El gobierno de Venezuela ha iniciado un proceso de modernización de su aparato militar. En este sentido, ha firmado un acuerdo por 120 millones de dólares con Rusia para la adquisición de 10 helicópteros (7 de transporte y 3 de ataque). Asimismo, está prevista la compra de 100 mil fusiles de asalto AK 104. Por su parte, se concretó la adquisición de 20 aviones de entrenamiento avanzado Super Tucano de la empresa EMBRAER de Brasil. Por último, se adquirirá por un valor cercano a los 1700 millones de dólares 12 aviones de transporte CASA 295, patrulleras navales y corbetas de fabricación española.

En el caso concreto de España, a la firma del nuevo contrato con Caracas le precedió la cancelación de la transferencia a Colombia de 40 tanques AMX-30 y aviones Mirage F-1 ofrecida por el ex gobierno de Aznar. Asimismo, Venezuela ha mostrado interés en adquirir en un futuro aviones de combate como el MIG-29 ruso. En este sentido, existen conversaciones también con Brasil para un eventual emprendimiento conjunto en la materia. Todo ello, en un contexto signado por ya casi dos años de elevados valores en el precio del petróleo (si bien en términos reales menores a los existentes durante las crisis energéticas de 1973 y 1979) y con Venezuela como proveedor del 15% del crudo que consumen los Estados Unidos y con varias miles estaciones de servicio de propiedad del Estado venezolano operando en territorio estadounidense.

La decisión de Caracas ha generado resquemores en diversos países del área, pero básicamente en los Estados Unidos y Colombia. Washington ha expresado su inquietud por el proceso de compra de armas y en especial por la decisión de actualizar todo el parque de fusiles de asalto con una nueva versión de fabricación rusa. Desde el Pentágono y el Departamento de Estado se plantea el eventual desvío de las decenas de miles de armas dadas de baja en el turbulento conflicto en Colombia y el Subsecretario de Defensa para el Hemisferio Americano, Roger Pardo Maurer, afirmó que se está asistiendo al fin de la política que hasta el momento venía desarrollando los Estados Unidos hacia Venezuela y que se aproxima la hora de una nueva estrategia hacia Caracas. Asimismo, agregó que el Presidente Hugo Chávez aprovecha la inestabilidad social y política en la región para impulsar sus intereses sobre otros países. La incorporación de material bélico más avanzado (aviones, barcos, etc.) por parte del gobierno de Chávez a Brasil, España y Rusia no despiertan el mismo resquemor dado que son considerados material adecuado para conflictos interestatales convencionales en donde Washington no tiene el riesgo de afrontar tácticas asimétricas ni pueden ser volcados fácilmente en ayuda de algunas de las partes enfrentadas en territorio colombiano.

El Comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, General Bantz J. Craddock, afirmó que si bien la posibilidad de guerras interestatales en América Latina son bajas, esa es la zona más violenta del mundo con una tasa de homicidios del 27,5 por 100 mil habitantes. Como potenciadora de esta situación que afecta la estabilidad política y económica, Craddock citó la pobreza, la corrupción y la iniquidad que caracteriza a la región. Visto todo ello como terreno fértil para lo que denominó "populismo radical". En cuanto a la corrupción, señaló que hace perder cerca del 10% del PBI cada año a los países del área. Por último, elogió el incremento del presupuesto de Defensa de Colombia del 3,5% al 5% y la decisión del Presidente Uribe de incrementar la presión fiscal para hacer frente a los costos de la guerra y la inseguridad.

En declaraciones formuladas a comienzos de abril del presente año, el Secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, afirmó que los problemas derivados de las actividades de bandas, narcotraficantes, traficantes de armas y secuestradores que se dan en todo el hemisferio y en parte sustancial del mundo, requieren de una activa colaboración y coordinación entre los países. Asimismo, sostuvo que Venezuela no es un actor constructivo en el conflicto que se vive en Colombia, pero también advirtió que no tenía evidencia de una ayuda directa de Caracas a grupos guerrilleros. Por último, calificó de ridículas las versiones sobre un ataque de Estados Unidos a ese país o a Chávez.

