A ello se suma la puesta en funcionamiento de parte sustancial del sistema de Vigilancia Amazónica SIVAM (compuesto por una sofisticada combinación de 19 radares, sensores terrestres, 8 aviones dotados de radar e inteligencia electrónica y satélites) destinados a controlar el espacio aéreo y terrestre de parte sustancial de la zona amazónica (y en especial la fronteriza con Colombia y Venezuela). La inversión de Brasil en este proyecto iniciado en 1994 junto a la empresa Raytheon de los Estados Unidos superó los 1400 millones de dólares. Durante el año 2003, el SIVAM detectó un total de 4128 vuelos ilegales. Todo ello, refleja una doctrina de Defensa que se orienta crecientemente al control de amazonas y la lucha contra actores no estatales como el narcotráfico, tráfico de armas y grupos armados extranjeros que se quieran infiltrar en el país.

Dentro de ese esquema, cabe entender la sanción de la "Ley de derribo" de aviones sospechados de realizar actividades ilegales, la reglamentación y el desarrollo de planes operaciones para enmarcar un creciente rol de las Fuerzas Armadas en tareas de respaldo a las fuerzas de seguridad en tareas de seguridad interior así como la decisión de reforzar fuertemente la presencia de fuerzas de seguridad (con respaldo de las FF.AA) en la zona de la Triple Frontera. En este sentido, ha decidido avanzar en un conjunto de medidas tendientes a reforzar la seguridad en la zona de la Triple Frontera, calificada por fuentes nacionales e internacionales como un espacio fuertemente ligado a tareas de contrabando, narcotráfico, piratería, robo de autos y financiamiento del terrorismo internacional. Entre estas medidas, se destaca la inauguración de una estación modelo de la Policía Federal en Foz do Iguacu, la creación de un moderno núcleo de la Policía Marítima y el patrullaje aéreo de las áreas consideradas críticas. Asimismo, se coordinará con los sistemas de seguridad electrónicos y humanos con que cuenta la represa de Itaipú.

No obstante el mayor énfasis en confrontar las "nuevas amenazas" o "amenazas no estatales", Brasilia ha buscado lograr un equilibrio con los roles más tradicionales y disuasivos por medio de la adquisición de un portaaviones de origen francés, incorporación de vehículos blindados alemanes y de los Estados Unidos y la continuidad del programa del submarino con propulsión nuclear, entre otros programas.

Con un presupuesto de Defensa cercano al 2,1% del PBI, el sector de la Defensa de Brasil está saliendo lentamente de un contexto signado por un gran desinterés social y político por el tema. La situación crítica en Colombia en particular y en la zona andino-amazónica en general influyen en esto. Asimismo, el crecimiento económico y un marco de mayor estabilidad económica complementan esta tendencia. No obstante, un punto no menor en la creciente consideración de la opinión pública es la percepción del rol de las Fuerzas Armadas como sostén logístico y operativo de las fuerzas de seguridad en una violencia interna que presenta índices, según la UNESCO-Naciones Unidas, de 50 mil muertes anuales, colocándose cuarta en el ranking mundial y solo superado (en la relación entre bajas y cantidad de habitantes) por Colombia, El Salvador y Rusia.

La exportación de material bélico brasileño a Venezuela puede ser entendida dentro de un delicado equilibrio que Brasilia quiere mantener entre su objetivo de liderazgo en la región y su constructiva relación con Caracas y la visión de ser considerado por Estados Unidos como un actor moderador de males mayores en la región. En este sentido, durante la reunión del Ministro de Defensa de Brasil, José Alencar, con su par norteamericano Donald Rumsfeld en abril del presente año, el funcionario brasileño enfatizó en la postura de Brasil de priorizar la no-ingerencia en los asuntos internos de Venezuela y se negó a dar una opinión sobre las recientes adquisiciones de material bélico por parte de Caracas. Por último, criticó el accionar de los grupos guerrilleros en Colombia pero no llegó a calificar como terrorista el accionar de los mismos.

Cabe recordar que la declaración final de la sexta conferencia de Ministros de Defensa del hemisferio que se llevó a cabo en Ecuador a fines del año pasado, terminó sin incluir alguna de las propuestas impulsadas por el Secretario de Defensa de los Estados Unidos. La brecha de visiones más grande se registró en el intercambio de opiniones entre el Secretario de Defensa norteamericano y el Vicepresidente y Ministro de Defensa de Brasil, José Alencar, con respecto a la posibilidad de organizar una fuerza militar hemisférica para actuar en Colombia, así como por la conveniencia o no de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.

