Sin consultas públicas a las comunidades y minimizando los riesgos de una eventual erupción del Popocatépetl, el gobierno de Felipe Calderón, mediante la Comisión Federal de Electricidad, inició la construcción de dos termoeléctricas y un gasoducto en una zona altamente riesgosa.
Los contratos correspondientes fueron
asignados, como ha sido la tónica en el calderonismo cuando se trata del sector
energético, a tres trasnacionales españolas; dos de ellas usufructuarán una
concesión de 25 años para la conducción del gas. Mientras tanto, los comuneros
se aprestan a impedir la construcción del complejo, que se inscribe dentro del
Proyecto Integral Morelos.
En el
área de mayor peligrosidad del Popocatépetl, justo en la zona donde en caso de
una erupción podrían caer enormes rocas incandescentes a riesgo de bloquear las
rutas de evacuación de un centenar de comunidades aledañas al volcán, el
gobierno de Felipe Calderón decidió construir un gasoducto y dos
termoeléctricas.
Apenas
el pasado 20 de abril, en plena contingencia por la actividad del Popo,
Calderón presidió una reunión de evaluación en Cuautla, Morelos, en la que
recomendó tener todo listo.
“Yo
diría que esto (vivir cerca del volcán) es un poco como aquella figura bíblica
del Éxodo, de que hay que estar con las sandalias puestas y el bastón en la
mano”, dijo.
Con el
nombre de Proyecto Integral Morelos (PIM), a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) le llevó unos meses realizar todos los trámites, proyectar e
iniciar a toda prisa la construcción de dos termoeléctricas de ciclo combinado,
es decir, que generan energía mediante gas y vapor de agua. Luego, otorgó el
contrato a una trasnacional española.
El
complejo se pretende edificar en un predio de 50 hectáreas en el poblado de
Huexca, en Yecapixtla, Morelos. De acuerdo con el PIM, la primera etapa estaría
concluida y operando a mediados de 2013.
Como
parte del proyecto, la CFE planea asimismo construir un gasoducto que se
conectará con los ductos de Pemex que van de la refinería de San Martín
Texmelucan, Puebla, a Huexca. Esa tubería con diámetro de 30 pulgadas se
extendería a lo largo de 150 kilómetros y atravesaría unas 60 comunidades de
Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Las
características del proyecto están contenidas en una presentación de la
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la CFE, cuya copia tiene
Proceso. En el documento se indica que será necesaria una línea eléctrica de 20
kilómetros para conducir la energía producida a una subestación ubicada en
Yautepec Morelos. También se requerirá de un acueducto de 20 pulgadas de
diámetro y 20 kilómetros de longitud que iría de Cuautla a Huexca. En la
segunda etapa una línea de transmisión rodearía el área de Toluca y se
prolongaría hasta Querétaro.
La
construcción de las dos Centrales de Ciclo Combinado (CCC) fue adjudicada a la
compañía española Abengoa, con sede en Sevilla, que durante el sexenio de
Felipe Calderón ha obtenido jugosos contratos en el sector energético. El costo
de una de estas plantas podría ascender a 400 millones de dólares.
La
construcción del gasoducto le fue asignada a las también españolas Enagás y
Elecnor. Su costo será de 260 millones de dólares y estas empresas se
encargarán de la conducción del gas por un lapso de 25 años. El contrato es
altamente rentable. El pasado 27 de julio, cuando se afinaron las últimas
negociaciones, el simple anuncio de la asignación de la obra hizo que las
acciones de Elecnor subieran 1.26% y las de Enagás, 1.28%, según reportó
entonces la agencia española EFE de noticias.
Los
riesgos, la resistencia
A las
5:00 de la mañana del 15 de mayo último, un numeroso grupo de vecinos de Huexca
se reunió en su plaza principal. Un día antes habían tomado el acuerdo de que
frenarían la obra. Las mujeres fueron las primeras en caminar unos 800 metros
hasta llegar a un punto donde bloquearon el camino de acceso a su comunidad.
“Decidimos
que no íbamos a permitir que contaminaran nuestras tierras, que no nos iban a
imponer un proyecto que no queremos y que viene a joder al pueblo”, afirma
Mayra Castillo, una joven de la comunidad que se opone a la construcción de las
dos termoeléctricas.
En enero
pasado los habitantes de la localidad notaron la presencia de trabajadores en
el área donde se pretenden construir las termoeléctricas, a sólo 250 metros del
pueblo. Enviaron escritos al municipio y al gobierno estatal para que les
informaran de qué se trataba. Les respondieron con engaños.
