La farmacéutica Pfizer aceptó este miércoles pagar la cifra récord de dos mil 300 millones de dólares para resolver, fuera de tribunales, un caso en su contra por la promoción ilegal de varios productos, informó el Departamento de Justicia.
Pfizer aceptó declararse culpable de violación grave a las leyes federales al promocionar engañosamente el antiinflamatorio Bextra para diferentes usos y dosis, pese a que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) había declinado aprobarlo por razones de seguridad.
El producto fue retirado del mercado en 2005. La firma pagará la multa de mil 195 millones de dólares, la más grande cifra por violaciones criminales que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos en cualquier caso de este tipo.
Pharmacia & Upjohn, subsidiaria de Pfizer, también pagará una multa de 105 millones de dólares para un total de mil 300 millones de dólares.
La compañía también aceptó pagar otros mil millones de dólares en multas civiles para resolver acusaciones de que promovió ilegalmente los productos Bextra; la droga antipsicótica Geodon; el antibiótico Zyvox y la droga antiepiléptica Lyrica.
Ese acuerdo civil también resuelve acusaciones de que Pfizer pagó a proveedores de la salud para que recetaran esos y otros medicamentos.
La secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, afirmó que "este acuerdo histórico reintegrará casi mil millones de dólares en Medicare (para ancianos), Medicaid (para familias pobres) y otros programas de seguro del gobierno, asegurando el futuro de los estadunidenses que dependen de esos programas".
Bajo el acuerdo, Pfizer también aceptó procedimientos y revisiones con la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud para evitar conductas similares. Informantes que colaboraron con la investigación recibirán 102 millones de dólares.
El acuerdo "es una muestra de los esfuerzos del Departamento de Justicia para proteger a los estadunidenses y recuperar fondos del tesoro federal y del público de los que buscan ganancias por medio del fraude", anotó el procurador general adjunto, Tom Perrelli.
Por su parte, el procurador general adjunto para la Oficina de Asuntos Civiles, Tony West, afirmó que "la conducta ilegal y el fraude de compañías farmacéuticas ponen en peligro la salud pública corrompen las decisiones médicas de los proveedores de la salud y cuestan miles de millones de dólares al gobierno".
