El PRI ha ganado al PAN las elecciones de Aguascalientes y Tlaxcala, y ha conservado el poder, con amplitud inusitada, en el estado clave de Veracruz, y en tres de las entidades más violentas del país —Tamaulipas, Chihuahua y Durango— como si los votantes eximieran de responsabilidad en esa violencia a los gobiernos locales.

Las 14 elecciones estatales de ayer (12 de ellas de gobernadores) han sido todo menos unas elecciones a salvo de la interferencia de los gobiernos y el traslado ilegal de recursos públicos a los candidatos.

Han sido, entre otras cosas, un forcejeo de los gobiernos estatales del PRI con el gobierno federal por inclinar las elecciones a favor de sus candidatos.

No hay estado donde no se hayan escuchado quejas de un comportamiento parcial del gobierno federal. No hay tampoco estado donde no sea evidente la conducta parcial de los gobiernos locales, poniendo en las campañas de sus candidatos recursos y decisiones contrarios a la más elemental equidad política.

Que no haya más un solo partido en el poder equilibra el fondo de la batalla, pero el desvío de fondos públicos y el uso de las decisiones gubernamentales para favorecer a uno u otro candidato, son conductas que permanecen intactas.

Se dirá que al menos hay fuerzas y recursos empatados entre lo que acarrean los gobiernos estatales para sus candidatos y lo que acarrean para los suyos las decisiones de la federación y sus gobiernos aliados. Sí, salvo que es un empate que se da fuera de la ley y no construye confianza democrática, sino inconformidad o cinismo.

La falta de garantías induce y legitima la protesta, impide el hecho democrático por excelencia que es aceptar la propia derrota.

La protesta poselectoral añadirá al paisaje de un país sacudido por la violencia el de un país que ha perdido calidad en sus procesos democráticos.

Por eso creo que, independientemente de sus ganadores individuales, las elecciones de ayer pueden ser una derrota colectiva.