Su posición, razonable, pues las cárceles del mundo están llenas de narcomenudistas, sin otra consecuencia que acelerar su conversión en verdaderos criminales, va en el camino de empezar a mirar el tema del tráfico y el consumo de drogas con ojos menos punitivos que los que exige el consenso mundial en la materia, radicado por cierto en la ONU.

De la misma ONU, paradójicamente, empiezan a llegar cada día mayores argumentos para cambiar la mirada mundial hacia el fenómeno de las drogas.

Desde la firma de todos los países miembros de la ONU del acuerdo de persecución internacional de las drogas (1998), los países han empezado a aportar información sobre el fenómeno y la ONU ha empezado a tener información sistemática sobre él.

La evidencia numérica de la ONU revela que en la última década de persecución, ni el consumo ni el tráfico ilegal de drogas han disminuido, como es el propósito declarado del acuerdo mundial. Se han tenido, en cambio, serias “consecuencias no buscadas” (aumento exponencial de la violencia) en países de producción y paso de drogas, como Myanmar, Colombia o México. La política punitiva ha sido un fracaso.

Notable que Bramovay, conocedor sí de alguno de estos hechos, y proponente de un camino menos dogmático en la materia, haya tenido como adversario irreductible al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, del Partido de los Trabajadores, el mismo de Dilma y Lula, un partido del que se esperaría una postura más avanzada, justo como la de Bramovay, en materia de persecución y control de las drogas.

Cardozo sostuvo tajante que la posición del gobierno era combatir el tráfico de drogas en su totalidad y evitó que prosperara una ruta distinta, en la que Brasil podía haber sido también pionero: ir desmontando con sensatez y eficacia las aberraciones policiales y legales del consenso punitivo mundial, que veremos algún día como vemos hoy la prohibición del alcohol en el Estados Unidos de 1920: como una violenta extravagancia y como una estupidez.