Más allá del debate constitucional producido en Venezuela en las últimas semanas, lo importante a destacar es que la cuestión se zanjó no mediante una solución legal y democrática, incluso para los parámetros establecidos en el país, sino gracias a la eficacia de un mecanismo totalitario que poco a poco ha ido extendiéndose y hoy da muestras de controlar la situación: la división de poderes ha cedido el paso a la unificación de criterios: la cúpula de gobierno dicta una pauta que apoyan los legisladores y respaldan los jueces.

Para reafirmar sus criterios, quienes gobiernan se limitan a la vieja solución fascista de lanzar las turbas a las calles y a amenazar con una mayor represión. El temor –lo que es más, la amenaza del terror– es la fuerza que impulsa y ampara cualquier decreto.

Ante tal espectáculo, por conveniencia o miedo, la comunidad latinoamericana ha optado por el silencio. Tanto la izquierda más tradicional como la que adopta un lenguaje más moderado se han unido en un apoyo que no es más que una muestra del pecado original en que vuelven a caer sin recato: una vocación antidemocrática que se apoya en un antiimperialismo trasnochado y una reverencia enfermiza al patrón cubano. En última instancia, un “fidelismo” que no se practica pero tampoco se niega.A la hora de fijar reglas y objetivos, para dejar atrás la pobreza y el subdesarrollo profundizados por el neoliberalismo en las dos últimas décadas del siglo XX, estos líderes izquierdistas se han mostrado más preocupados por perpetuarse en el poder que por atender las urgencias económicas de sus países. Ese es el caso de la propia Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Argentina, por ejemplo. Pero incluso en naciones como Brasil, donde se mantiene el respeto a un verdadero proceso electoral y el afán de justicia social no está desvinculado del desarrollo nacional, ha sido más importante la subsistencia de un régimen que se apoya en la etiqueta de socialista que el intentar promover un rumbo democrático.

En todos estos casos, no ha imperado siquiera la discreción, sino todos han corrido a Caracas, para gritar junto a los supuestos seguidores de Chávez.

Tampoco ha faltado el mirar para otro lado, bajo la forma de una aparente neutralidad, por parte del gobierno estadounidense y una institución tan vetusta como la Organización de Estados Americanos, donde su secretario general, José Miguel Insulza, ha expresado que respeta la decisión de aplazar la toma de posesión de Chávez, y que aunque en sus inicios la situación era confusa y compleja, ahora ha quedado clara al presentarse una decisión apoyada por los tres poderes de la sociedad venezolana, como si estos no fueran solo uno: el poder del chavismo.

Caso cerrado para Insulza, aunque abierto para el pueblo venezolano. Con estos representantes regionales, poco hay que esperar.

Lo que hace que una democracia sea tal, no es el gobierno de las mayorías sino el respeto y la participación de las minorías. Si se limitara a las mayorías, Hitler, Mussolini y otros tantos sátrapas habrían sido demócratas por excelencia.Los fundadores de la democracia se preocuparon en dividir los poderes y dar representación y controles a la oposición, como garantías de buen funcionamiento del sistema.

Chávez ha ignorado las minorías y aplicado la dictadura del número, en la mejor tradición de líderes como Perón, Getulio Vargas o el propio Fidel Castro en sus comienzos. Su entorno ahora intenta aferrarse a igual criterio, con independencia de contar o no con la presencia del gobernante electo.

El autoritarismo democrático, un concepto que ha ganado adeptos en América Latina, que tradicionalmente se había movido entre la dicotomía de dictadura y democracia, corresponde a un mundo posterior a la guerra fría, donde los tradicionales totalitarismos de izquierda y derecha demostraron no sólo su crueldad sino también su ineficacia.

El concepto de autoritarismo democrático es un oxímoron similar al de conservadurismo compasivo. Pero tras él se encuentra una realidad: los votantes latinoamericanos están dispuestos a sacrificar algunas de sus libertades en favor de cierta estabilidad política, social y económica; preferir a un dictador sobre un líder electo democráticamente en las urnas si éste era capaz de brindarle beneficios económicos. Es un error del que luego se arrepienten los ciudadanos, pero que se repite con frecuencia. La reelección de Chávez fue parte de ese error, pero marcado por un límite, representado precisamente por la figura del mandatario. En el caso de que éste no sea capaz de gobernar, se ha abierto la posibilidad de rectificar ese error. Eso es lo que quieren impedir La Habana y los chavistas, con la participación de esa izquierda latinoamericana incapaz de renunciar al revanchismo.