Las autoridades de Nuevo León y Monterrey, con auxilio de las federales, emprendieron la persecución in continenti de los asesinos, investigaron, encontraron una huella digital y por ella el ovillo casi completo de los homicidas. A la cabeza de la persecución el gobernador y tras él todo su gobierno, con el gobierno federal atrás y al lado. En unas horas hicieron por la legalidad y la seguridad de Monterrey lo que habían hecho en meses. Detuvieron a los asesinos, explicaron el crimen, descubrieron creo que 16 antros de juego clandestino y hasta decomisaron más de mil maquinitas tragamonedas, de peligro criminal desconocido para mí pero razonablemente simbólicas del celo de un gobierno decidido a actuar de manera contundente contra las zonas negras y también contra las grises de su estado.

Si esta disposición de los gobiernos locales apoyados por la Federación se generalizara y durara en ejercicio unos meses, nuestra suerte cambiaría. Porque lo que han demostrado los gobernantes de ese estado es no que no podían, sino que no habían decidido poner orden en su territorio con todos los medios a su alcance.

El escándalo del casino Royale fue tan atroz y mayúsculo para ese gobierno, que lo puso en peligro de muerte política. Su reacción en defensa propia fue tan diligente y eficaz que el caso fue resuelto en un par de días.

Eso que pudieron hacer ahora, capturar a los criminales, es lo que no hicieron antes, durante la media docena de atentados contra lugares de apuestas que se habían acumulado en el año.

Si hubieran resuelto esos casos con la rapidez que resolvieron éste, los atentados de ese tipo probablemente habrían terminado en Monterrey, como habrían terminado en la República muchas otras espirales de homicidios, extorsiones y secuestros cuyo gran disparador ha sido la falta de castigo: la impunidad.

Si los gobiernos de México pusieran todos sus esfuerzos y recursos en castigar los crímenes que afrentan a los mexicanos, más que en perseguir los delitos que afrentan a la DEA, algo serio podría cambiar en la seguridad pública de México.

En todo caso, concluyamos esto: la primera lección de Monterrey es que agarraron a los criminales. La segunda es que los agarraron rápido. La tercera es que los agarraron rápido y todos lo supimos.

Ahora, por favor señores jueces y directores de prisiones: no los suelten ni los traten como mexicanos en readaptación social. Dejen caer sobre ellos y sus congéneres, sin atenuantes, todo el peso de la ley.