A los tradicionales cinco meses de transición de una presidencia mexicana a otra –frente al máximo de 10 días de Francia- hay que añadir este año la parálisis política que supone el recurso para invalidar las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio presentado ante el tribunal electoral por el derrotado candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, por la supuesta compra de cinco millones de votos por parte del PRI.

El tribunal tiene de plazo hasta el próximo 6 de septiembre para emitir un veredicto y hasta que no lo haga no habrá presidente legítimo ni se puede iniciar formalmente el traspaso de poderes entre el presidente saliente Felipe Calderón y el virtual ganador de las elecciones, Enrique Peña Nieto. También han quedado frenadas en seco las llamadas al consenso para aprobar unas reformas –fiscal, energética, laboral…- consideradas urgentes hace tan solo dos meses por buena parte de la clase política y la sociedad mexicanas.

Tras una gran campaña electoral que le aportó más de 15 millones de votos -1,1 millones más que en 2006-, aumentar su representación en el Congreso en un 40%, arrasar en el DF y conquistar los Gobiernos de los Estados de Morelos y Tabasco, la coalición que lidera López Obrador argumenta que las elecciones no fueron equitativas porque el PRI superó con creces el gasto legal de campaña que prescribe la Constitución y por tanto deben ser invalidadas, pero solo las presidenciales, solo las que perdió su candidato.

La denuncia de la compra de votos por el PRI ha motivado a lo largo de este mes estridentes rasgaduras de vestiduras en un país con más de un 40% de pobres y donde cualquier ciudadano tiene experiencia cotidiana de tolerancia hacia el fraude; una campaña de movilizaciones en la calle y en las redes sociales; un fuerte intercambio de golpes y de acusaciones entre los principales partidos y la acumulación de testimonios, facturas, documentos, audios y vídeos como pruebas del supuesto robo electoral que el tribunal deberá juzgar si son suficientes para desencadenar una crisis política que implique la convocatoria de nuevos comicios.

Apenas nadie cree que esto vaya a ocurrir, ni tan siquiera los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la formación que aportó las dos terceras partes del voto conseguido por el conglomerado de fuerzas que desde la socialdemocracia cosmopolita a las tribus de la izquierda radical se reunieron bajo el rótulo del Movimiento Progresista.

La izquierda mexicana tiene razones fundadas para sentirse históricamente frustrada, desde la matanza de estudiantes en 1968 hasta la célebre “caída del sistema” en las elecciones presidenciales de 1988 pasando porque el cambio democrático llegó por la derecha en el año 2000, por citar solo unos ejemplos. Pero tarde o temprano tendrá que decidir entre la calle y las instituciones.

Su recurso ante el tribunal electoral es perfectamente legítimo, pero de momento no solo ha parado el reloj político de México. Amenaza además con envenenar la atmósfera civil forzando una extrema polarización y con prolongar la desafección de buena parte de la opinión pública progresista de este país con la democracia mexicana por muchas que sean aún sus imperfecciones. Cada país tiene sus ritos y sus tiempos políticos pero la globalización ha acelerado el de todos y no espera a nadie. Mientras, México corre el riesgo de hundirse en un limbo.