La decisión del STF, coincidente con los alegatos de los representantes del gobierno, no debería sorprender, por cuanto se sabe que ese tema, en Brasil, “no se toca”. El propio Lula, que en alguna ocasión ha dicho que la  existencia del Partido de los Trabajadores, que él fundó y con el que llegó al gobierno, es la consecuencia de la industrialización que se logró durante la época militar,  sostiene que no se debe sancionar a los militares, ni investigar lo que hicieron, y sí “recuperar  la historia de aquellos que fueron perseguidos“. Lula insiste en que hay que hablar de “héroes” pero no de “víctimas“. Esto es, no hay ni hubo victimarios.

 Cuando, en oportunidad anterior, el tema fue planteado, los militares fueron claros con Lula, en el sentido de que se trata de una ley  que amnistió a unos y a otros y que permitió liberar a los “presos políticos” y retornar a los exiliados. El mensaje fue preciso, si la ley desaparece habrá que revisar y juzgar lo que hicieron –robos, secuestros, atentados– los ex guerrilleros y militantes contra la dictadura. Y si se llega a eso, advirtieron, hasta la propia candidata de Lula y el PT, Dilma  Rousseff, quien fue perseguida y llevada a prisión en esos tiempos, debería ser investigada.

La alternativa sería que se diera alguna forma de enroque y que tribunales y jueces de otros países juzguen a los militares brasileños. Algo así como lo que hizo el juez español Baltasar Garzón con Pinochet, o recientemente tribunales españoles con represores argentinos. ¿Quién se anima, entonces, a hincarle el diente al caso brasileño?.