Por su parte, desde Venezuela se argumenta que todo ello es parte de un proceso de actualización y reposición normal del armamento de las FF.AA. y de seguridad y que tiene como principal objetivo luchar contra el creciente problema del narcotráfico y la violencia de los grupos armados que operan en la frontera con Colombia. Asimismo, deja trascender que el material bélico en cuestión vendría a compensar en parte las transferencias de armamento desde los Estados Unidos a Colombia dentro del Plan que lleva el nombre de ese país sudamericano (vigente entre el 2000 y el 2004) y el posterior y actualmente vigente Plan Patriota.

Aquellos que tienden a ver las Relaciones Internacionales sin colocar todo el énfasis en cuestiones ideológicas recuerdan que Bogotá y Caracas estuvieron a punto de ir a un conflicto armado en 1987 por su diferendo por la delimitación, aun no resuelta, de zonas marítimas ricas en petróleo.

Asimismo, el conflicto interno en Colombia parece distante de un fin. Luego de casi dos años de repliegue de las FARC, un reciente informe de uno de los principales centros de estudios sobre seguridad de Colombia, la Fundación Seguridad y Democracia, afirma que la actual estrategia de repliegue estratégico y ordenado de las FARC no busca el enfrentamiento directo sino el desgaste de las fuerzas estatales. Agrega, que las FARC buscan atacar las unidades móviles de las FF.AA. y de seguridad y no ya sus instalaciones fijas como en el pasado. Ello y otros factores generan un escenario en donde se han incrementado el número de enfrentamientos, pero los mismos son de menos intensidad y se producen menos bajas (durante el gobierno de Pastrana, en cada enfrentamiento eran abatidos 3 guerrilleros y 0,6 miembros de la fuerza pública frente a 1,2 y 0,3 respectivamente en la actualidad). Otras estadísticas confirman lo anterior. Mientras que el gobierno de Pastrana, según el documento, termina con una proporción de 12 guerrilleros muertos por un militar, en el primer año del gobierno de Uribe la relación bajó de 8 a 1; y en el segundo año Uribe la relación fue de 10 a 1. El documento, de seguir la tendencia registrada en los dos primeros años de la administración Uribe, al final de la presente administración se podría registrar un aumento de 71 por ciento en el número de bajas de militares en relación con los cuatro años del período Pastrana. A ello se ha sumado un conjunto de ataque a gran escala contra las fuerzas estatales tanto en el Sur como en el Norte del país, las cuales han provocado más de 100 bajas entre febrero y abril del presente año. Una mirada un poco más amplia en términos geográficos, pondría en evidencia que las adquisiciones de sistemas de armas distan de ser meramente una cuestión encapsulada en el extremo Norte de la zona andina.

En este sentido, en el Cono Sur Chile mantiene un presupuesto de Defensa cercano al 4,2% del PBI y un activo programa de adquisición de armamentos facilitado por los altos precios del cobre y la Ley Secreta que le asigna el 10% de lo producido por esas exportaciones a un fondo especial de las Fuerzas Armadas. Cabe tener en cuenta, que por segundo año consecutivo se registraron excedentes por 300 millones de dólares por sobre el piso asignado por la Ley del Cobre a las Fuerzas Armadas (unos 240 millones de dólares) para adquisiciones de material bélico. La fuerte alza del precio del cobre durante el 2004 fue determinante en este sentido. El Ministerio de Defensa de Chile aclaró que los fondos extra en cuestión han sido utilizados para pagar deudas de anteriores compras, destacándose el arribo para comienzos del 2006 de los primeros aviones de combate F-16CD (de un total de 10), de dos submarinos Scorpene de fabricación hispano-francesa así como la decisión tomada por el Ministerio de Defensa en el 2004 de avanzar en la compra de fragatas y destructores misilísticos a Holanda y Gran Bretaña (con un costo de 350 millones), un análisis sobre la posibilidad de aceptar una oferta de los Países Bajos para vender un lote de al menos 12 aviones de combate F-16 A/ B y un progresivo aumento del número de soldados voluntarios vis a vis conscriptos. Asimismo, el año pasado fuerzas militares de Chile llevaron a cabo un ejercicio en el Norte de ese país cuya hipótesis era el enfrentamiento simultáneo con dos países vecinos, uno de los cuales pretendía acceder al mar.

