Las razones son variadas, afectando los avances democráticos. América Central y el Caribe padecen el embate del crimen organizado, que aprovecha la vulnerabilidad de esa región para fortalecer su impunidad en el trasiego de drogas a mercados europeos y estadounidenses. La condición de países de tránsito genera desarticulación institucional, violencia, consumo interno, corrupción. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y las islas, libran una lucha que compromete magros presupuestos nacionales en esfuerzos estériles por controlar daños. Es factible apuntar que la inestabilidad de los 80 puede reaparecer, haciendo inviables los estados. Las evidencias son tangibles, ante la indiferencia de gobiernos y organizaciones regionales que deberían evitar un colapso que inevitablemente les afectará.
En el sur, los avances del crimen organizado se neutralizan con una operación mutuamente conveniente de actividad discreta del narco, y tolerancia disfrazada de los gobiernos. La amenaza proviene del autoritarismo abierto en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que han adoptado la antidemocracia como forma de hacer política. El atropello a los vecinos, así como la ruptura del orden constitucional, es la tónica prevaleciente. En el orden interno han introducido el temor social a través de las reglas no escritas de impunidad que ejerce el Estado, que puede violentar disposiciones legales alegando la preeminencia del interés público, determinado por decisión de la figura presidencial.
Las sucesivas reelecciones de Álvaro Uribe, apoyadas en el éxito de sus políticas de sometimiento del crimen organizado, sentaron sin embargo, un precedente nefasto en la región. La izquierda agrupada en Alba, aprovechó la coyuntura para adoptarla sin justificación alguna como modelo irremplazable. A través de referéndums y consultas populares sui géneris, han justificado su permanencia en el poder, debidamente sancionado con la coacción del Poder Judicial y dudosos procesos electorales. Chávez, Evo y Ortega se han perpetuado con la complacencia regional, abatiendo el nivel de vida de sus pueblos con la cobertura de una retórica superada que intentan actualizar, sin sustento ideológico consistente. La otra variante ha sido el legalismo de los Kirchner, que optaron por la alternancia de la pareja, a fin de dar continuidad a sus gestiones no menos autoritarias. La expectativa plausible sería su derrota en los próximos comicios presidenciales, que dependerá de concertaciones y alianzas de la oposición, a fin de vencer la maquinaria estatal.
Una debilidad de la pragmática política exterior brasileña, sin duda acertada en muchos aspectos, ha sido su tolerancia y capacidad de acomodo, nada distante del oportunismo en busca de liderazgo. En la región, su indiferencia a los atropellos chavistas y kirchnerianos ha sido determinante para que sus avances queden impunes. Después del espectacular decenio económico de Lula y el reciente proceso electoral, no es concebible que ignore los excesos de sus vecinos, salvo por una estrategia de abrir espacios con los detractores de Estados Unidos, utilizando esta inversión política en negociaciones bilaterales con estos. Falta saber si la nueva presidencia optará por enmendar esta criticable omisión.
El descuido regional puede subsanarse con mecanismos de consulta ágiles ya existentes. OEA está de regreso en el marasmo inmovilista. La acción resuelta de México, Brasil, Colombia y Chile podría ser la última esperanza para evitar el deterioro de la región.
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