Este desvarío funcional pudo observarse hace un tiempo en Uruguay. En una sentencia que causó conmoción, un Tribunal de Apelaciones dictaminó que “el derecho fundamental a la salud”, previsto en la Constitución, obliga a las instituciones relacionadas con la salud a cumplir las “indicaciones médicas” que sean prescritas a los pacientes, sin considerar limitaciones económicas o patrimoniales.

En este caso, una persona con un seguro médico ofrecido por un hospital privado lo demandó, para obtener un medicamento extraordinariamente caro. El fallo argumenta que “existe una indicación médica que debe ser cumplida, pues, en caso contrario, se vulnera gravemente un derecho humano protegido por la Constitución de la República”. Y concluye que el derecho a la protección del goce de la vida y la salud, “son bienes de rango superior” que “no pueden ceder” frente a “consideraciones patrimoniales”.

Esta argumentación permite constatar cómo intenciones nobles pueden conducir a la tiranía, porque lo que caracteriza al despotismo es la arbitrariedad. Se considera que una orden es abusiva cuando se obliga a alguien, que no hizo ningún daño, a realizar algo en beneficio de terceros. La violencia de la medida se ve agravada por su irracionalidad, al exigirse que se realice determinada acción aunque esta conduzca a la ruina al ejecutor.

Los pensadores que han analizado este tema destacan las íntimas relaciones que existen entre racionalidad, ética y la Justicia bien entendida. Immanuel Kant plantea el modo en que podemos determinar si algo es bueno, desde el punto de vista moral. Expresa que para saber si cierto acto puede ser considerado moralmente bueno, debemos someterlo al siguiente imperativo categórico: "Actúa de tal modo que quieras que la máxima de tu acción, se convierta en ley universal.”

En función del imperativo categórico kantiano, la sentencia antes citada es moralmente mala, y en consecuencia, injusta. Porque si la convirtiéramos en ley universal nos volviéramos un país de esclavos, viviendo bajo la peor de las tiranías, como se ha visto visto cada vez que “justicieros” han impuesto “paraísos comunistas”.

Además, desligar a la “justicia” de consideraciones económicas demuestra, en el mejor de los casos, una preocupante ignorancia de asuntos humanos, porque desde la Antigüedad Clásica se conocen sus estrechas relaciones. Así lo demuestra el famoso dictamen de Ulpiano: “Justo es dar a cada quien lo suyo”. Según ese prestigioso jurisconsulto romano, la Justicia es la virtud fundamental que fomenta la armonía en las relaciones sociales.

Entonces, desde el punto de vista judicial, ¿en qué consiste la justicia? La labor de los jueces se considera justa cuando cumple dos requisitos: aplicar el Derecho de modo general y en forma imparcial y dar a cada quien lo que le pertenece.

La Justicia genuina se basa en el imperativo categórico kantiano. Por eso es tan grave que los jueces no respeten los derechos naturales —vida, libertad y propiedad—, algo que destruye la cooperación social voluntaria y pacífica, rasgo distintivo de una sociedad libre.