró que no pertenecen a su
corporación. Sin embargo, el mismo expediente que permitió la consignación de
los elementos ya mencionados también implica a otros integrantes de la PGR.
En
cuanto a la corrupción militar, el domingo 19, durante la conmemoración del Día
del Ejército, Calderón encomió a los soldados pero admitió: “Es cierto que se
han dado casos excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los
valores que ennoblecen al instituto armado, que con ello traicionan su uniforme
y la confianza en ellos depositada”.
Esos
“casos excepcionales” ocurrieron en dos de las entidades que registran mayor
violencia: Coahuila y Chihuahua, que conforman la XI Región Militar. Los casos
documentados hasta ahora son las desapariciones y ejecuciones presuntamente
ordenadas por el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición de
Ojinaga, así como la implicación en ejecuciones del 39 Batallón de Infantería,
de Nuevo Casas Grandes y, ahora, el caso del 69 Batallón de Infantería,
radicado en Saltillo.
Poder
corruptor
Las
declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de
2011 revelaron cómo el poder corruptor de Los Zetas escaló por toda la
estructura de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, hasta llegar al
general Juan Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado
Mayor en la zona y luego fue enviado a Guanajuato.
Así, el
miércoles 8 de febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012,
acumulando testimoniales y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011,
esta última integrada tras la detención, el 12 marzo de 2011, de Pedro Toga
Lara, El Guacho, y Gerardo Hernández Sánchez, El Gerry, identificados como
mandos de Los Zetas.
Los dos
son ahora testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la clave
confidencial Escorpión y a Hernández Sánchez la de Sagitario. En la
averiguación mencionada se identifica a otro testigo protegido como Sérpico, y
de las declaraciones de los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó
“información veraz y confiable, por haber sido de utilidad para la captura de
otros integrantes de Los Zetas”.
En su
declaración del 4 de mayo de 2011, Sagitario incriminó, con todo y sus
narcosueldos, a los tenientes Javier Rodríguez Aburto, Sócrates Humberto López
González y Julián Castilla Flores, que “ganaban” 50 mil pesos, y a Marcos
Augusto Pérez Cisneros, que sólo obtenía 30 mil porque “era muy flojo”.
Los
Zetas les pagaban 30 mil pesos a los subtenientes Alexis Ríos Cruz, Francisco
Javier Soto Núñez, Carlos Miguel Gallardo Ibarra, Édgar Sánchez Ruiz, Édgar
Valencia Cárdenas y Evencio Castillo Castro.
Al
sargento José Luis Cerecedo Cruz, al cabo Pedro Montes Vázquez y al soldado
Omar Alejandro Martínez Rivera les entregaban 20 mil. La función de Montes
consistía en operar las comunicaciones para transmitir las órdenes de Los
Zetas.
Otro
sargento, Sergio Treviño Ríos, conocido por Los Zetas con la clave Tauro, fue
quien presuntamente vinculó a todos los integrantes del 69 Batallón de
Infantería con la organización criminal y se encargaba de pagar la narconómina.
Los
soldados detenidos se acusaron mutuamente, con lo que salieron a flote varios
delitos, como el asesinato de un teniente de apellido Hoyos.
A la lista
de implicados se incorporaron así los tenientes Julio César Montiel Rumbo y
Jesús Alberto Córdoba Ríos, el subteniente Francisco Javier Beltrán Luna, los
sargentos Guillermo Flores Arrazate y Cecilio Ambros Antele, el cabo Salomé
Juárez Cuéllar, los soldados Eleaquín Rubio Bautista y otro de apellido
Vinalay. La lista sigue.
En el
caso del teniente Soto Núñez, al ser detenido se le aseguraron 300 mil pesos en
efectivo y armas que no eran de cargo. Según las declaraciones del sargento
Treviño Ríos asentadas en el expediente, Soto pertenecía al equipo de Montiel
Rumbo, comandante del batallón.
“Junto
con otros tenientes y tropa, de los cuales no sé el nombre, (Montiel Rumbo) se
encargaba de levantar y desaparecer a personas contrarias a la organización de
Los Zetas, ignorando lo que hacía con las personas levantadas, y estos jales
los hacía en Saltillo, Monclova y Torreón”, declaró Treviño.
