La Iniciativa Mérida, que con tantas expectativas se pactó en 2007, parece haberse convertido en una papa caliente. Aunque ya ha empezado a operar, está sufriendo un accidentado proceso en el debate legislativo de aquel país, al grado, incluso, de que ya se le recortaron 150 millones de los escasos mil 400 millones de dólares originalmente asignados.

Incluso, diríamos que esta iniciativa ya fue superada por la realidad que domina nuestra precaria seguridad bilateral, cuya numeralia es de susto: más de diez mil asesinatos ocurridos en México entre 2006 y 2008; más de dos mil armas de altísimo calibre y decenas de miles de municiones que entran diario a México por la frontera norte, para un total de 730 mil al año. Es de notarse que estas armas no sólo provienen del mercado negro sino de los más de 100 mil locales de EU que las venden legalmente en la línea fronteriza y de que entre 2007 y 2008 las autoridades mexicanas sólo incautaron 27 mil de un total de un millón 460 mil que se estima ingresaron a México.

Sólo al cártel del Golfo y Los Zetas se les han capturado las armas de mayor versatilidad, como cohetes antitanque de tipo M-72 y AT-4, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL calibre 37 mm, lanzagranadas calibres 37 y 40 mm, granadas de fragmentación, fusiles Barret calibre 50; un gran poder de fuego en efecto con el que cuentan los cárteles y que en números absolutos pareciera estar rebasando la capacidad estratégica y de fuego, principalmente del Ejército mexicano.

Si a todo esto se agrega que la Iniciativa Mérida postula la necesidad de que México mejore sus sistemas de seguridad pública y del cumplimento de la ley, y de que fortalezca y depure sus instituciones, estamos ante un reto titánico que, además, seguramente va a acabar resultando en un nuevo proceso de certificación sin que se le mencione por su nombre, que ya había sido dejado atrás y ante el cual el sistema mexicano probablemente no podrá responder.

En el medio de este complicado contexto asistimos a un bombardeo de declaraciones provenientes de EU y de México, tan complacientes como de doble cara. Por un lado, análisis de riesgo producidos por el establecimiento de seguridad de EU, aseguran en variadas formas y con una dudosa base metodológica (siendo la más reciente de la saga, la declaración de Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional de EU), que el mexicano es un Estado impedido para gobernar integralmente y que se encuentra al borde del colapso, todo lo cual tendería a reforzar el enfoque militarista en la lucha contra los cárteles.

Por el otro, el gobierno de México afirma, con un ímpetu que despierta ciertas sospechas, que la suya está siendo una muy exitosa lucha contra el crimen organizado, lo que ya está generando dudas progresivas. A todo esto, ahora rematamos con una nueva reyerta verbal, entre los dos gobiernos, que ha escalado antes de tener el esquema mínimo, teórico y práctico de cooperación resuelto (resulta que el secretario de Gobernación y el jefe del Ejecutivo tienen la piel muy sensible e insisten en contestar furiosamente a funcionarios estadunidenses de rango medio).

En pocas palabras, una absurda confrontación, justo al inicio de una nueva administración en Washington, con la que se debieran estar construyendo puentes diplomáticos más imaginativos y, dada la gravedad del asunto, con un retraso inexplicable en la designación del embajador en México. Al margen de si la solución a esta reyerta vaya a ser la de acordar conjuntamente que el problema está en gran medida en la demanda y no únicamente en la distribución, y de que eventualmente el enfoque sea el de concebir un posible esquema de legalización del consumo para contrarrestar y eliminar la apabullante fuerza de los cárteles, las respuestas están en otro lado.

EU y México debieran empezar a reconocer, antes de que sea tarde, que enfrentamos no un grave problema nacional o regional, sino uno verdaderamente transnacional, que no acepta caprichos. Si no se hace así, pronto y bien, lo único que se va a provocar es el sometimiento de la relación bilateral, pero principalmente al Estado y la sociedad mexicanos, que son quienes están poniendo el futuro democrático y la vida de sus conciudadanos de por medio, a un infortunio que no se merecen.

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