“La
comunidad empezó a preguntar. Las autoridades nos dijeron que (los trabajos)
eran para una planta tratadora de agua, luego que para una hidroeléctrica. Pero
luego dijimos ¿cómo iba a ser una hidroeléctrica si no hay agua? Fue hasta
entonces que nos dijeron que iba a ser una termoeléctrica”, dice Miguel
Álvarez, ejidatario de Huexca.
Fue
hasta el 4 de mayo cuando los comuneros se reunieron con funcionarios de la
CFE. No hubo respuesta a los cuestionamientos. El 13 de mayo el gobierno
estatal y la paraestatal pusieron sobre la mesa 12 carpetas y les dieron dos
horas para leerlas. Cuando empezaron a cuestionar a los funcionarios, inesperadamente
hubo un apagón. Al regresar la electricidad, las carpetas habían desaparecido,
al igual que los funcionarios.
En el
Atlas Nacional de Riesgos que exhibe en su portal electrónico el Centro
Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) se localiza el Mapa de peligros
del volcán Popocatépetl. Este instrumento fue elaborado por investigadores del
Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y
como objetivo establece:
“Este
mapa fue diseñado para ser usado en foros académicos, así como por las
autoridades de Protección Civil y la población en general como un medio de
información en la eventualidad de una erupción del volcán Popocatépetl”.
Se
realizó a partir de la medición de depósitos dejados por erupciones volcánicas pasadas
que se clasificaron en tres áreas, trazadas con base en el alcance máximo de
flujos.
El Área
1 corresponde a la zona más próxima al volcán y es la que se ve afectada con
mayor frecuencia por las erupciones, independientemente de su magnitud. Entre
los peligros que se destacan para esa área está el de la lava y otros flujos de
arena o piedra volcánica que en su descenso pueden alcanzar entre 100 y 400
kilómetros por hora.
En lo
referente al Área 2, el mapa establece que en caso de una gran erupción hay un
riesgo similar al del Área 1. El perímetro establecido “podría ser afectado por
la caída moderada de arena volcánica y pómez, cuyo espesor puede variar desde
un milímetro o menos en erupciones pequeñas hasta un metro en erupciones muy
grandes”, establece el Cenapred.
El Área
3 es considerada la de menor peligrosidad en el caso de materiales expulsados
del volcán.
El
gasoducto y las termoeléctricas se ubican en las áreas 2 y 3.
El mayor
riesgo, aunque remoto, es que ocurra una erupción de grandes dimensiones que
provoque un derrumbe del volcán. El alud de fuego se desplazaría a una
velocidad de 100 kilómetros por hora destruyendo todo a su paso a través de 80
kilómetros.
“Una erupción
grande o un derrumbe gigante estaría acompañado de flujos de lodo o
inundaciones de gran alcance. Éstos viajarían distancias del orden de decenas
de kilómetros por las barrancas que descienden del Popocatépetl”, advierte el
Cenapred.
En ese
supuesto, toda la zona del gasoducto y la CCC se vería impactada, hasta los
municipios de Yecapixtla y Cuautla. En cualquier caso, alrededor de 100
comunidades ubicadas en el Área 1 deberían utilizar una ruta de evacuación que
pasaría por el gasoducto.
La
molestia de los inconformes contra el gobernador electo de Morelos, Graco
Ramírez, surgió cuando dijo que no hay riesgo y que en una erupción se
cerrarían las válvulas del gasoducto para evitar una explosión.
Ecocidio
La
noticia del bloqueo del 15 de mayo último realizado por mujeres en oposición al
PCI corrió por la misma ruta del gasoducto en las comunidades que se sienten en
riesgo. De pronto, grupos de ejidatarios en Nativitas, Tlaxcala y en la zona
cholulteca en Puebla empezaron a comunicarse, pues de manera aislada estaban
intentando resistir la imposición del PIM.
“Nos
enteramos del proyecto en la época de Fox, cuando empezaron a pasar por
nuestras tierras y frenamos las obras. Querían que el gasoducto pasara a 200
metros del pueblo y a 400 metros del pozo de agua potable; por eso no los
dejamos”, explica Raquel Sánchez, una ejidataria de San Vicente Xiloxochitla,
Tlaxcala.
A partir
del arranque de obras del proyecto, el pasado 15 de agosto, los ejidatarios de
San Vicente se han opuesto a su realización.