Añadió:
“Tengo conocimiento de que el Rumbo y su gente, hace aproximadamente tres meses
(es decir, en enero de 2011), levantaron a tres personas que eran maestros o
ingenieros, gente con algún tipo de profesión, en la ciudad de Monclova, porque
le habían puesto el dedo a Los Zetas”.
El
martes 21, el diario Reforma publicó otras revelaciones de Treviño, asentadas
en la causa penal militar 279/2011, en las que afirma que el general Vallejo
Malibrán está relacionado con Los Zetas, que no daba parte a la PGR de droga
decomisada y portaba un radio de comunicación Kenwood que le entregaron los
narcos.
Respecto
al teniente Hoyos, quien fue asesinado, Treviño dijo que aseguró armas, dinero
y celulares, pero le reclamó al general Vallejo que reportara menos objetos y
montos a la PGR, por lo que el general ordenó matarlo.
Narcosueldazos
Las
declaraciones de Escorpión, Sagitario y Sérpico coincidieron con las de Luis
Jesús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia, detenido el pasado 11 de enero en los
límites de Coahuila y Nuevo León.
Ante el
Ministerio Público Sarabia narró su carrera delictiva, iniciada en 2005 como
encargado de las tienditas en Nuevo Laredo. Es compadre de Miguel Ángel Treviño
Morales, L-40, quien al contratarlo le asignó la clave L-44. A finales de 2007
se integró a “la operativa”, es decir, a la escolta de L-40 y de su hermano
Omar Treviño Morales ( L-42) mientras se escondían en las ciudades de Reynosa,
Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, cuando el Cártel del Golfo, aún unido con
Los Zetas, luchaba por el control de Nuevo Laredo contra el ahora preso Édgar
Valdez Villarreal, La Barbie, y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, asesinado en
Cuernavaca.
En 2007
Sarabia fue enviado a Piedras Negras con L-42 para fungir como “tranca” o
encargado de las comunicaciones de la organización en la ciudad. En 2008, L-40
lo convirtió en jefe de plaza de Monclova y, en 2009, Heriberto Lazcano lo
envió a Saltillo también como jefe de plaza, pero para entonces “ya formaba
parte de la polla”, es decir, invertía dinero y se le daba una ganancia de unos
100 mil dólares mensuales. Según el testigo, la clave L seguida de un número se
asigna a quienes responden al mando de Nuevo Laredo.
En su
declaración, Sarabia confirmó la corrupción en la PGR y la AFI. También Sérpico
asentó que en la AFI, en Coahuila, un comandante obtenía un narcosueldo de 100
mil pesos mensuales; un comandante segundo, 70 mil pesos; y los ministerios
públicos federales 30 mil. Además se les regalaban costosos vehículos.
Para
identificar a los miembros de la AFI, Los Zetas utilizaron la clave “tres
letras”. Además de tener bajo su control a los mandos y policías, pagaban a la
subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López.
Cuenta
Sarabia que un día El Gerry (el testigo Sagitario) llegó al bar Carlos’n
Charlie’s –que el primero utilizaba para sus reuniones– con la subdelegada, a
quien le daban 100 mil pesos mensuales, y las agentes del ministerio público
federal Blanca Isabel Dueñas Beltrán (con pagos de 25 mil pesos) y Gladis
Feliciana Leyva Quintero (50 mil). En total eran cinco agentes del ministerio
público y la subdelegada.
En
febrero de 2010 la subdelegada González López y la MP Leyva Quintero se
encontraron con Sarabia y El Gerry en la agencia Chevrolet de Saltillo para
comprarle un carro a la funcionaria de la PGR. Ella salió de ahí a bordo de una
pick up azul de doble cabina.
Los
vehículos que se obsequiaron a los AFI, y en ocasiones también la narconómina,
se entregaban en la parte posterior del edificio de la subdelegación de la PGR
en Saltillo, en la colonia Topochico.
Y contra
la afirmación de la procuradora general Marisela Morales de que no está
implicado más personal de la PGR, los testigos y el indiciado revelaron que
pagaban 50 mil pesos al agente de la AFI José Guadalupe Ballesteros Huescas, a
quien conocían desde 2009. Señalaron por lo mismo a David Corral Huerta y a
Enrique González Nava, este último responsable estatal de la AFI, radicado en
Torreón y quien recibía 600 mil pesos mensuales para repartirlos entre los
policías asignados a Coahuila. Según Sarabia, así los jefes de su grupo
delictivo andaban por el estado sin ser molestados.
