Es verdad que la exclusión del pueblo mapuche no es un resultado de las políticas de los gobiernos de esa coalición. Pero también es cierto que la Concertación no puede sumar a sus muchos logros el haber solucionado el problema de exclusión que afecta a un número desproporcionadamente alto de representantes de los pueblos originarios. Ya que la Concertación nunca pareció dimensionar adecuadamente el problema, ofreció soluciones insuficientes que tendían a reducir el problema a una cuestión de tierras.

Pero el uso de la ley antiterrorista contra activistas mapuches sí es un patrimonio de los gobiernos de la Concertación. En forma valiente, la presidenta del PPD, Carolina Tohá,  hizo un mea culpa, presumiblemente a nombre de su partido. Pero en tanto los ex presidentes que autorizaron -explícita o tácitamente- las políticas que aplicaron la ley antiterrorista no se pronuncien, las palabras de la ex diputada seguirán siendo insuficientes.

Los ex jefes de Estado concertacionistas han guardado un inaceptable silencio respecto a las responsabilidades que les cabe a sus gobiernos. Si la eventual formación de la mesa de diálogo supone reconocimientos de todos los sectores, el silencio de la más probable candidata presidencial de la Concertación en 2013 ha sido especialmente poco conducente a buscar soluciones a la crisis actual.

A mediados de la década del noventa, en una gira presidencial a Estados Unidos, al ser consultado si el conflicto indígena de Chiapas podía también aparecer en Chile, Eduardo Frei descartó que Chile tuviera ese tipo de problemas. En su primera gira presidencial a Europa, en mayo de 2006, Bachelet fue respetuosamente invitada por el escritor José Saramago a mirar a los mapuches. Pero la minimización del conflicto mapuche por parte de los gobiernos de la Concertación contribuyó a empeorar la crisis.

Porque su responsabilidad es evidente, la Concertación no saldrá inmune de esta crisis. Pero el Presidente Piñera fue electo para solucionar problemas que la Concertación no supo enfrentar.

El compartir los costos pudiera unir a la Alianza y a la Concertación en buscar una solución. Ya que la legitimidad futura de los dos principales líderes políticos, Piñera y Bachelet, está bajo amenaza, hay incentivos para colaborar. Un primer paso sería que la más probable candidata presidencial de la Concertación reemplace a los cuatro diputados en huelga de hambre como la voz de esa coalición en forjar un diálogo que permita una solución a la crisis actual.

Como el gobierno de la Alianza y la Concertación están en este barco, cuya estabilidad está amenazada por el conflicto mapuche, parece razonable esperar que los líderes de ambas coaliciones disciplinen a sus militantes y busquen una salida en conjunto. Los costos de no hacerlo son demasiado altos para toda la clase política.