Mientras que parece muy normal que se venda armamento de uso militar a cualquiera, en Florida el gobernador y la legislatura están empeñados en que se mantenga una ley por la cual un médico podría perder la licencia por el simple hecho de preguntar a un paciente si en su casa hay armas de fuego.

El gobernador Rick Scott firmó la ley en junio del 2011.

Un grupo de médicos y abogados presentaron una demanda contra ésta y lograron la victoria en un tribunal de Miami, donde un fallo judicial decretó que el marco legal violaba su derecho a la libertad de expresión.

El estado ha apelado la decisión.

Todo con tal de complacer a la NRA.

Lo peor es que el problema no se limita a algunos estados. Ambos aspirantes en las próximas elecciones presidenciales hacen todo lo posible para no disgustar a tan poderosa organización.

Hay sin embargo al menos algunos políticos que no asumen esta posición cobarde.
De acuerdo a una información aparecida en este periódico, tras el tiroteo en Colorado líderes demócratas en tres importantes estados del país, Illinois, Nueva York y California, impulsan propuestas que podrían restringir las ventas de armas de asalto y municiones.
Nada más normal que estas medidas se aprueben, pensaría un lector en cualquier lugar del mundo, quizás salvo Chechenia, algunas tribus africanas y diversos grupos de bandidos talibanes en Afganistán y Pakistán. Pero es en Estados Unidos donde corren mayor peligro de ser desestimadas.

En los últimos años, el debate sobre las armas de fuego no ha ganado muchos adeptos. Incluso en la anterior contienda, el presidente Barack Obama publicó una foto oportunista, donde aparecía vestido con ropa de camuflaje y portando un arma de cacería.

El problema es que en la actualidad la mayoría de los norteamericanos se oponen a una prohibición de las armas de fuego.

De acuerdo a una encuesta Gallup realizada en 1990, 78 por ciento de los entrevistados consideraban que las leyes relacionadas con la venta de armas de fuego deberían ser más estrictas. Sólo el 19 por ciento estaba a favor de una liberalización o de mantenerlas iguales. El pasado año, las cifras fueron muy diferentes. Un 43 por ciento dijo que las leyes deberían ser más rigurosas y el 55 por ciento opinó que deberían mantenerse iguales o flexibilizarse.

Ahora bien, el problema con los fusiles de asalto no se reduce a la tenencia de un arma. Se trata de armamento militar, que no debe estar al alcance de cualquiera. En la actualidad se puede adquirir con suma facilidad y de forma legal un AK-47 o un fusil semiautomático Smith & Wesson M&P-15, para citar apenas dos ejemplos, porque el surtido es amplio y en algunos casos el precio no supera al de una compra semanal de víveres para una familia de cuatro.

La cuestión clave aquí no es la Constitución, sino que en 1994 el Congreso aprobó una prohibición por diez años a las armas de asalto. En el 2004 la prohibición caducó, tanto con el beneplácito de los republicanos y el expresidente Bush como con la indiferencia de los demócratas.

Hace cuatro años, Obama llegó a la presidencia pese a la fuerte oposición de la NRA. Como senador por Illinois fue un férreo partidario del control de las armas. Como presidente, no ha hecho nada en igual sentido. No lo hizo cuando fueron asesinadas seis personas y herida la representante Gabrielle Giffords, en Tucson, Arizona. No parece que ahora haga algo tampoco, más allá de unas pocas palabras.

Durante la campaña para senador por Massachusetts, en 1994, Mitt Romney dijo: “Yo no me alineo con el NRA”. Una década más tarde, mientras era gobernador del mismo estado, firmó una ley que convertía en una medida permanente la prohibición de fusiles de asalto.

Siempre cambiante, este año Romney se ha dedicado a emitir declaraciones que lo colocan en sintonía con la NRA, pese a la reciente oleada de tiroteos que han dejado varias personas muertas en Estados Unidos. Recientemente volvió a repetir que impulsar leyes que restrinjan la posesión de armas de fuego no es la respuesta.

Por el momento, las armas seguirán reinando en las calles.