Además,
los elementos de la PGR y la AFI debían liberar mercancías vehículos y armas
aseguradas en operativos, o bien consignar mal y quitarles cargos a los zetas
detenidos, informar sobre todas las denuncias formales o anónimas contra sus
miembros, y compartir la información enviada o solicitada por la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO) de la PGR.
En enero
de 2011 se les retuvo el pago debido a que las FFA detuvieron en Saltillo a El
Risas, que desde mayo de 2010 era el “cocinero” o encargado de calcinar cuerpos
para dejarlos inidentificables. El L-40 ordenó liberar a El Risas, quien junto
con Sarabia y otros zetas eran sus escoltas personales en los años de la guerra
contra los Beltrán Leyva por la plaza de Nuevo Laredo.
No fue posible
liberar a El Risas porque las FFA ya habían dado aviso al mando en la Ciudad de
México. La subdelegada González López tuvo que explicar personalmente lo
ocurrido y liberar el soborno retenido.
El
capitán Valbuena
Los
cuatro zetas detenidos coinciden en señalar como uno de sus operadores al
capitán Jorge Luis Valbuena Flores, mando de la PF en Coahuila y antes en Nuevo
León. De acuerdo con Sérpico, el capitán estaba a cargo de la PF en Nuevo León
cuando lo conoció y empezó a entregarle la nómina a través del Comandante Lino,
subalterno de Sérpico y abatido por el Ejército el 25 de enero de 2011 en
Monterrey.
Escorpión
afirma que conoció a Valbuena en 2008 y que en Nuevo León recogía también la
nómina para Coahuila, entidad a la que fue enviado en 2010 como mando de la PF.
El mismo
testigo señala que Valbuena llevó con Los Zetas al comandante Enrique González
Nava, de la AFI; Azulejo, el comandante de las FFA que llegaron a Saltillo en
enero de 2011, y al jefe de inteligencia regional. En esa reunión los mandos
zetas le entregaron 2 millones de pesos a Azulejo y acordaron el monto que les
darían a los oficiales durante su estancia en los dos estados.
Según
esta declaración integrada en el expediente, Valbuena facilitó la corrupción de
ministerios públicos locales en Arteaga, Coahuila, para liberar a delincuentes
detenidos, pero también encabezó acciones directas para Los Zetas. Incluso
señalan que Valbuena dirigió la búsqueda de Pepito Sarabia en Nuevo León, donde
escapó, haciéndose pasar por muerto, tras una balacera contra militares en
2010.
El
capitán de la PF recibió órdenes del grupo armado para colocar los filtros de
vigilancia de la PF en la entrada a Saltillo procedente de Monterrey, así como
en la caseta de la autopista 57 Saltillo-México y en las inmediaciones de la
carretera libre a Torreón, a la altura de General Cepeda, todo con el fin de
identificar a comandos rivales o sus cargamentos, y asegurarse el libre
tránsito.
Valbuena
proporcionaba información sobre operativos que se planeaban en la Ciudad de
México, de la PF y de otras corporaciones (“estaba muy bien conectado en el
Distrito Federal”). Según el testigo, el oficial daba indicaciones sobre los
vehículos, vuelos, horarios y cantidad de personas, así como del objetivo de
los operativos federales en la zona.
El
capitán también “resolvía los problemas que llegaba a tener la Compañía en las
carreteras. En esa ocasión, cuando le pagué, a principios de enero de 2011, 70
mil pesos para él, y para la tropa se le entregó más de 1 millón de pesos, ya
que toda la corporación se encuentra comprometida con Los Zetas”, señala
Escorpión.
Agrega
que a Valbuena se le entregaban entre 800 mil y 1 millón de pesos en sobres
rotulados con los nombres de los beneficiarios. El testigo Sagitario le
atribuye al capitán el robo de cinco camionetas blindadas en la carretera libre
Saltillo-Torreón, en abril de 2009, tras lo cual desapareció a los choferes y
le entregó los vehículos a quien identifica como el Comandante Chabelo.
La misma
fuente declaró que el capitán de la PF escoltaba cargamentos de droga, armas y
vehículos blindados hacia las ciudades de Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo
Laredo, así como tráileres con “cargas chinas”, nombre que dan Los Zetas a la
fayuca que tiene como destino el Distrito Federal.
