La titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, y el encargado de asuntos de Venezuela, el comisionado Paulo Sergio Pinheiro, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA --comisión ésta dicho sea al paso que ustifica la existencia de ese organismo y disimula bastante la errática gestión de su reelecto secretario general--, acaban de enviar una comunicación al gobierno chavista a raíz de los últimos atropellos cometidos en ese país contra la libertad de expresión. Le manifiestan su preocupación por la prisión y multa (menú completo) dictadas contra el periodista Francisco Pérez, columnista del diario El Carabobeño, por denunciar la corrupción de un alcalde oficialista; la orden de prisión librado por la ``justicia'' contra el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, y su hijo --días después que Chávez reclamara públicamente que los pusieran presos-- y por los atentados con cocteles molotov contra la sede de la cadena Capriles por turbas alentadas por voceros y funcionarios del gobierno.

La comunicación es harto ilustrativa sobre el nivel del ``Estado de Derecho'' que rige en la Venezuela de Chávez. En ella se remarca ``la existencia de un marco jurídico inadecuado, la cada vez mayor intolerancia del Ejecutivo a las críticas y a la disidencia, y la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial'', lo que ``ha permitido que se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos y la protesta social pacífica, y perseguir penalmente a los críticos o disidentes políticos''.

El Comisionado y la Relatora insistieron en advertir sobre el ``el uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes'' y manifestaron su ``enorme preocupación (por) que se condene a un periodista por el delito de irrespeto a funcionario público, por la publicación de un artículo en el que se denuncia un posible hecho de corrupción; o que se pueda estar utilizando el derecho penal como vía indirecta para censurar a quien es propietario de uno de los únicos medios independientes del gobierno que aún subsisten en Venezuela. Estos hechos son una muestra más del preocupante consenso entre las autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en el sentido de que es legítimo silenciar a las personas críticas del gobierno a través del derecho penal'', afirman los expertos internacionales.

n fin, como he recomendado en alguna otra ocasión, convendría que se le enviaran copias de esta carta al secretario Insulza y al comité jurídico de la OEA para que cotejaran estas ``adecuaciones constitucionales'' bolivarianas con la Carta Democrática Interamericana. Incluso hacer estudios comparados con los modelos clásicos de democracia y estado de derecho, hoy en desuso y con los diferentes tipos de terrorismo de estado, dictaduras, tiranías y de violaciones de los derechos humanos, pues como parece, en esta nueva era neoprogresista y populista no son todas iguales ya que las hay buenas y las hay malas. Y lo mismo sucede con las torturas las que, por ejemplo, una cosa es si las practican las fuerzas armadas argentinas y otra si son las fuerzas armadas brasileñas o sin son las de Cuba o las chilenas. O si no que se lo pregunten a Lula: porque no es lo mismo el ilegitímamente electo presidente Porfirio Lobo, que el legítimamente electo presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. ¿ O no?