A partir de 1959 surge, con fuerza creciente, un proceso de progresiva demolición de todo el sistema que constituía el armazón de nuestra economía castiza. Uno de sus elementos era la desaparición del corporativismo y su sustitución por la economía de mercado.
Pero con la crisis económica iniciada en 2007, parece haberse alterado esta dirección. Sin ir más lejos, una y otra vez la política económica, para escapar de la difícil coyuntura, busca lo que se llama el acuerdo social, y se convoca a organizaciones empresariales y a sindicatos obreros para que decidan cuál debe ser la orientación de la política económica.
Hernando F. Calleja, en su artículo «2009, el año de la sindicalización de la economía española», publicado el 25 de diciembre en «El Economista», destacaba que «nunca desde la Transición (y resurrección) sindical, los sindicatos han adquirido una presencia tan notoria como gratuita en la vida pública y, lo que es más preocupante en el discurso político». Antaño ya se había visto de qué modo esa corporativización había sido causa de un freno notable a la actividad económica. Ahora va a suceder otro tanto, y además, en plena y gravísima crisis económica.
Porque una y otra vez -repárese en la bibliografía de la teoría de la competencia imperfecta, en parte precisamente iniciada por Stackelberg para indagar la viabilidad de la acción corporativista del partido nacionalsocialista alemán-, se comprueba, lo cierto de aquello que el gran economista Wilhelm Röpke estampó así en su libro «La crisis social de nuestro tiempo»: «Si una sociedad clandestina de anarquistas organizase un concurso para premiar la mejor solución al problema de cómo desintegrar el Estado del modo más seguro y poco alarmante, el primer premio se lo llevaría la siguiente respuesta: por medio del corporativismo genuino.....»
Y en el mundo socialista no debería dejarse nunca al lado un consejo de nada menos que del laborista Harold Laski en su libro «Los sindicatos en la nueva sociedad»: «Los sindicatos... no sólo tienen una misión defensora, sino también tienen una obligación de cooperar, por todos los medios a su alcance, en la realización de los fines que el Gobierno aspira a llevar adelante en sus planes».
Esto es, no es el Gobierno el que debe cooperar en los planes de los sindicatos, sino al contrario.