Según
Sagitario, el capitán se encarga asimismo del transporte de la mercancía de
contrabando mediante la empresa Senda y del paso de la misma a San Luis Potosí
por un proveedor independiente. De igual forma, el mando federal ha participado
en la ordeña de ductos de Pemex, pues además de brindar protección a la
extracción de gasolinas en Hipólito, Coahuila, Valbuena tiene gasolineras en
Monterrey y le entregaba al ahora testigo protegido una pipa grande de tres
ejes al mes.
Los
Torres Charles
Por la
información de los testigos mencionados se conoció también que en Nuevo León
operaba El Cabrito, quien repartía la nómina a policías ministeriales,
estatales y municipales en presencia de representantes de Los Zetas. Uno de los
individuos que así recibía su soborno era el “Licenciado Muñoz”, enlace con el
gobierno estatal.
En
Coahuila el peón de Los Zetas era el teniente coronel retirado Manuel de Jesús
Cícero Salazar, Viejo Loco. Formaba parte del llamado Modelo Coahuila y a
mediados de 2008 fue designado titular de Seguridad Pública en Ramos Arizpe,
municipio conurbado de Saltillo.
El
Modelo Coahuila fue un programa coordinado por la periodista Isabel Arvide, que
consistía en la designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayores y
otros oficiales que sumaban casi 200, todos en retiro, a quienes se les
entregaron todas las jefaturas de seguridad pública municipales.
Arvide
lo describió así en Torreón, el 17 de febrero de 2010: “Todos los jefes
militares, dentro de este modelo, vienen comisionados, después de pasar pruebas
de confianza, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido
compañeros generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o
han coincidido con su mando en diversas comisiones”.
Las
policías estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron
de militares que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados,
armas de alto poder, viáticos, seguros y sobresueldos que nunca se
transparentaron. Su “jefe moral” era el entonces comandante de la región
militar general Mario Marco Antonio González Barrera, hoy inspector y contralor
general de la Sedena.
Arvide
terminó su relación laboral con el gobierno de Coahuila en mayo de 2010, tras
acusar al entonces fiscal del estado, Jesús Torres Charles, de estar coludido
con el hampa. Algunos de los militares que llevó a Coahuila reaparecieron
tiempo después en otras entidades, como Tamaulipas y Quintana Roo. Fue el caso
de Cícero, quien fue designado subsecretario de Seguridad Pública, pero dejó el
cargo tras un escándalo callejero en Cancún.
Cícero
se hizo notar en Coahuila a raíz de un tiroteo que, ahora se sabe, fue contra
la escolta del L-40. Los medios locales lo apodaban El Rambo y vivía en las
instalaciones de la Policía Municipal porque tenía amenazas de muerte. Sin
embargo, de las declaraciones de los testigos protegidos se desprende que
Pepito Sarabia le entregaba 500 mil pesos mensuales (200 mil de esos para otra
persona cuyo nombre no se menciona), además de regalarle una camioneta
Cherokee.
Otro
implicado era Emanuel Almaguer, comandante de la Policía Municipal de Saltillo,
quien pagaba la nómina y recibía apoyos para gastos de las patrullas. Fue
ejecutado el 5 de diciembre con su hijo de 12 años.
Los
testigos y Sarabia coincidieron en señalar a Humberto Torres Charles (hermano
del exfiscal general del estado), a quien apodan Glenda y que fue subprocurador
en los años noventa, bajo el mando del procurador Humberto Medina Ainsley,
padre del actual gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.
Humberto
Torres era director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy está
prófugo. Los declarantes sostienen que le entregaron sobornos altísimos (el
primero por 100 mil dólares) y le regalaron un automóvil BMW y un Mustang.
El lunes
20 la periodista Isabel Arvide dijo al periódico Vanguardia de Saltillo que la
corrupción del exfiscal Jesús Torres fue advertida personalmente por Felipe
Calderón a Humberto Moreira, quien lo ignoró y mantuvo al funcionario en el
cargo desde 2010.
Pese a
estos antecedentes y a las confesiones e imputaciones hechas por los detenidos,
que llevan casi un año en poder de la PGR, esta dependencia no ha integrado
ninguna indagatoria contra el exfiscal Torres Charles ni ha resuelto caso
alguno de desaparición forzada de personas, aunque el propio presidente Felipe
Calderón se comprometió desde mediados de 2011 a acelerar las investigaciones y
dar respuesta a las familias que exigen justicia.