El costo final del contrato de compra de 10 aviones de combate F-16CD Block 50 de la empresa Lockheed a la Fuerza Aérea de Chile, ascendería a más que los 700 millones de dólares previstos originalmente y se acercaría a los 1300 millones de dólares. En ese sentido, particular influencia ha tenido la compra de sistemas tales como misiles aire-aire de mediano alcance. Frente a ello, la Fuerza Aérea de Chile está considerando no avanzar en una posible compra de aviones F-16CD adicionales y en lugar de ello proceder a mantener en servicio a los aviones Mirage 50 – Pantera (modernizados con tecnología israelí a fines de los años ´80 y comienzos de los ´90) y analizar la compra aviones F-16 de segunda mano proveniente de Holanda o Turquía.

Dentro del programa de mantenimiento de los Mirage 50, se está concretando la compra a Sudáfrica de 12 aviones Mirage/Cheetah (versión modificada por Sudáfrica con asistencia de Israel) para usarlos como piezas y repuestos. En lo que atañe al plano político de la Defensa, una de las primeras declaraciones del Ministro Ravinet al ser puesto en funciones como Ministro de Defensa en octubre del 2004 fue destacar la necesidad de reforzar los lazos de consulta entre los Ministerios de la región y en especial del Cono Sur "dado que las tensiones diplomáticas terminan en muchos casos en cuestiones relacionadas a la Defensa y la seguridad nacional".

En el caso de Brasil, su Ministro de Defensa y Vicepresidente, José Alencar, anunció recientemente la decisión de cancelar el programa de adquisición de 12 a 24 aviones de combate caza (competían el F-16E de los Estados Unidos, el Mig 29 ruso, el Gripen sueco-británico, el Mirage 2000-5 francés y el SU 35 ruso). Los argumentos del Ministro de Defensa Alencar fueron que no existe apuro y que en el mercado (en especial dentro de 3 a 4 años) aparecerán una nueva generación de aviones y tecnologías. Frente a esto, Brasil ha recibido ofertas de aviones F-16 de segunda mano de los Estados Unidos (si bien capacitados para disparar misiles aire-aire de mediano alcance), de Francia con Mirage 2000C de segunda mano y de Israel con aviones Kfir. Holanda y Bélgica también le han ofrecido vender aviones F-16 A y B (sin misiles, pero dotados con el sofware para poder hacerlo). Tal como indicáramos, también la Fuerza Aérea de Chile ha mostrado interés en esta oferta.

No obstante esta cancelación, la Fuerza Aérea de Brasil sigue adelante con el proceso de modernización con tecnología israelí de 46 aviones de combate F-5E de fabricación estadounidense. La última unidad sería acondicionada para el año 2010. El programa de actualización del poder aéreo se completará con 76 aviones turbohélice Super Tucano (que operarán el Amazonas dentro del sistema SIVAM) y 53 aviones de ataque a tierra tácticos AM-X.

Pese a esta decisión, el mismo Brasil da muestras de la voluntad de revigorizar sus capacidades en el sector de la Defensa y la seguridad. Al respecto, su Ministro de Defensa destacó en marzo del presente año la decisión de potenciar su presencia en el mercado internacional y regional de armamentos así como el nivel de desarrollo de su industria militar. Del actual nivel de exportaciones cercano a los 300 millones de dólares, se busca volver a niveles cercanos a los 1500 millones que se daban a fines de la década de los ´80. Para ello, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y las empresas privadas han diseñado recientemente un "Programa Nacional de la Industria Militar". El mismo implica incentivos fiscales, créditos a la exportación y proyectos de investigación entre universidades y el sector privado. En este contexto, en septiembre de 2004 el gobierno de Lula autorizó un aumento de 300 millones de dólares en el presupuesto de Defensa del año 2005.