La señora Clinton declaró, sin ambages, que su país es corresponsable del problema: “Nuestra insaciable demanda de drogas ilegales”, dijo mientras viajaba a México, “es el motor del narcotráfico y nuestra incapacidad para impedir el contrabando de armas es la causa de la muerte de soldados, policías y civiles”. Fue, por fin, esta tardía confesión la que constituye la piedra angular para entender el problema en toda la magnitud de sus múltiples facetas.

Durante sus conversaciones con el presidente Calderón, con la secretaria de Relaciones Exteriores, el procurador general, y otros funcionarios, Hillary Clinton aludió a un aumento en el monto de la ayuda económica del Plan Mérida, recientemente recortado en 150 millones de dólares por el Senado estadunidense. Por lo pronto, Estados Unidos aportarán armas de guerra y tres helicópteros, además de otros pertrechos para que no siga siendo el caso de que las mafias estén mejor armadas que las fuerzas militares que las combaten.

El asunto, sin embargo, va más allá de querer remediar males sólo con dinero y milicias. Si no se va a la raíz del problema, éste aumentará. La legalización de las drogas “suaves”, como la mariguana, propuesta por los que creen que su consecuente abaratamiento en la calle quitará el incentivo comercial, sigue discutiéndose hasta en nuestra Cámara de Diputados. La idea fue recomendada recientemente por cuatro ex presidentes latinoamericanos. Pese a que, puesta en práctica hace varios años en países europeos como Dinamarca y Países Bajos, la medida no ha probado toda la eficacia que se esperaba para reducir el consumo.

Toda estrategia, sin embargo, cualquiera que sea su membrete, debe incluir un programa de disuasión al consumo, acoplado a otro de rehabilitación de los adictos. Estos esquemas, largos y costosos, algunos con el apoyo de las iglesias, se diseñan y operan con criterios de permanencia. Los que hasta ahora se han dirigido al vasto público consumidor estadunidense han comenzado a tener éxitos, aunque sólo marginales. Se requiere que ese gobierno dedique mayores recursos, especialmente en términos de especialistas y trabajadores sociales entregados a esta vocación.

La jefa en funciones de la Administración Federal Antidrogas (DEA), Michelle Leonhart, aceptó que la lucha antidrogas dentro de Estados Unidos ha sido un “fracaso”, ya que aún existe un considerable consumo en este país. La “solución perfecta” es atacar tan “agresivamente” como sea posible no sólo el abasto, sino el consumo. El gobierno de Obama, continuó diciendo, tiene interés en temas como el tratamiento y la rehabilitación de drogadictos. El vecino país trata de curar a más de 16 millones de fármacodependientes, sin embargo, este asunto queda más allá de la competencia de México. Sólo para darnos una idea del problema estadunidense, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Michigan, 84% de los estudiantes de último año de preparatoria aceptó obtener fácilmente mariguana, esto mismo lo señaló 50% para las anfetaminas, 47% para cocaína y 30% para heroína.

El avance en el terreno social es lento. Mientras tanto, crecen las multibillonarias fortunas de los traficantes, cuyas identidades, de cuando en cuando, nos hacen saber revistas como Forbes. Son ellos los que más ganan, además de que gran parte de sus ingresos provienen de los consumidores estadunidenses. Los esquilmados son el campesino que cultiva y el último cliente, que ocupan los dos extremos de la mortífera cadena. Las astronómicas ganancias se quedan con los que manejan y protegen los cárteles en ambos lados de la frontera.

La nueva era, anunciada por Hillary Clinton a nombre de su jefe Barack Obama, es de una cooperación y corresponsabilidad convencida y efectiva de Estados Unidos para la guerra que, por ahora, se escenifica en nuestro territorio y que es prioridad máxima para ambos países.

Hay un aspecto especialmente acuciante y, para nosotros, de urgente atención.

Como en cualquier negocio, el tráfico de drogas busca ampliar su clientela para asegurar e incrementar ganancias. La propia inercia de sus operaciones lleva a buscar nuevos “nichos” de mercado y, todo obstáculo para llegar a su clientela estadunidense presiona a los traficantes mexicanos a ampliar el mercado nacional donde, con una incalificable criminalidad, encuentran amplia perspectiva en nuestra inocente población escolar.

El programa Escuela Segura del gobierno federal comienza a atender este siniestro problema. Varios planteles educativos privados están implementando sus programas en combinación con los padres de familia para detectar la presencia de drogas en las mochilas y ropa de los alumnos y de los maestros. Hay que extender esta inaplazable acción.

El narcotráfico, como la Hidra, tiene mil cabezas. Clinton declaró que, en esto, como en otros temas, subimos o caemos juntos. No es retórica.

juliofelipefaesler@yahoo.com