Como todos saben, a lo largo de la primera mitad del gobierno de Calderón se intensificó la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narco y al crimen organizado, al tiempo que crecen las voces de que se trata de una estrategia fallida —con todo lo que ello implica para el desprestigio de las instituciones armadas—, y abundan quienes reclaman el regreso del Ejército a los cuarteles.

En sentido contrario a las voces anteriores —las que aseguran que la guerra contra el narco y las mafias criminales es una estrategia fallida, y los que piden que salgan los militares de las calles—, el presidente Calderón sostuvo que no habrá un repliegue militar —y menos en regiones como Chihuahua y Ciudad Juárez—, en tanto no se garantice la seguridad de las personas y sus bienes, ante el embate criminal.

En medio de la discusión —como ha ocurrido desde que en México el poder regresó a manos civiles—, las Fuerzas Armadas quedaron en medio, atrapadas entre la obediencia al jefe máximo, que es el presidente en turno —y al que deben lealtad absoluta—, y la posibilidad latente del uso ilegal, faccioso y hasta abusivo de las Fuerzas Armadas, por parte del poder civil.

Está claro que se justifica a plenitud que militares y marinos sean los responsables de combatir en la primera línea de fuego en la guerra contra el narco y los criminales organizados —a pesar de que su participación no sea legal—, pero también es cierto que esa batalla no puede ser eterna y menos puede ser sin limites. ¿Hasta cuándo y hasta dónde?

Por esa razón —porque una batalla sin regla s básicas acabará por debilitar las instituciones armadas—, es que militare y marinos han alzado la voz para reclamar que el Congreso intervenga y acelere la discusión y, en su caso, aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que duerme precisamente en el Congreso.

La voz del secretario de La Defensa se escuchó de nueva cuenta apenas los pasados días De la Lealtad y Del Ejército, en donde Guillermo Galván reclamó a los representantes de los Tres Poderes “certeza jurídica” para las Fuerzas Armadas, en su desempeño en la lucha contra el narco y el crimen organizado. Sin embargo, el nuevo llamado a la clase política fue interpretado por algunos como un intento castrense de entrometerse en decisiones políticas.

Lo cierto es que el malestar de militares y marino está lejos de un acto de insubordinación con pretensiones políticas. El asunto es de fondo, y tiene que ver con la preocupación de las Fuerza Armadas de ser parte de la reedición de los fantasmas de 1968 y la guerra sucia de los años 70. Y si bien las Fuerzas Armadas no son un poder institucional independiente, tampoco son “soldaditos de plomo”.

Y por eso los militares no están dispuestos —otra vez—, a ser usados por el poder civil en acciones al margen de la ley. Por esa misma razón reclaman reglamentar su participación en la lucha contra el narcotráfico y los criminales organizados. Por eso no sólo apoyan la Reforma a la Ley de Seguridad Nacional, sino piden su aprobación. ¿Pero que dice la reforma?

Proporciona el marco legal para la participación de las instituciones responsables de preservar la seguridad nacional. Para ello tipifica la “seguridad nacional” y uno de sus apartados fundamentales, “la seguridad interior”, la que establece los riesgos y amenazas que representan para su preservación flagelos como la delincuencia organizada, el narcotráfico, pandemias, desastres naturales.

La misma iniciativa establece el procedimiento para determinar cuándo y bajo qué hechos existe un riesgo para la seguridad interior —sea por narcotráfico, sea por crimen organizado, o sea por desastres naturales—, y marca el procedimiento para que con el aval del Ejecutivo federal y Legislativo —a través de las instancias previstas para ello—, puedan intervenir las Fuerzas Armadas; en qué territorios o estados, bajo qué premisas y durante cuánto tiempo. Se reglamenta la intervención militar en la seguridad interior, y se elimina la discrecionalidad de las decisiones presidenciales.

El de las Fuerzas Armadas es un grito desesperado que nadie quiere escuchar. Esperemos que no sea tarde.