“Todos
están de acuerdo con el PIM: el alcalde, el gobierno estatal. El propio
alcalde, Javier Quirós Macías, intenta convencernos de que aceptemos porque nos
van a pagar 300 mil pesos por hectárea. Pero no estamos de acuerdo porque es el
patrimonio de nuestras familias”, dice la mujer.
El
citado día, personal de la CFE llegó a la comunidad con la intención de hacer
mediciones y trabajos, pero los comuneros salieron a su encuentro con palos y
machetes, sin que encontraran resistencia. Los empleados de la Comisión
prometieron que no iniciarán ningún trabajo hasta que la comunidad los
autorizara.
En 2004,
lugareños de Atlixco secuestraron a topógrafos y geólogos de la CFE hasta que
lograron frenar el proyecto. Todo parecía en calma hasta que hace unas semanas
el personal llegó de nuevo y les pidió a los comuneros que rentaran sus tierras
por 25 años; es decir, el tiempo que Elecnor y Enagás se encargarán de la
conducción de gas.
Aunque
el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) –que no consideró los riegos señalados
por el Cenapred– establece que se envió toda la información a los
ayuntamientos, éstos no transmitieron nada a las comunidades interesadas y
tampoco realizaron consultas públicas. No obstante, la inconformidad ha crecido
por motivos diferentes al riesgo volcánico.
Por
ejemplo, campesinos de los municipios de Plan de Ayala, Anenecuilco,
Yecapixtla, Ocuituco y Temoac, en Morelos, cuestionan la forma en que se
obtendrá el agua necesaria para la operación de las termoeléctricas. La mayoría
de las comunidades vive de plantíos de riego y de temporal.
Conforme
a los propios datos del MIA y del PIM, los campesinos descubrieron que las dos
plantas consumirían alrededor de 40 millones de litros de agua diarios. Cuautla
podría producir cinco millones de litros, por lo que el resto deberá extraerse
de pozos, lo que afectaría a todas las comunidades.
“No
somos ignorantes como (los de la CFE y los gobiernos locales) creen. Sabemos
leer, calcular y no nos van a ver la cara. Hemos buscado y sabemos que para
enfriar las turbinas usarían gas cloro, que es altamente peligroso”, advierte
Miguel Álvarez.
Por su
parte, el poblano Juan Carlos Flores indica que el gas cloro es volátil y
conduce el fuego. Con base en el MIA, una fuga de gas cloro tendría un máximo
catastrófico que llegaría a 14 kilómetros de distancia. Además, el sistema de
enfriamiento y el desecho del agua modificarían la temperatura ambiental, lo
que provocaría lluvia ácida y desmineralización de la tierra, en perjuicio de
los cultivos.
El
secretario de Fomento Económico de Morelos, Rafael Tamayo Flores, declaró el
pasado 1 de agosto a La Jornada que habrá gasoducto y termoeléctrica con
protestas o sin ellas. El proyecto fue solicitado por industriales, promovido
por el gobernador Marco Adame y autorizado por el presidente Felipe Calderón.
Con esa sola razón y su dicho de que no hay riesgo, el colaborador del
mandatario estatal minimizó la protesta y destacó que el proyecto atraerá
inversiones.
Se
estima que las termoeléctricas de Huexca generarán 700 empleos. En la localidad
viven alrededor de mil habitantes y la mayoría se dedica a labores del campo.
Según los inconformes, el PIM modificaría su forma de vida y causaría migración
y repoblación de su pueblo.
El
pasado 15 de agosto, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de
Montesinos dio la alarma. Treinta patrullas de granaderos estatales cercaron el
pueblo durante 11 horas. Dos días antes, helicópteros policiacos realizaron
sobrevuelos sobre la comunidad a baja altura.
“Sentí
mucho miedo. Como el primer día en que frenamos la construcción, pensé que aquí
estamos solos, que si algo pasa nadie se dará cuenta”, lamenta Luz María
Cornejo, campesina de la comunidad.
El temor
es fundado. En Tlaxcala, dos comuneros que se oponen a la construcción fueron
golpeados salvajemente. El mismo día del cerco policiaco en Huexca, policías de
Texoloc, Tlaxcala, les advirtieron a los ejidatarios de Nativitas que serían
retirados por la fuerza por órdenes del alcalde Martín González.
“Los
alcaldes de Nativitas y Texoloc son caciques rodeados de pistoleros, que
golpean y amenazan. Eso ocurre en Tlaxcala y en Morelos. Hay una tensión muy
fuerte. Todo es una bomba de tiempo, desde la intención de hacerlo, puede
provocar un estallido social si no es un estallido de lumbre”, asegura Juan
Carlos Flores.