La postura crítica de Brasil fue compartida en líneas generales por la Argentina y Chile. La delegación argentina expresó la necesidad de reforzar el respaldo político y diplomático a Colombia, sin que ello implique la intervención directa en operaciones militares. Asimismo, el Secretario Rumsfeld llamó a juntar fuerzas dentro de los países (por medio de una mayor cooperación interagencias) y entre los países para hacer frente a amenazas sin fronteras como "el terrorismo, el tráfico de drogas, los secuestros y las bandas criminales", argumentando que la interacción entre estos actores antisociales tienden a desestabilizar las sociedades americanas

En cuanto a Perú, el gobierno de Toledo ha firmado un acuerdo de cooperación con Rusia para avanzar en un proceso de modernización de material aéreo de las Fuerzas Armadas. Parte del programa será financiado con un crédito ruso de 200 millones de dólares. También se ha establecido un acuerdo con Francia tendiente a actualizar los aviones de combate Mirage 2000 adquiridos en la década de los ´80. Todo ello complementado por la decisión de adquirir fragatas provenientes de la Marina Italiana y la decisión política y diplomática de desconocer la demarcación marítima establecida con Chile a comienzos del siglo pasado. En octubre de 2004 la Cancillería de Lima afirmó que no descarta recurrir al Tribunal Internacional de Justicia para resolver el diferendo con Chile por la cuestión de la delimitación marítima.

El caso de la Argentina se constituye en una excepción a la tendencia antes descripta. Con un presupuesto de Defensa que a lo largo de las últimas dos décadas se ha derrumbado al 1,1% del PBI (con respecto al 3% de hace 20 años y el 2,5% promedio que existe a nivel mundial), el país se ha mantenido ajeno a importantes programas de reequipamiento. Como eventuales excepciones o un deseable cambio de tendencia, el Estado Nacional le ha asignado a la empresa argentina INVAP desarrollar 11 radares bidimensionales dentro del nuevo plan de radarización.

El costo estimado de los mismos sería de 54 millones de pesos. Asimismo, la misma empresa fabricaría 3 radares tridimensionales de uso militar dentro del mismo plan. Por último, se modernizarán los radares tridimensionales que actualmente tiene el servicio de la Fuerza Aérea. El costo total del plan alcanzaría a los 80 millones de dólares. Asimismo, la empresa Lockheed Martin invertirá 40 millones de dólares en su planta de Córdoba para fabricar un nuevo modelo del avión de entrenamiento AT-63 Pampa. El mismo es una versión mejorada del IA-63 Pampa y puede emplearse para entrenamiento avanzado de pilotos y misiones de apoyo de tropas en tierra.

A su vez, durante la reciente visita a la Argentina del Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, se le comunicó a Buenos Aires la decisión de Washington de levantar las restricciones que existían desde hace décadas en materia de intercambio de tecnología en materia de misiles aire-aire y tierra-aire. Asimismo, el Pentágono facilitaría la participación de empresas argentinas en ciertas licitaciones del sector de la Defensa en los Estados Unidos. La mayor solvencia de las arcas públicas y lo que podría ser visto como una cierta revalorización del sector de la Defensa Nacional por parte de la sociedad y su dirigencia, explicarían que las Fuerzas Armadas de la Argentina cuenten, como lo afirma Daniel Gallo en La Nación del 21/3/05, actualmente con el mayor presupuesto operativo de los último diez años. El presupuesto asignado por el presupuesto Nacional del año 2005 al sector Defensa, creció en un 7,9% con respecto al 2004 y representa el 6,51% del gasto federal. No obstante, ello solo debería ser visto como un primer paso en un regreso a estándares más compatibles con el promedio regional.

Este repaso sobre el panorama de la adquisición de armamentos en Sudamérica nos muestra un panorama que trasciende los casos de Colombia y Venezuela. Tanto sea por la subsistencia de "rivalidades duraderas" (Bolivia-Chile, Chile-Perú, Colombia-Venezuela, etc.), por crisis políticosociales que impulsar a algunos gobiernos a levantar banderas nacionalistas o por el creciente peso de actores delictivos transnacionales (con su consecuente impacto en la seguridad interior de los Estados y en sus cuestiones limítrofes con otros países), la cuestión de la Defensa y la seguridad vuelven a ocupar el centro de la escena.

Dependerá de la madurez de los decisores y sus sociedades, así como en una constructiva influencia de procesos de integración como el Mercosur (que deberá avanzar hacia agendas más políticas y de seguridad si quiere adaptarse al nuevo escenario) y una política constructiva y a largo plazo de los Estados Unidos, que esta multiplicidad de procesos no se desmadre agregando a las crisis antes mencionadas perturbaciones y conflictos adicionales. En otras palabras, una potencial combinación del lado oscuro de la denominada globalización y de la realpolitik del pasado.

Fabián C. Calle es Investigador Senior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Es miembro de la Carrera de Investigador del CONICET. Desarrolla actividad docente en la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Católica Argentina y el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Documentos / CADAL 6 de junio de 2005 www.cadal.org centro@cadal.org