Valga destacar que la teoría es disparatada por lo simplista de principio a fin. En efecto, toda producción se origina conjugando los llamados “factores de la producción” (recursos de la naturaleza, capital y trabajo), recayendo sobre el empresario la responsabilidad de reunirlos, combinarlos, administrarlos, innovar y arriesgar. La idea de plusvalía pretende, al contrario, que la cantidad de trabajo es la única causa del valor de cambio de las cosas, con lo cual, y si esto fuera así, una empanada de barro debiera costar en el mercado lo mismo que una de carne, por ejemplo. Pero todos sabemos que eso no es cierto, y se debe a que no sólo las horas de trabajo determinan el precio de un producto.

No obstante esto último, cabe reconocer que el concepto de plusvalía −en tanto apropiación de porciones del trabajo ajeno− es paradójicamente interesante para el análisis de la Argentina actual.

Si algo ha caracterizado a la gestión kirchnerista desde mayo de 2003 a la fecha, eso ha sido el paulatino y desmesurado crecimiento del Estado en desmedro de los derechos individuales de sus ciudadanos. Desde los parasitarios planes sociales (que expropian a los que trabajan en beneficio de quienes no lo hacen), pasando por las viandas y servicios de divertimento y ocio “para todos” (financiados con el dinero de quienes no los consumen), hasta los improductivos emprendimientos que el Estado encara cuando quiere jugar a ser empresario (cuyo déficit, como el de Aerolíneas Argentinas que pierde 2 millones de dólares diarios, lo pagamos entre todos), constituyen algunos ejemplos ilustrativos.

Así como Marx se preguntó de dónde provenían los ingresos del capitalista, resulta ahora interesante preguntarse de dónde provienen mayoritariamente los ingresos del “Estado de Bienestar”. En efecto, dado que en esta vida nada es gratis, la obesidad estatal debe financiar tanto su ineficiencia connatural como sus políticas de corte clientelista de alguna manera. O bien lo hace a través de un sistema tributario que conciba al ciudadano casi como un esclavo y lo despoje en altas proporciones del fruto de su trabajo, o bien emitiendo dinero espurio sin sustento en bienes y servicios que provoca inflación y disminuye el valor real del dinero de las personas, expropiándolas así indirectamente. En definitiva, lo cierto es que de una u otra forma, el Estado obeso se financia metiendo la mano en el bolsillo de la gente. Así de simple.

En la Argentina kirchnerista ambos mecanismos están puestos en marcha: según diferentes investigaciones privadas, la carga impositiva entre impuestos directos e indirectos (sin contar la inflación), va desde el 40% hasta el 60% de los ingresos anuales de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que de 365 días que tiene un año, los argentinos trabajamos entre 146 y 219 días −dependiendo el caso− no para nuestro propio provecho, sino por pura servidumbre. A ello deberíamos sumarle los efectos nocivos de una inflación que va, dependiendo la fuente, desde el 9.5% en hipótesis de mínima, hasta el 30% en hipótesis de máxima. Téngase en cuenta, por si hiciera falta aclararlo, que a quienes afecta en mayor medida la inflación no son a las clases pudientes sino a los sectores de menores ingresos.

A la luz de estos datos de la realidad, es difícil no recordar la plusvalía de Marx y preguntarse en esos mismos términos, aunque invirtiendo su idea: ¿no estamos asistiendo no a la cacareada “explotación del hombre por el hombre”, sino a la explotación del hombre por el Estado?

(*) Agustín Laje tiene 23 años y es autor del libro “Los mitos setentistas”.
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@agustinlaje